Gobierno de Chaves planteó tope a combustible sin estudios ni fundamentos para subsidio

(CRHoy.com) La Contraloría General de la República (CGR) señaló a los diputados algunos vacíos en el proyecto de ley, presentado por el Gobierno, que busca poner un tope a los precios de los combustibles.

La iniciativa de ley propone que durante 9 meses los precios de las gasolinas Súper, Regular y el Diésel sean de ¢950, ¢900 y ¢870 como máximo, respectivamente. La propuesta fue anunciada el 16 de agosto pasado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, esto en el marco de los primeros 100 días de su administración. 

Según el Artículo 2 de la propuesta del Ejecutivo, los recursos para poner el tope a los precios de los combustibles "provendrán de las partidas asignadas anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República".  Es decir, no se detalla el origen puntual de ese subsidio. Según el Poder Ejecutivo, "las transferencias que se realicen para garantizar los precios máximos establecidos en esta ley, estarán exentas de la aplicación de la regla fiscal, por el periodo de su vigencia".

El pasado 23 de diciembre la CGR remitió al Congreso el oficio DFOE-SOS-0575, en el cual sugiere a los congresistas tomar en cuenta varios vacíos de la propuesta del Ejecutivo.

El ente contralor dijo que el proyecto no presenta un estudio y análisis que fundamente y justifique el subsidio propuesto.

"Este proyecto de ley no refiere concretamente a un estudio que analice, fundamente y justifique que la vía del subsidio temporal es la mejor forma de solventar la problemática señalada, correspondiente al aumento de los precios internacionales del petróleo crudo y sus derivados y el efecto que estos generan sobre los precios de la canasta básica. Por consiguiente, la pretensión de fijar precios máximos a las gasolinas y el diésel, para que los consumidores -de forma generalizada- no paguen precios mayores a los aquí planteados, no se basa en un razonamiento que confirme que este subsidio satisface una necesidad determinada", dice el informe de la CGR.

También cuestiona que no se identifica de forma clara quiénes serán los beneficiarios finales de la iniciativa, que no tiene un fin público que lo justifique y que tampoco establece "un límite claro y transparente" que permita un control adecuado de dicho beneficio.

"La ausencia de dichos datos imposibilita precisar en mayor medida si la propuesta de ley constituye la vía idónea para atender de forma eficiente el objetivo que se plantea en la exposición de motivos.

Sobre el particular, únicamente en la exposición de motivos se afirma que se realizaron estimaciones y existe la fuente de financiamiento, sin que explique cuáles son las operaciones que permiten confirmar que los montos máximos planteados (sin especificar una medida de volumen como referencia) de las gasolinas súper y regular y del diesel -por
un plazo de nueve meses-, van a generar un resultado preciso en la disminución de los precios de todos o algunos productos de la canasta básica o de qué forma y a qué tipos de consumidores va a beneficiar", añadió la CGR.

Asimismo, la CGR cuestionó que no se establece la fuente de financiamiento, con la cual se asegura que se cuenta. "Esto resulta fundamental, a efecto de determinar la afectación a los presupuestos de la República y posibles partidas sacrificadas, con sus respectivas consecuencias a la gestión y cumplimiento de competencias y objetivos institucionales", dice el informe.