Gobierno hizo 5 modificaciones sin aval técnico en informe sobre daños en pista del Daniel Oduber

El Gobierno aprobó, sin aval técnico de especialistas, 5 modificaciones a un documento donde se solicitaba incluir los daños que tenía la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ) de Liberia, como parte de las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Bonnie en julio del 2022.

La intención del Poder Ejecutivo era poder tomar una partida de los fondos de emergencias para intervenir esa terminal aérea, pese a que un informe de siete profesionales de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) había advertido que no había sustento para hacerlo.

El documento al que tuvo acceso CRHoy.com fue firmado por Ignacio Acuña Fallas, Fabián Brenes Arce, Carlos Rojas Molina, Daniel Calderón Mata, David Rojas Alfaro, Alexander Sánchez Mora de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) y Sylvia Jiménez Cascante de jefa del Departamento de Aeropuertos.

El informe enviado al entonces director de la DGAC, Fernando Naranjo Elizondo, enumera los aspectos detectados en los diferentes documentos recibidos por parte de la UIA en relación con el proyecto de intervención por emergencia de la pista del AIDOQ.

Uno de esos es el denominado "Solicitud de Inclusión en Decreto de Emergencia No. 43626-MP ante afectación grave de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber", elaborado por la Comisión Nacional Prevención de Riesgos y Emergencias (CNE), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), finalmente firmado por sus jerarcas.

Según la unidad de expertos, en este último se incluyeron varios puntos para sustentar la decisión de destinar recursos de la declaratoria de emergencia para la terminal internacional, de los cuales, sostienen que cinco no fueron redactados por ellos y se tomaron como una "conclusión nueva" que no se atribuyen.

Dichos elementos destinados a demostrar el deterioro de la pista por Bonnie, según la UIA no tenían sustento técnico y fueron autorizados por los jerarcas Luis Amador Jiménez (MOPT) y Luis Fernando Naranjo Elizondo (DGAC).

Con esto hecho, el presidente Rodrigo Chaves Robles y la ministra de Presidencia, Natalia Díaz Quintana, firmaron el decreto para incluir esa terminal internacional en las estructuras dañadas por el fenómeno natural, pese a que existían recomendaciones contrarias de la UIA.

Una vez que lograron ese objetivo, la unidad que analizaba el cartel de licitación, conformada por esas instituciones y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) autorizaron publicarlo en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) como "Rehabilitación por emergencia de pista de aterrizaje y obras pluviales aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós".

Pese a que todos estos actores mencionados conocían del desarrollo de lo sucedido previo a la firma del decreto, se prosiguió con el proceso y el contrato 2023PX-000239-0006500001 fue adjudicado a la Constructora Meco por más de ¢21 mil millones.

Las modificaciones

En uno de los apartados denominado "Observaciones desde el punto de vista técnico (ingenieril), de manera que puedan ser tomados en cuenta por la dirección de la DGAC", se enumeran los cambios ordenados por los jerarcas, pese a que la inclusión de daños por Bonnie se hizo extemporáneo y sin sustento profesional de la unidad a cargo de gestionar la valoración.

Estos son los cinco puntos calificados por los técnicos de aviación como "conclusión nueva y no redactada por la UIA":

1. El huracán Bonnie y otros eventos meteorológicos del año 2022, ocasionaron una contaminación generalizada de la base de la pista con materiales orgánicos, impactaron los drenajes reduciendo la contribución a la capacidad estructural (coeficiente M), de 1 a 0.4, es decir, un 60%, y ambos efectos combinados aceleraron la razón de deterioro de la estructura del pavimento y llevaron la pista del AIDOQ a un final de vida útil en el año 2023. Adicionalmente esto significó un incremento en la rugosidad superficial en 0.931 metros por kilómetro, lo cual llevó la pista a un valor inaceptable de seguridad operacional para las operaciones aéreas.

2. El análisis de riesgo sugiere que se restrinja el peso de aterrizaje de manera que se tendrían que cancelar todas las operaciones de vuelos comerciales, con el alto impacto económico y social a la región de Guanacaste y el país, lo cual se categorizaría como una calamidad pública de impacto similar a la pandemia causada por el COVID-19.

3. La actual dotación de recursos financieros para el año 2023 al Proceso de Mantenimiento Aeroportuario (₵199.917.980,97 – ciento noventa y nueve millones novecientos diecisiete mil novecientos ochenta colones con noventa y siete céntimos) no permiten una atención estructural que permita reconstruir el pavimento que ya llegó al final de su vida útil.

4. A tono con lo anterior y siendo que no se ha logrado la asignación de recursos, pese a que desde año 2019 se vienen implementando acciones para mitigar el riesgo y sus consecuencias, a junio de 2023 el nivel de riesgo llegó a un nivel intolerable, que se puede manifestar en un estado de calamidad pública si no se atiene la pista por la elevada probabilidad de un accidente aéreo. Además, si se cierra la pista para operaciones aéreas, el impacto económico y social sería gravísimo para la región norte y de Guanacaste, cuya economía depende directamente de este aeropuerto. Por lo anterior, la DGAC solicita la declaratoria urgente de emergencia nacional ante posible estado de calamidad al Poder Ejecutivo.

