Gobierno recortará recursos e impedirá compra de patrullas
Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
El Gobierno recortará al Ministerio de Seguridad ¢5.040 millones destinados a la compra de patrullas y motocicletas, una reducción del 84,21% del presupuesto autorizado a agosto, según el Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026 presentado ante la Asamblea Legislativa.
El ajuste impedirá realizar nuevas compras de patrullas durante lo que resta del año. En total, el proyecto plantea una reducción de ¢12.922,5 millones al sector Seguridad.
Esta disminución se daría pese a que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, reconoció en julio, el deterioro y la falta de vehículos oficiales que dificultan las labores de patrullaje en las comunidades, una situación heredada de la administración de Rodrigo Chaves de la cual el jerarca fue parte del gabinete como titular de Justicia.
Seguridad Pública mantiene alrededor de 1.500 unidades fuera de servicio y gran parte de las 2.000 que permanecen operativas también presentan problemas mecánicos.
"Sí, es cierto (el problema). Estamos trabajando en eso…", afirmó Campos a este medio.
Diputados cuestionan falta de recursos para patrullas
El Gobierno justificó el recorte debido a que el procedimiento de contratación de patrullas se declaró infructuoso y el de motocicletas no podrá ejecutarse dentro del plazo presupuestario. Esta versión la criticó la diputada del PLN, Ángela Aguilar.
"Que se renuncie a la compra de patrullas es un lujo que el país no puede darse. La burocracia y la ineficiencia están dejando a nuestras fuerzas policiales sin el equipo mínimo para proteger a la ciudadanía", afirmó Aguilar.
A estas críticas se sumó la diputada del PUSC, Abril Gordienko, quien afirmó que pareciera que el Gobierno quiere "servir el país en bandeja de plata a la delincuencia".
Gordienko denunció que los recortes al Ministerio de Seguridad se concentran especialmente en inversión y equipamiento, como vehículos, equipos de comunicación y recursos para incorporar nuevos efectivos.
En el caso del Poder Judicial, señaló que las reducciones, a su criterio, afectaría la capacidad para investigar delitos, resolver casos y llevar a los responsables ante la justicia.
"Entonces, ¿cómo pretende el Gobierno enfrentar la inseguridad si recorta precisamente las herramientas que necesitan nuestros policías, investigadores y fiscales para hacerlo?", cuestionó Gordienko.
Por su parte, Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio, afirmó que la Administración de Laura Fernández pretende dejar a quienes combaten el crimen "con las manos vacías".
Según Trejos, los recortes dificultarán garantizar una justicia pronta y cumplida a las familias víctimas del crimen organizado. Además, sostuvo que "las prioridades del chavismo quedan claras", al señalar reducciones en sectores sociales y ahora en Seguridad y el Poder Judicial.
Recortes al Poder Judicial y Seguridad
En total, el Gobierno propone una reducción neta de ¢167.968 millones al Presupuesto Nacional de 2026, como parte del segundo ejercicio presupuestario extraordinarios, que discutirá la Comisión de Hacendarios con mayoría oficialista.
El Poder Judicial tendría una reducción de ¢13.105 millones. De ese monto, ¢5.020 millones corresponden al OIJ y ¢4.680 millones al Ministerio Público.
Dentro de recorte de ¢12.922,5 millones a Seguridad, la cifra se consta de:
- ¢7.546,5 millones por medidas de contención del gasto.
- ¢4.991,2 millones por traslados presupuestarios.
- ¢384,8 millones correspondientes al contenido económico de 172 plazas que permanecieron vacantes durante el primer semestre.
A esta situación se suma que la presidenta Laura Fernández ordenó a Hacienda recortar ¢11.000 millones al Poder Judicial, una reducción equivalente, según afirmó, al 2% de su presupuesto para este año.