Gobierno cede a taxistas y modifica proyecto de plataformas que fue celebrado entre abrazos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cedió a la pretensión de los gremios de taxistas y modificó la propuesta inicial que planteó la Administración Chaves Robles (2022-2026) para regular las plataformas tecnológicas de transporte (como Uber o DiDi).

Así lo reconocieron Luis Amador, titular de la cartera, y Carlos Ávila Arquin, viceministro de Transportes. Ambos confirmaron que se varió la pretensión inicial que perseguía el proyecto de ley sobre la derogatoria de la ley 7969 (conocida popularmente como ley de taxis).

El plan que presentó el gobierno en mayo pasado buscaba derogar esa ley para que los actuales taxistas formales se convirtieran en permisionarios, en lugar de concesionarios. Ese fue uno de los aspectos ampliamente fustigados por los gremios de taxis.

Pese a que en principio apoyaron las intenciones gubernamentales, las organizaciones de taxistas se desmarcaron del plan que habían celebrado entre abrazos con Rodrigo Chaves, presidente de la República.

En octubre, el Foro Nacional de Taxistas y la Unión de Taxistas Costarricense (UTC) pidieron a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa archivar el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo y urgieron dar curso a un nuevo texto sustitutivo.

"La revisión del texto inicial evolucionó a un texto que creo que se puede manejar como sustitutivo, que puede remplazar el texto original y que solo deja unos cuantos aspectos en los que no hay acuerdo. Creo que no son los aspectos más cruciales o fundamentales y que pueden terminar de discutirse con la guía de la Asamblea Legislativa", expresó Amador.

El MOPT busca que el texto sustitutivo sea presentado en próximas semanas para que la discusión de las propuestas sea conversada en el seno legislativo.

"Había en el texto original una derogatoria de la ley 7969, que es la que regula el servicio de taxi. Los taxistas, después de la revisión del texto original, no estaban conformes con esa situación. Nos reunimos con ellos, lo conversamos y todos estamos de acuerdo en que no es necesaria la derogatoria de la ley 7969", puntualizó el viceministro Ávila.

El funcionario enfatizó en que en el proyecto sustitutivo existen otros aspectos de regulación sugeridos por los taxistas y las plataformas, los cuales afinan detalles de redacción en el plan inicial.

"Considero que, tal vez, el 90% del texto sustitutivo es de consenso entre ambos sectores", finalizó el viceministro.

Gilbert Ureña, representante del Foro Nacional de Taxistas, y Rubén Vargas, de la UTC, estuvieron presentes en la tarima principal del auditorio de Casa Presidencial el 3 de mayo pasado, cuando el gobierno de Rodrigo Chaves presentó el proyecto de ley. Incluso, ambos dirigentes se deshicieron en elogios hacia el mandatario y hasta intercambiaron abrazos. Sin embargo, en octubre advirtieron discrepancias con el Poder Ejecutivo.

"Con el texto original, en principio estuvimos de acuerdo con el gobierno de la República por cuanto nos urgía empezar a caminar en esta Asamblea Legislativa, pero con el compromiso del gobierno de hacer un texto sustitutivo. Texto que empezamos a trabajar y que avanzó bastante bien con Amador y Carlos Ávila, viceministro de Transportes.

"Después de 4 semanas de un receso que nos pidieron para consultar a las plataformas, nos contestaron que Uber se opone y obliga a que diga libre comercio, que las tarifas no pueden ser iguales y que los carros no pueden ser rotulados. Dimos un paso a la derecha, agradecidos y nos apartamos de las conversaciones con el gobierno", comentó Ureña, en esa oportunidad.

Sobre la fijación tarifaria, el dirigente pidió "competencia leal" y que las tarifas sean "tú a tú". En todo momento reconocieron que están anuentes a la "regulación", pero sin perder las facultades que ya tienen por ley.

Tanto Ureña como Vargas han expresado que no están en desacuerdo con la regulación de las plataformas, pero piden que se respete la figura que mantienen los taxistas para operar.

En su texto sustitutivo, los taxistas incluyeron una indemnización de ₡30 millones por parte del Estado tras considerar la existencia de daños y perjuicios provocados por la operación de las plataformas desde agosto de 2015.

Los taxistas "rojos" deben acudir a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) 2 veces al año, mientras los vehículos de plataforma solo en 1 ocasión. Eso es parte de lo que urgen "equilibrar" en los planes de regulación.

En la construcción del proyecto de ley participaron los dirigentes Ureña y Vargas (Unión de Taxistas Costarricenses, UTC). Otros dirigentes, como Ricardo Venegas, de la Alianza C-1 Taxis, se desligaron de las negociaciones.

Venegas dijo días atrás que el proyecto beneficiaría a las plataformas, pues no impone un tope sobre la cantidad de conductores a inscribir y tampoco clarifica la relación laboral entre choferes y compañías.

Aspectos generales del proyecto para regular plataformas que presentó el gobierno en mayo:

• Vehículos (tanto de plataformas como de los taxistas) solo deberán acudir 1 vez al año a la RTV.
• Todos los conductores deberán estar inscritos ante la CCSS.
• Deberán contar obligatoriamente con seguro por riesgos de daños a terceros.
• Pagarán renta al Ministerio de Hacienda.
• Taxistas podrán afiliarse a plataformas para operar.
• Vehículos de plataforma circularán identificados, donde se identifican como tales.
• Antigüedad de taxis formales será de 14 años.
• Tarifas para pagar serían fijadas por libre mercado, pero se establecerá un monto de rentabilidad mínima para cada viaje.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

En ausencia de una regulación específica, Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.