Gobierno defiende polémico proyecto de Ley de Aguas

El Ministro de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) salieron al paso de la discusión que se realiza en la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de Ley de Aguas.

Ambas entidades, la primera rectora del recurso hídrico, y la segunda encargada del servicio de agua potable y saneamiento, apoyaron la iniciativa que los diputados deben votar.

"Consideramos que el país se encuentra en un momento idóneo y oportuno para aprobar un nuevo marco jurídico e integrador que permita proteger y gestionar los recursos hídricos", señalaron en un comunicado.

El Poder Ejecutivo mostró su apoyo al Proyecto de Ley 17.742, porque "establece los principios irrenunciables y los contenidos básicos para una gestión sostenible y coordinada del recurso hídrico en nuestro país". El proyecto debía ser votado el martes, pero el Plenario Legislativo falló en lograrlo.

El plan ingresó a la corriente legislativa en mayo de 2010 como una iniciativa popular con la firma de más de 160 mil ciudadanos. Desde entonces, ha seguido un trámite tortuoso en el Congreso.

El Minae y el AyA defendieron que el proyecto actual "refleja un proceso de diálogo y construcción de muchos años y con muchos sectores de la vida nacional". Actualmente la gestión del agua se enmarca con una ley de 1942, cuando el país tenía 687 mil habitantes, un 15% de la población actual.

El Gobierno insistió en que el plan busca aprovechar los recursos hídricos de forma "sostenible, integral y solidaria".

"Es un momento histórico en el que el país podría dejar atrás una ley obsoleta, para aprobar una ley marco que replantee las prioridades y las responsabilidades del Estado en materia de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Somos conscientes que el país requiere de un nuevo marco legal que impulse la planificación y los estudios con visión de cuencas hidrográficas, que fortalezca la acción institucional, que asegure el agua como un bien de dominio público y el derecho humano al acceso del agua potable de calidad y cantidad adecuada", señalaron.

Las autoridades exhortaron a que se fiscalice mejor su uso, se penalice la perforación ilegal de pozos y la contaminación de las fuentes de agua, y se promueva la participación ciudadana.

El texto que discuten los diputados y que aún esta tarde genera polémica, sustituye el presentado por el mecanismo de Iniciativa Popular, el cual fue aprobado en primer debate en el año 2014 y enviado a la Sala Constitucional el año pasado.

El Frente Amplio y otros sectores se oponen al proyecto. Sostienen que representa un grave retroceso para la garantía del acceso democrático y para uso humano del agua y que elimina el papel de las comunidades en la toma de decisiones sobre la distribución del recurso.