Gobierno declara de interés público el proyecto del marchamo digital
Plan abre puerta a que otras instituciones hagan proyectos paralelos con dispositivos
La intención del gobierno es que el marchamo digital se implemente en 2025. Casa Presidencial
La Administración Chaves Robles (2022-2026) declaró de "interés nacional" el proyecto del marchamo digital liderado por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La declaratoria quedó en firme a través de un decreto publicado este miércoles 6 de marzo en el diario oficial La Gaceta. No obstante, el documento fue firmado desde agosto de 2023 por Rodrigo Chaves, presidente de la República.
¿Qué representa la declaratoria de "interés público"? Se trata de un pronunciamiento, una manifestación o una resolución formal del Poder Ejecutivo con la cual se declara que determinada actividad es de utilidad, o comprende un beneficio de orden moral o material, a la totalidad o mayoría de individuos que integran una comunidad.
Las autoridades anunciaron el proyecto del marchamo digital el 26 de abril y el 9 de junio, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el INS publicó una licitación mayor, por un presupuesto superior a los ₡4.800 millones, para la contratación de la empresa que suministraría etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por las siglas en inglés) para el proyecto del marchamo digital.
El INS adjudicó la contratación al consorcio mexicano-costarricense PC Central Neology. No obstante, aún no se firma el contrato debido a que otras compañías interesadas presentaron recursos de apelación ante la Contraloría General de la República (CGR).
El Artículo 5 del decreto de declaratoria de interés público abre la posibilidad de que otras instituciones "gestionen nuevos proyectos orientados a la habilitación de servicios en favor de los habitantes, o la mejora de los ya existentes, mediante el uso de esta tecnología".
Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el marchamo digital también podría servir para cobrar peajes sin la necesidad de pasar por estaciones físicas con agujas.
"Las distintas instituciones deberán tratar los datos recolectados únicamente con los fines determinados para los cuales fueron generados y no podrán ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Asimismo, las instituciones deberán garantizar una seguridad adecuada de los datos personales recolectados, incluida la protección frente al uso no autorizado. Lo anterior, sin detrimento de la normativa de protección de datos personales vigente", cita otro de los artículos del decreto.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar 2 recursos de amparo interpuesto contra el proyecto. El último reclamo pendiente se resolvió el 30 de noviembre de 2023.
El recurrente, cuya identidad no se publicó, reclamó que con este sistema se podría violar la intimidad de los ciudadanos ante la supuesta posibilidad de rastrear los desplazamientos de los vehículos. No obstante, los magistrados consideraron que la tecnología que se utilizaría no permitiría trazar la trayectoria de ciertos vehículos.
De previo, el 17 de noviembre el tribunal constitucional comunicó el rechazo a un primer recurso de amparo que se planteó por este mismo asunto.
El chip estaría colocado en los parabrisas de los vehículos. Captura de pantalla/Casa Presidencial
El contrato con la empresa para aportar los stickers y operar el marchamo digital tiene una vigencia de 1 año con opción de otros 3 mediante renovaciones. El objetivo es conseguir el suministro de 1.900.000 etiquetas: 400 mil para motocicletas y 1.500.000 para vehículos con parabrisas.
¿Qué representa la tecnología RFID? Es el acrónimo de Radio Frequency Identification y se refiere a una tecnología mediante la cual los datos digitales, codificados en etiquetas RFID o etiquetas inteligentes, son capturados por un lector RFID a través de ondas de radio.
La tecnología RFID funciona similar al código de barras, pues los datos de una etiqueta son capturados por un dispositivo que almacena la información en una base de datos.
El deseo del gobierno es implementar el sistema a partir del 2025.