Gobierno pide concluir reforma de Japdeva, pero no hay plan firme para aumentar ingresos
Déficit institucional a setiembre de 2022 era de ₡7.665 millones
(CRHoy.com).-La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) enfrenta apuros para generar nuevos ingresos e intentar sanear sus finanzas. No obstante, el gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026)
Así lo reconoció Sussy Wing Ching, presidenta ejecutiva de la entidad, ante la comisión legislativa de la provincia de Limón.
En octubre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la reestructuración por ₡17 mil millones para modernizarse ante la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de la holandesa APM Terminals.
Pese a ello, a mediados de setiembre de 2021, la entidad pidió un presupuesto extraordinario de ₡6 mil millones para cumplir con compromisos de gasto corriente y de continuidad de la reestructuración.
Si bien la pandemia por el coronavirus COVID-19 figuró entre los obstáculos para concretar los planes de reforma, la institución apuntó al embargo judicial promovido por el Sindicato de Japdeva (Sintrajap) como el principal factor para dificultar el proceso. Esta situación congeló ₡5.300 millones en cuentas bancarias institucionales durante casi 1 año y obligó a frenar la reducción de la planilla en virtud de la ausencia de recursos.
En medio del embargo, la junta tuvo que echar mano a una de las cartas que le permitía la ley de reestructuración. Gestionó el traslado del tope de los ₡10 mil millones de superávits de otras instituciones para atender la reforma interna: recibieron ₡3.500 millones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y ₡6.500 millones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Ahora, esos recursos se deben a esas instituciones estatales y ya, en pocos días, se deben iniciar algunos pagos.
"Este año tenemos que pagarle al Inder. La cuota inicial es en diciembre. Son ₡488 millones sin intereses. Eso lo tenemos reservado. Los otros préstamos se empiezan a activar hasta en 2 años", comentó la presidenta ejecutiva.
Ante los legisladores, Wing detalló que requieren completar la reducción de la planilla institucional a, por lo menos, 273 funcionarios (actualmente son 353, con 166 plazas vacantes adicionales) para reducir gastos e intentar enfocarse en generar nuevos ingresos. En octubre de 2019, cuando inició la reestructuración, existían más de 1.400 empleados.
Datos aportados por Edith Arias Quesada, directora de Japdeva, apuntan a que a setiembre de 2022 el déficit institucional (sin contar con los recursos del canon recibidos por la operación de APM Terminals) era de ₡7.665 millones. En 2019, esa cifra negativa fue de ₡32 mil millones y en 2021 de -₡12 mil millones.
¿Cómo generar ingresos? "El puerto se puede transformar, en los terrenos de Japdeva tener almacenes fiscales, cobrar por eso, cobrar concesiones, se pueden tener muelles graneleros. Hay un montón de negocios", insistió Arias.
Por su parte, Wing explicó que, para lograr un equilibrio financiero, con la cantidad de empleados óptima, urgen incrementar los ingresos por actividad portuaria de 10 mil millones a los 25 mil millones. Sin embargo, advirtió de un deterioro de las instalaciones, lo cual impediría ampliar la capacidad de servicio.
"Los puertos no han recibido mantenimiento. Literalmente, se están cayendo", ejemplificó. Es más, tras la colisión del 20 de octubre sufrida por la grúa Luisa, se está trabajando solo con la grúa Glenda. Y, para colmo de males, el pasado 18 de noviembre se dañó un remolcador y solo se cuenta con uno de estos equipos en capacidad plena para funcionar.
Entre las múltiples alternativas sobre la mesa, está la posibilidad de vender varias de las 132 mil hectáreas de terrenos que posee la junta en la provincia de Limón para propiciar desarrollos turísticos. De estas, 19 mil hectáreas podrían ser explotables. Actualmente, se están efectuando los estudios para confirmar la situación legal de esas propiedades.
Asimismo, se cuenta con $63 millones del cánon recibido de APM Terminals, los cuales por ley deben ser utilizados en proyectos de desarrollo socioeconómico en toda la provincia.