Futuros jefes de bancadas opositoras repudian reforma para bases militares de EE. UU.
Antes de asumir sus curules el próximo 1.º de mayo, los nuevos jefes de las fracciones opositoras del Frente Amplio (FA), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) repudiaron la propuesta de reformar la Constitución Política para permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en Costa Rica, al advertir riesgos para la soberanía nacional, el Estado de derecho y la tradición pacifista del país.
José María Villalta (FA), Abril Gordienko (PUSC), Álvaro Ramírez (PLN) y Claudia Dobles (CAC) coincidieron en señalar que la iniciativa, planteada por el abogado constitucionalista Fabián Sandí, asesor de la presidenta electa Laura Fernández, supone un debilitamiento de la soberanía nacional y abre riesgos en materia de derechos humanos. Además, subrayaron que la crisis de inseguridad debe enfrentarse mediante el fortalecimiento de las capacidades civiles y policiales del Estado, no con soluciones de carácter militar.
Villalta: "Es una idea descabellada y peligrosa"
José María Villalta, calificó la propuesta como "la idea más descabellada y peligrosa" que ha escuchado en mucho tiempo y sostuvo que la evidencia en América Latina demuestra que la militarización no reduce la violencia.
El frenteamplista señaló que existen países de la región altamente militarizados que presentan mayores índices de inseguridad que Costa Rica y que, incluso en naciones donde operan bases militares estadounidenses, la violencia no ha disminuido. Por el contrario, advirtió que la presencia de fuerzas militares extranjeras abre la puerta a nuevas violaciones de derechos humanos.
Enfatizó que este tipo de bases exigen condiciones de inmunidad total para sus soldados, lo que implicaría que eventuales delitos cometidos por militares extranjeros no sean juzgados por tribunales nacionales, sino únicamente en sus países de origen. Afirmó que esto resulta inaceptable para un Estado de derecho que respete los derechos humanos y garantice el acceso a la justicia.
Villalta también alertó sobre el riesgo de importar conflictos bélicos o atentados terroristas al territorio nacional y sostuvo que permitir bases militares rompería de forma definitiva la tradición pacifista y desmilitarizada del país, afectando incluso uno de sus principales elementos diferenciadores a nivel internacional. A su juicio, la propuesta apunta, en el fondo, a establecer un ejército en Costa Rica, lo que calificó como una traición al legado histórico heredado de generaciones anteriores.
Como alternativa, insistió en que la inseguridad debe enfrentarse mediante el fortalecimiento de fuerzas policiales civiles, bien capacitadas, entrenadas y equipadas, con presupuesto suficiente para la investigación, y cuestionó los recortes presupuestarios al sector seguridad.
Gordienko: "En eso no contarán conmigo"
Abril Gordienko manifestó su disposición a colaborar con el futuro gobierno en la construcción de soluciones frente a la crisis de inseguridad, siempre que estas se ajusten al Estado de derecho.
No obstante, fue enfática en su rechazo a una salida militar mediante bases extranjeras. Señaló que esa opción implica claudicar de la obligación del Estado de garantizar la seguridad en el territorio nacional y reconocer la incapacidad de las autoridades actuales para resolver el problema.
Gordienko sostuvo que la solución no pasa por entregar la soberanía ni por adoptar medidas que puedan deteriorar las garantías fundamentales. Recordó que hace 77 años Costa Rica tomó la decisión deliberada de proscribir el ejército, una determinación consagrada en la Constitución Política que, según afirmó, ha generado bienestar, paz social y calidad de vida.
Indicó que el deterioro de la seguridad responde tanto al fenómeno transnacional del crimen organizado como a la impericia y negligencia mostradas en los últimos cuatro años para enfrentar la violencia y el rompimiento del tejido social. Aunque reconoció que atender la crisis requiere grandes esfuerzos y recursos, insistió en que ello no justifica sacrificar la soberanía ni abandonar la esencia pacifista del país.
"En ningún país se ha resuelto el problema del narcotráfico con ataques militares", afirmó, al calificar la propuesta como incorrecta, innecesaria y contraria a la identidad costarricense. Finalmente, expresó su expectativa de que la próxima administración tenga la capacidad de dialogar con las distintas fuerzas políticas y actores sociales para acordar soluciones costarricenses.
