Gerente y exdirectivos de CCSS afrontan audiencia para ampliar separación y medidas cautelares
Este miércoles se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares en la cual el Juzgado Penal de Hacienda analiza la ampliación de los impedimentos que pesan sobre la gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marielos Gutiérrez, así como varios exdirectivos de la institución.
El 10 de octubre del año pasado, un juez tomó la decisión de suspender por 6 meses a la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel, mientras avanzaba la investigación por el supuesto escándalo de corrupción y posibles presiones para adjudicar a varias cooperativas la administración de 10 áreas de salud, con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.
Contra Gutiérrez, así como los tres directivos María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas, se dictó la separación del cargo por un semestre y la orden de no tramitar la licitación cuestionada, así como no comunicarse, influir, amenazar e intimidar o perturbar de cualquier forma a 11 testigos, dado que la Fiscalía tiene pruebas de que, al menos tres de ellos han recibido amenazas físicas y laborales.
A otros imputados no les pesaban las restricciones, dado que al momento en que el caso se destapó ya no eran miembros de la junta directiva. En la audiencia, que continúa en curso esta tarde en los Tribunales de Goicoechea, no se procesa a Esquivel.
Esto porque el mandatario Rodrigo Chaves Robles, le otorgó inmunidad al nombrarla como ministra de Planificación a inicios de este año. La Fiscalía General debió asumir el trámite del caso Barrenador, a raíz de este cambio de circunstancias.
Por esa razón, fue separada del expediente principal tal como reveló CR Hoy días atrás. A inicios de esta semana, la Sala Tercera de Casación Penal tramitó la audiencia de medidas cautelares de forma separada.
Sobre la expresidenta de la CCSS pesaba una suspensión del cargo que quedó sin efecto cuando salió de la institución por otras razones, pero se mantuvo el impedimento de retornar al cargo y las demás restricciones.
Al ser nombrada como parte del gabinete de Chaves, la expresidenta de la CCSS ya no puede ser juzgada como una ciudadana normal con un proceso penal ordinario, al haberse convertido en un miembro de los Supremos Poderes.
Además, el antejuicio, las medidas cautelares y cualquier autorización para avanzar con los casos ya no serán aprobados por un juez, sino por magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que actuarán como un juzgado y un tribunal.
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos de contratos en la Caja para la administración de ebais, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el "Caso Barrenador".