Gobierno defiende subsidio al gas

Tal y como lo adelantó CRHoy.com, el Gobierno salió en defensa de la aplicación del subsidio al gas licuado, búnker y emisión asfáltica cuyo mecanismo está siendo dirimido en la Sala Constitucional tras un recurso de amparo promovido por el diputado socialcristiano, Luis Vásquez.

En la defensa ante los magistrados, el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro señaló que el no haber puesto el subsidio de ₡9 en el litro de los combustibles en la actualización metodológica del 2015, se hizo necesario emitir un decreto ejecutivo que por primera vez consideró los planteamientos de todos los sectores dentro de la política energética y defendiendo los principios de equidad, justicia social y equilibrio financiero para los consumidores.

"¿De qué sirve defender el derecho de un consumidor que no tiene con qué consumir, si la cadena de valor se va a ver afectada por un aumento desproporcionado y repentino de un insumo? ¿Cuál es el derecho patrimonial a proteger si las personas van a tener que pagar ₡7 mil a ₡10 mil por un cilindro de gas a una familia y cuyo aumento le hará imposible pagar los pases del bus para ir al trabajo?", dijo Alfaro.

De la misma forma el jerarca de Ambiente, Edgar Gutiérrez explicó en su defensa que la política energética busca aplicar criterios de equidad, justicia social a través del desarrollo del sector manteniendo la relación de precios del periodo 2008-2015.

Y es que los cambios de metodología entre esos años donde se eliminó el subsidio a estos productos representaba el encarecimiento de estos productos en un 72% para el gas de cocina, un 35% para el búnker y el 18% para el asfalto.

"Los subsidios suelen usarse para la producción de recursos, con lógica de servicio universal, estos tienen objetivo de equidad y la justificación basada en equidad dentro de lo razonable. Los diputados tienen ingreso de 3 millones consumen 49.62 litros de gasolina, que tiene un subsidio de impacto del 0,01%. En un hogar pobre ese subsidio es del 1,26%, ese impacto en pobreza extrema es 2,79%. Entonces, no es real que se afecten intereses patrimoniales. Es falso", dijo Gutiérrez.

En materia de impacto del subsidio en el asfalto, el jerarca señaló que de las ventas realizadas en el periodo por Recope, el 94% de los recursos se invirtieron por parte del Estado en obra pública.

Por su parte, Enrique Egloff, de la Cámara de Industrias, dijo que no se trata de un subsidio sino de la eliminación de una distorsión generada en un periodo ante cambios en la metodología de cálculo de precios y que la política sectorial viene a corregir la distorsión que daría al traste con la generación de empleo y economía.

Para el sector los costos operativos de Recope se encuentran por el margen de inflación, pero también existen manejos inadecuados en materia operativa y altos inventarios.

"Es un golpe a la industria y sectores de transformación. Subir costos de combustibles como gas y búnker sin estar alineados con el precio e inflación es sacar de competencia a las empresas…". Para Egloff, esos aumentos los resentirá turismo, ni las sodas, taxistas, y la construcción de carreteras.  "Las industrias no se están yendo de Costa Rica, están siendo expulsadas", dijo.

El empresario cuestionó cuál es el beneficio de los diputados al querer eliminar este subsidio bajando el precio de los combustibles, pues la medida se volvería en contra de la economía.

"El aumento desproporcionado de Aresep fue un atentado contra la generación de empleo, el gobierno actuó responsablemente y de conformidad al artículo 50 de la Constitución".

Pero el regulador, Roberto Jiménez, explicó a los magistrados que las actuaciones de la Aresep se centraron en aplicar las potestades de Ley en términos de fijación tarifaria y metodológica. Además externó su preocupación por la judicialización de este caso por las consecuencias que puede acarrear jurídicamente y aclaró que efectivamente se trata de la existencia de un subsidio, contrario a lo señalado por los empresarios.

"En metodología se establece una variante de subsidio porque en la ley se dice que debe fundamentarse y da la posibilidad de que, si existe esa política pública, se pueda aceptar un monto. Hay servicio al costo con objetivos y propósitos con dirección como se consideró. Es importante indicar que si uno tuviera un proceso de producción de refinería sería distinto, pero con importación de productos cada uno tiene sus propios costos lo que obliga a asignar subsidio por el carácter social y económico", dijo Jiménez.

 

Con la realización de esta audiencia la Sala Constitucional no tiene plazo para resolver sin embargo, considerando la importancia del tema, se darán a la tarea de resolver lo más pronto posible, según lo explico el magistrado Paul Rueda.