Ramírez: "Una ocurrencia nefasta"
Desde el PLN, el diputado electo Álvaro Ramírez también rechazó de forma tajante la iniciativa y la calificó como "una ocurrencia nefasta".
Ramírez sostuvo que Costa Rica no necesita tropas extranjeras para enfrentar la criminalidad, sino un gobierno eficaz y comprometido con la seguridad ciudadana. En ese sentido, afirmó que su partido ha ofrecido apoyo para garantizar los recursos necesarios que permitan fortalecer a los órganos de seguridad del Estado y mejorar su capacidad de respuesta.
El diputado electo aseguró que el PLN no aceptará bajo ninguna circunstancia este tipo de propuestas y reiteró su compromiso con la defensa de las garantías y libertades de la ciudadanía, la soberanía nacional y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para que el Estado cumpla la tarea que le corresponde en materia de seguridad.
Dobles: "Es inconstitucional y distrae de la verdadera crisis de seguridad"
Dobles cuestionó la propuesta de reformar la Constitución para permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en Costa Rica y afirmó que se trata de una iniciativa inconstitucional, inviable y que desvía la atención de las verdaderas soluciones a la crisis de seguridad.
Recordó que la cooperación con Estados Unidos ha sido —y sigue siendo— clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, pero subrayó que esa colaboración ya cuenta con instrumentos vigentes, como el tratado de patrullaje conjunto. Según indicó, gracias a esos mecanismos el país ha fortalecido capacidades operativas y de capacitación, y ha alcanzado cifras históricas de incautación de droga entre 2018 y 2022, sin necesidad de bases militares extranjeras.
"La instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio, además de ser abiertamente inconstitucional, no resuelve la crisis de seguridad que nos deja este gobierno. Más bien, distrae la atención", señaló la legisladora electa.
En ese sentido, hizo un llamado directo al equipo de la presidenta electa Laura Fernández para que concentre sus esfuerzos en fortalecer la policía, mejorar la inteligencia, recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
Dobles insistió en que el país requiere soluciones serias y viables, y advirtió que propuestas como la planteada por el abogado y asesor presidencial Fabián Sandí solo polarizan y desvían el debate de fondo sobre cómo enfrentar de manera efectiva la inseguridad. "Lo que Costa Rica necesita no son ocurrencias inviables, sino decisiones responsables", concluyó
Declaraciones polémicas
El planteamiento que ha generado el debate fue formulado por Fabián Silva, abogado constitucionalista y asesor de la presidenta electa Laura Fernández, quien sugirió públicamente que Costa Rica podría autorizar la instalación de bases militares de Estados Unidos en territorios costeros como Limón, Puntarenas y Guanacaste, como parte de una estrategia para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.
Silva argumentó que, ante las "limitaciones legales y operativas" de las fuerzas policiales nacionales para contener estructuras criminales transnacionales, la presencia permanente de tropas extranjeras en puntos estratégicos del país permitiría disuadir operaciones delictivas y facilitar la captura de capos para ser procesados fuera del país.
La propuesta, sin embargo, abre un debate jurídico de gran calado, pues la Constitución Política de Costa Rica prohíbe la existencia de un ejército permanente y no contempla la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. El artículo 12 de la Carta Fundamental proscribe el Ejército como institución permanente y establece que únicamente por "convenio continental o para la defensa nacional" se pueden organizar fuerzas militares subordinadas al poder civil, lo que no se ajusta a la presencia permanente de tropas extranjeras sin un marco constitucional específico.
Cualquier avance en ese sentido requeriría una reforma constitucional, un proceso complejo que demanda mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa y amplios consensos políticos, dada la historia de desmilitarización que Costa Rica ha mantenido desde la abolición de su ejército en 1948.
Hasta ahora, ni la presidenta electa ni otros miembros de su equipo han expresado públicamente su apoyo explícito a la idea de Silva, aunque el planteamiento ya anticipa una discusión jurídica y política de alto calibre en los próximos meses, especialmente cuando la nueva Asamblea Legislativa asuma funciones el 1.º de mayo.