Gobierno busca los votos para frenar uso obligatorio del Sicop

(CRHoy.com).-La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, indicó a CRHoy.com que buscan los votos para establecer una prórroga a una reforma a la Ley de Contratación Pública para que todas las instituciones del Estado estén obligadas a usar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Fue en la legislatura anterior, el 18 de mayo del 2021, cuando se aprobó la Ley General de Administración Pública, que debe entrar en vigencia el próximo 1 de diciembre, es decir, hubo 18 meses para preparar los cambios.

Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a usar el Sicop y cumplir una serie de parámetros de transparencia, contempla la simplificación de trámites para la gestión de las compras públicas mediante solo tres tipos de procedimientos ordinarios (licitación mayor, licitación menor y licitación reducida).

Asimismo, se logra optimizar el régimen recursivo para brindar mayor eficiencia y seguridad jurídica a los operadores.

Lo están preparando

Pero el ministro de Hacienda, Nogui Acosta ha señalado que aún están en preparación el reglamento que establece el modelo tarifario del Sicop.

La diputada del PLN, Carolina Delgado presentó un proyecto de ley para frenar el proyecto por al menos un año y dar tiempo a Hacienda.

Delgado también señala en su proyecto que instituciones autónomas, municipalidades y ministerios han señalado que no están listos.

En principio la iniciativa contaba con el respaldo de cerca de 32 legisladores, pero este lunes, ocho verdiblancos le quitaron el respaldo y la firma del mismo.

Varios liberacionistas indicaron que retiraron la firma luego de escuchar a la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, decir en el programa Nuestra Voz, que el "Gobierno está listo para esta ley".

"El Gobierno ha sido responsable y el Ministerio de Hacienda está completamente listo para entrar en pleno vigor esta ley", afirmó la oficialista.

"He retirado mi apoyo a ese proyecto (el que frena la entrada en vigencia de la ley) considerando las declaraciones del ministro de Hacienda Nogui Acosta quien indica que los reglamentos se encuentran listos, aunado a esto se debe tomar en cuenta que han pasado 18 meses de la aprobación de la Ley 9986, tiempo suficiente para que el gobierno estuviese preparado", afirmó la liberacionista Montserrat Ruiz.

Agregó que aplazar la entrada en vigencia de esta ley significaría incumplir los compromisos adquiridos con la OCDE y un retroceso en el camino hacia la transparencia y eficiencia en las compras y contrataciones públicas.

Además, la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, indicó que ya no dan los plazos para aprobar esta reforma en segundo debate antes del 1 de diciembre.

Consultada este martes, Cisneros indicó que aún hay instituciones que no están listas.

Explicó que Hacienda publicará el reglamento la otra semana, es decir del lado del Gobierno están listos, pero la traba está en muchas de las instituciones obligadas a usar la plataforma y que no lo están están aún.

"No hay capacidad para ofrecer entrenamiento a esos funcionarios en tan corto lapso de tiempo. Hay mucha preocupación sobre todo en algunas municipalidades pequeñas y en otras entidades", mencionó.

Mientras que el frenteamplista Jonathan Acuña recordó que él y su fracción rechazó firmar el proyecto de Delgado porque consideran que la institucionalidad ha tenido mucho tiempo para poder adaptarse a los cambios.

De acuerdo con estudios económicos sobre el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aumentar la contratación pública puede generar importantes ahorros fiscales.

Estimaciones de la Contraloría General de la República apuntan que al digitalizar los procedimientos para la adquisición de obras, bienes y servicios públicos, el Estado podría ahorrarse cerca del 1.55% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir poco más de ¢541 mil millones.