Gobierno falla en apartar a directiva opositora de discusión sobre contratos del caso Barrenador
Aseguró que desde la institución se insiste en mantener los contratos que dieron origen al caso.
El Gobierno fracasó en su intento de apartar a Martha Rodríguez, representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de la discusión sobre los contratos del caso Barrenador.
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, presentó una moción el pasado 18 de marzo para inhibir a Rodríguez por ser testigo del caso Barrenador. Además, agregó que otra razón para censurar a Rodríguez son las declaraciones que ha dado a la prensa sobre presuntas amenazas a los testigos del caso.
También alegó que Rodríguez ha emitido criterios en contra de la adjudicación, la cual representaría presuntos sobreprecios para la CCSS de ¢12.400 millones anuales.
La Dirección Jurídica de la CCSS presentó su criterio durante la sesión de este jueves y recomendó declarar sin lugar la solicitud de inhibitoria, ya que no hay razón legal para hacerlo.
"No se encuentran elementos que hagan siquiera suponer que exista o haya existido una pérdida de objetividad o imparcialidad de la directora Martha Elena Rodríguez", concluyó la Dirección Jurídica.
Excusas de Taylor para eliminar a opositora de discusión
Pese al criterio de la Dirección Jurídica, Taylor sostuvo su tesis de que Rodríguez debería inhibirse por sus manifestaciones y votó en contra del criterio legal.
Rodríguez ha sido crítica del manejo que el Gobierno le da a la CCSS; incluso, aseguró que, desde el inicio de la administración Chaves Robles, ha recibido amenazas de muerte.
Con respecto a las licitaciones del caso Barrenador, aseguró que desde la institución se insiste en mantener los contratos que dieron origen al caso.
Cuestionó que la Gerencia Médica haya solicitado en múltiples ocasiones ampliaciones al criterio de la Dirección Jurídica, el cual recomienda anular los contratos adjudicados a Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
Rodríguez afirmó que se está "tratando de salvar una licitación con sobreprecios", pese a que no cuenta con la razonabilidad de costos.
No puedo pensar que le estemos diciendo a la Dirección Jurídica que cambie su opinión. Yo eso no lo puedo aceptar, por mantener la privatización de servicios a cualquier costo. Ya me extrañaban tantas consultas en este tema. Lo veo con claridad: lo que quieren es, de alguna manera, continuar. La Contraloría fue clarísima, la Fiscalía también, y no tengo la menor duda de que lo que se está tratando de hacer —no sé si desde la Gerencia Médica— me parece que no quieren aceptar que hay una nulidad absoluta, de que había sobreprecios así establecidos por los criterios técnicos, manifestó Rodríguez.