Gobierno espera que inversionistas de Panamá, Colombia y El Salvador se interesen en CR
(CRHoy.com) Luego de la aprobación de la ley para crear la seguridad jurídica necesaria para que inversionistas extranjeros puedan invertir en el mercado de deuda pública costarricense, el Gobierno espera que esta legislación despierte el interés de inversores de todos los países, y de 3 gobiernos en particular: Panamá, El Salvador y Colombia.
Así lo manifestó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, tras la firma de esta ley que forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta ley fue aprobada por los diputados en segundo y último debate el pasado 13 de diciembre. El miércoles 21 de ese mismo mes la ley fue firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.
Acosta, explicó que la posibilidad de que inversionistas extranjeros adquieran bonos de la deuda pública, amplía el mercado local, y evita que el Gobierno estruje el mercado interno afectando las tasas de interés.

Mediante este proyecto, se adicionan los artículos 132 bis y 134 bis a la Ley Reguladora del Mercado de Valores para facultar al Ministerio de Hacienda, cuando lo estime necesario, el uso de medios internacionales de pago para materializar la liquidación transfronteriza de las operaciones, y a las entidades de custodia locales a ofrecer los servicios de subcustodia a entidades de custodia domiciliadas en el extranjero.
A su vez, modifica el artículo 89 de la Ley de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos mediante el agregado de un párrafo que define el concepto de deuda pública interna, que es aquella deuda emitida y registrada dentro del país, en cualquier moneda, que se rige por las leyes nacionales y sobre la cual son competentes los tribunales nacionales.
Por último, se reforma el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para disponer que los rendimientos derivados de la deuda interna del Gobierno de la República, en favor de personas no domiciliadas en el país, solamente estarán sujetos al impuesto único y definitivo sobre las rentas del capital.
Según datos que constan en la exposición de motivos del texto del proyecto que se aprobó en el Congreso, "la participación de inversionistas no residentes ha sido baja, nunca ha superado más allá del 6%, y concretamente en los últimos dos años se ha reducido.
