Gobierno se opone a ley que impide a jueces ocupar cargos en el Poder Ejecutivo
Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo (Archivo CRH)
El Gobierno está en contra de aprobar una ley que prohíbe que jueces de la República en funciones, asuman cargos de dirección, de presidencias ejecutivas o como ministros en el Poder Ejecutivo.
El proyecto (expediente 23.150) fue propuesto por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Geison Valverde.
La iniciativa estaba en la agenda de proyectos para verse este miércoles, pero la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, manifestó dudas por lo que no se sometió a votación.
"Estamos totalmente en contra. Por qué un juez que tiene experiencia y que puede seguir aportándole al país, por qué no lo puede hacer desde el Ejecutivo", señaló Cisneros.
La oficialista incluso mencionó el caso del actual director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Fernando Ramírez, que según dijo se vería afectado.
El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Alejandro Pacheco, también reconoció dudas sobre la iniciativa.
Admitió que en un principio lo estaban respaldando, pero hay dudas de algunos diputados de su fracción.
"No estamos seguros de la constitucionalidad y limitarle a 8000 funcionarios judiciales que puedan participar en un gobierno de la República. Si una persona es buena, por qué le vamos a limitar que asuma una cartera", comentó.
Pacheco dijo que lo analizarán con más detalle el próximo lunes en la reunión de fracción.
La subjefa de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) Johana Obando, también reconoció dudas constitucionales sobre el proyecto.
"Nosotros creemos en el espíritu del proyecto, para que la división de poderes se mantenga y no haya un tráfico de influencias, pero sí creemos que se pueda caer en la Sala Constitucional", explicó.
Dijo que están de acuerdo en revisar el proyecto para buscar una solución a esta preocupación.
Insistirán en votarlo
El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, recordó que la ley no es retroactiva, por lo que no afectaría, por ejemplo, en el caso del director del ICD.
"El proyecto no pretende eso, sino como toda ley que no puede ser retroactiva, es que las personas que tienen carrera judicial, no pueden estar pasando a la parte política. En ese sentido, me parece, es un proyecto sano", comentó.
Agregó que ellos no pueden hacer un proyecto de ley pensando en una persona en específico.
"Si le ayuda o no a una persona, me parece, no es la forma más correcta de impulsar en un proyecto de ley", enfatizó Izquierdo.
El PLN seguirá impulsando para que el proyecto se someta a votación.