5. El análisis de la sección 5 con base en el efecto de las ondas tropicales 11 y 12 y la tormenta tropical Bonnie, confirmado por el registro fotográfico que evidencia una aceleración exponencial de daños en la pista del AIDOQ, y una afectación grave en la infraestructura aeroportuaria de la pista de aterrizaje, que no fueron incluidas en el análisis original del Decreto de Emergencia 43626-MP. Por lo anterior, el MOPT como ente rector, y la DGAC solicita la inclusión en el Decreto de Emergencia Nacional antes mencionado.

Desmienten fin de vida útil

Ante las formulaciones adicionales, los expertos de Aviación Civil emitieron varias conclusiones que al mismo tiempo tipificaron como interrogantes, pues quedó claro basado en cuáles datos técnicos se añadieron esos puntos al documento.

Uno de los principales fue sobre la realidad de la vida útil de la pista, ya que los jerarcas documentaron que ya había llegado a su fin, pese a que un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) determinó en su último estudio de campo (marzo 2022) que podría prolongarse hasta por cinco años más.

Los datos expuestos en el informe INF-0391-2022 llamado "Determinación del PCN de la pista, calles de rodaje y plataforma del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ) en el apartado de proyección de vida útil señalan:

"Se podría estimar que las estructuras más dañadas están en una fracción de su vida útil nominal de 20 años, es decir se esperarían daños no aceptables para operación en un plazo máximo de 5 años".

También se cuestiona que se había asignado recursos para mantenimiento que tenían como intención realizar contrataciones abiertas para el suministro y colocación de mezcla asfáltica, mismos que fueron autorizados bajo la licitación 2022LA-000005-0006600001 que dice expresamente se pueden usar "para atención de emergencias en la pista y plataforma del AIDOQ".

Se trata de un monto de ¢199.917.980,00, por un plazo de 12 meses, por lo que la administración de la terminal pudo gestionarlos para mantener funcional la pista de aterrizaje ante daños puntuales que se han venido presentando en la superficie de ruedo.

Con eso confirman que se puede prolongar o preservar "la vida útil que todavía le resta a la pista de aterrizaje". Es decir dan respaldo al informe de Lanamme que daba por sentada la operación sin problemas de la pista hasta el 2027.

"No obstante, para poder afirmar que ya la vida útil llegó a su fin, se requiere de un estudio de ingeniería que así lo demuestre", indicaron los expertos en ese informe oficial.

También cuestionaron el método de diseño para determinar el estado de la pista, pues usaron el AASHTO 1993, estipulado para carreteras y no para pavimentos aeroportuarios.

Mediante una tabla de medición, indicaron que la calidad del drenaje y el porcentaje de tiempo que el pavimento está saturado de agua antes de Bonnie era de 1, siendo la mejor puntuación 1.20, por lo que estaba calificado como bueno.

Para hacer la solicitud de inclusión de daños en el AIDOQ por la tormenta, indicaron que la pista había bajado a calificación 0.4, lo que significa muy malo, siendo esta la peor en la tabla.

"Con respecto al coeficiente M, dicho valor es utilizado en el método de diseño de pavimento flexible, AASHTO 1993, pero para carreteras, no para pavimentos aeroportuarios. En todo caso, si aplicara de alguna manera, ¿cómo se determinó que el valor inicial antes del evento meteorológico era de 1?", señalaron.

Investigación en la Fiscalía

Por estos hechos el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, la ministra de Presidencia, Natalia Díaz Quintana, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado Eduarte, el exministro de Transportes luis Amador y Fernando Naranjo Elizondo, exdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), son investigados por el Ministerio Público.

Los jerarcas de gobierno están bajo la lupa tras la firma del polémico decreto que avaló la inclusión de los daños en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós de Liberia, como parte de la afectación que provocó la tormenta tropical Bonnie en julio del 2022.

La Fiscalía General de la República confirmó tras consulta de CRHoy.com que los tres funcionarios figuran como sospechosos en la causa 24-000030-1218-PE, sin que se haya revelado todavía el presunto delito que se sigue en ese expediente, pues aún no se ha establecido.

En el caso de Amador, la causa fue pasada a  la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), una vez que dejó de ser funcionario público.

"(…) en enero anterior, recibió una denuncia relacionada con la solicitud de inclusión en decreto de emergencia, la afectación grave de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia", informaron.

Chaves destituyó el martes a Luis Amador Jiménez como ministro de Obras Públicas y Transportes, señalando una "responsabilidad política" por presuntas irregularidades en la adjudicación a Constructora MECO S.A. del contrato para reparar por ₡21.889 millones ($40 millones) la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).

Sin embargo, Chaves no mencionó que la licitación fue promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias (CNE) a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) bajo la figura de un procedimiento por excepción en una rehabilitación por emergencia.

Chaves también ordenó la destitución de Fernando Naranjo Elizondo, quien hasta este martes se desempeñó como jerarca de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).