Gobierno limita discusión de agenda de seguridad en el Congreso
El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves frenó el avance de la agenda de seguridad que promueven la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Actualmente, solo hay cinco proyectos de ley sobre seguridad convocados.
El Congreso está en las sesiones extraordinarias y, durante estos meses, los diputados solo pueden discutir y votar los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo convoque. Sin embargo, el Gobierno incluyó únicamente tres proyectos que están próximos a ser votados en el plenario. Uno busca penalizar con sanciones de cárcel de hasta 40 años el sicariato, y el otro plantea permitir que entidades públicas y privadas realicen donaciones al Ministerio de Seguridad.
Los otros dos proyectos son iniciativas recientes que aún no cuentan con dictámenes ni textos sustitutivos, y se encuentran en etapas iniciales de trámite legislativo. Mientras tanto Chaves vetó el plan para ampliar el horario de allanamientos y amenaza con no firmar otras iniciativas de seguridad.
Proyectos convocados
Penas severas para sicariato (Expediente 24.047): El plan, presentado por la bancada de Nueva República (PNR), plantea castigos de entre 25 y 40 años de prisión para quienes cometan sicariato o financien estas acciones.
La iniciativa también contempla sanciones de 5 a 7 años para quienes ofrezcan o publiciten servicios de sicariato.
En abril la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó favorablemente el proyecto y está listo para ser discutido en plenario. La iniciativa responde a que el 70% de los homicidios en el país están relacionados con este delito.
Donaciones para cuerpos policiales (Expediente 24.081): Este proyecto únicamente tiene pendiente el segundo debate en el plenario. El plan autoriza a entidades públicas y privadas a donar bienes y servicios al Ministerio de Seguridad Pública y policías municipales.
La ley prohíbe donaciones condicionadas o provenientes de fuentes vinculadas al narcotráfico o actividades ilícitas. Además, no se aceptaría donaciones que comprometan la seguridad institucional. El objetivo de la iniciativa es fortalecer el equipamiento y recursos de las fuerzas de seguridad, que se han visto afectadas por limitaciones presupuestarias.
Sancionar de cárcel a quienes dañen escáneres antidrogas (Expediente 24.379): El proyecto de ley que impone penas de entre uno y cuatro años de cárcel a quienes dañen escáneres u otro tipo de equipo electrónico utilizado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El expediente fue votado en primer debate este 15 de mayo y es una iniciativa del oficialismo. El objetivo es reformar el artículo 229 del Código Penal, referente a las penas por el delito de daño agravado.
Endurecimiento de penas por falso testimonio en casos de crimen organizado (Expediente 24.843): El plan presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se encuentra en la comisión de Seguridad, sin dictamen ni avances.
La iniciativa busca aumentar en un tercio las penas para quienes den falso testimonio en investigaciones de narcotráfico y crimen organizado. La medida pretende evitar que bandas criminales obstaculicen los procesos judiciales mediante testimonios bajo coacción o amenazas.
Modernización del Sistema Penitenciario Nacional (Expediente 24.912): La iniciativa del gobierno fue presentada en marzo y busca reformar la estructura del sistema penitenciario. El proyecto, clasificaría distintas faltas disciplinarias en leves (insultos, incumplimiento de horarios, fumar en zonas prohibidas) y graves (peleas con lesiones, introducción de drogas o armas, evasiones).
De acuerdo con el expediente, las sanciones irían desde amonestaciones hasta traslados a módulos de mayor seguridad. Este proyecto aún está en las primeras etapas legislativas.
Negativa a otros proyectos de seguridad
Mientras tanto, la Ley de Ejecución de la Pena, promovida por el Poder Judicial, fue convocada y corre el riesgo de quedar paralizada hasta agosto, cuando la agenda legislativa regrese a manos del Congreso en sesiones ordinarias.
Esta ley endurecería los requisitos para que los privados de libertad accedan a beneficios carcelarios, con el objetivo de aumentar la seguridad y la justicia en las prisiones.
En estas sesiones extraordinarias Chaves también vetó la ley que permitiría ampliar el horario para la realización de allanamientos, la cual deberá esperar hasta agosto para ser resellada. En su veto, el jefe de Estado argumentó que la iniciativa era inconstitucional.
Asimismo, el mandatario anunció que no descarta vetar el proyecto de ley de capitales emergentes, que busca atacar el financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico.