(CRHoy.com) -Aunque el Gobierno dejó sin efecto este viernes a la polémica "unidad de vigilancia ciudadana", que creó por decreto desde el 17 de febrero pasado, sus intenciones iniciales alarman a diputados y analistas, quienes observan un giro "autoritario" de la administración Alvarado.

La creación de la llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) -que en cuestión de horas fue abortada por el Presidente de la República en medio de críticas y advertencias de diversos sectores- levanta sospechas entre partidos de oposición y expertos.

Y es que la Casa Presidencial no puede borrar la huella que viene marcando desde hace meses y que para algunos guarda similitud con la propia de regímenes autoritarios.

La creación de la polémica oficina -especializada en el manejo de datos personales e incluso confidenciales– refleja un estilo de un gobierno que también desoye pronunciamientos de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la obligación de cumplir la regla fiscal.

"Si bien el decreto que creó la UPAD fue anulado, la desconfianza de los costarricenses hacia Casa Presidencial es mayor. ¿Cómo tendremos confianza los costarricenses de que el proceso que ya se venía dando -así lo indicó la Ministra de Comunicación- no continúe?", cuestionó la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN).

León opinó que "el acto, el secretismo y el momento político provoca que los legisladores y los costarricenses en general descansemos con un ojo abierto y otro medio cerrado. Ese decreto rebasó los límites de la confianza".

Posturas radicales

La legisladora Silvia Hernández, jefa de bancada del PLN, manifestó que tras la salida de figuras del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) del gabinete de Carlos Alvarado ha llegado a la administración "mucha gente con posturas muy radicales".

"Solamente hay ahora un gobierno PAC-PAC, por así decirlo, en su mayoría", dijo.

Explicó que una administración puede necesitar datos "macro" para construir política pública, por ejemplo el número de personas que atiende un Ebais en un periodo de tiempo determinado para tomar decisiones.

"Pero cuando eso se vuelve individual y usted lo que conoce es mi dato personal, que es lo que pareció que sucedió (con la fallida oficina), con la forma confusa o adrede con la que se redactó el decreto, generó mucha duda sobre la intención del mismo", afirmó.

Según el decreto, la fallida unidad tendría acceso a información personal y confidencial contenida en bases de otras instituciones públicas, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por ejemplo.

"Me parece que a todas luces ese decreto violentaba el derecho de privacidad o de confidencialidad de datos por la forma en la que estaba redactado. En la forma en la que estaba redactado había vigilancia ciudadana y, peor, en lo individual", expresó Hernández.

La congresista dijo que fue algo inaceptable y reprochable "en un gobierno que muchas veces coquetea con ese tipo de actuaciones, como ese tipo de regímenes".

"Digno del chavismo"

El diputado independiente Erick Rodríguez sostuvo que la fallida "unidad de vigilancia ciudadana" era una idea digna de regímenes totalitarios, como el chavismo en Venezuela.

"Eso era una afrenta a la Constitución y a la democracia de Costa Rica (…) No es nuevo, lo he venido diciendo. Acuérdese de la ley mordaza de Luis Guillermo Solís, que se la trajeron abajo, por las presiones de la prensa. Esas son unidades como las que creó Hugo Chávez y que tiene Nicolás Maduro. Me parece una vergüenza para una democracia centenaria que se estén dando este tipo de cosas", amplió.

El legislador Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, comentó que con la fallida creación de la oficina la administración de Carlos Alvarado solo profundizó en una estrategia equivocada de "cazar en el zoológico".

"No están haciendo el verdadero trabajo, que es entrarle a los temas estructurales: los estados financieros del ICE y de Recope, el papel de los bancos del Estado, los ahorros, están por el camino más sencillo y el que polariza más".

El socialcristiano afirmó que si el polémico decreto lo hubiera firmado alguna administración anterior, el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) "estaría haciendo un drama gigantesco".

Alarmas

El abogado Adalid Medrano, especialista en delitos informáticos y ciberseguridad, afirmó que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos levantó alarmas.

"Esta unidad presidencial luce como un troyano que busca hacerse con la posesión de los datos personales de los costarricenses", manifestó antes de que la Casa Presidencial anulara el polémico decreto.

Esto, porque establecía la obligación del acceso de la información confidencial, por parte de la UPAD, que manejan las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada.

El experto aseguró que le llama la atención que en noviembre de 2018 el Gobierno y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) firmaron un convenio para impulsar, de forma conjunta, las agendas de gobierno abierto y de protección de datos de los habitantes.

"Esta alianza no representaría ningún problema si la Prodhab hiciera un trabajo proactivo en la protección de los datos personales, pero como lo indiqué en un artículo anterior, con esta administración Prodhab luce más débil", citó Medrado en una nota suya de este viernes.

El especialista agregó: "si le sumamos los proyectos que cada vez tratan más datos personales, es preocupante que este Gobierno busque concentrar en una unidad todos los datos personales, confidenciales o no de los costarricenses".

Explicó que la Casa Presidencial podría requerir que las instituciones públicas hagan anónimos los datos, los conviertan en cifras estadísticas y así podría tratarlos sin posibilidad de violentar los derechos fundamentales de los costarricenses.

"Resulta muy diferente a tener una unidad que recopila datos personales, los convierte en datos estadísticos y le brinda acceso del dato personal, confidencial o no, a Casa Presidencial", aclaró Medrano.

Opinó que "es preocupante que en un Ministerio de la Presidencia se utilicen estos datos para atacar a adversarios políticos, disidentes o cualquiera otra persona con fines políticos".

Grave error

El politólogo Gustavo Araya calificó como un grave error que el presidente Carlos Alvarado hubiera firmado el polémico decreto.

"El error garrafal consiste, precisamente, en la firma del Presidente de la República. De no haber leído, si es que no leyó, o de habiendo leído, haberlo firmado. Aquí hay una intencionalidad no inocente para nada, y que políticamente tiene que tener un costo", expresó.

Manifestó que el mandatario "no se puede dar esos lujos".

"Hay un segundo error, y es que habiéndolo hecho, quitarlo de esta manera, sin mayor explicación. Hubo una derogatoria. ¿Qué fue, que se asustaron y lo quitaron? ¿O se dieron cuenta del error de que el Presidente no lo leyó, o si lo leyó, no lo leyó bien, o que si lo leyó, lo firmó? Aquí hay un tema político y la intención es lo que cuenta", sostuvo.

Aclaró que la polémica oficina no le parece un gesto autoritario, pero reconoció que esta administración sí ha dado señales de peligrosos excesos.

Esta nueva polémica del gobierno de Carlos Alvarado es antecedida por la negativa de su administración de aplicar la regla fiscal en los términos en los que la aprobó la Asamblea Legislativa.

Incluso, el propio mandatario desconoció un reciente pronunciamiento de la Contraloría que le llamó la atención al Gobierno y le pidió cumplir con la regla fiscal.

El Presidente, en esa ocasión cuando fue cuestionado por la prensa, lució enojado con el criterio de la CGR y las posturas de los diputados de oposición.