Funcionarios que pagaban por incapacidades utilizaban estos 3 métodos
22 empleados del MEP y varias instituciones pagaron hasta ₡450 mil por licencias médicas
Los más de 20 funcionarios públicos que en apariencia consiguieron incapacidades médicas autorizadas por el psiquiatra Alberto Mora Ávila del hospital de Puntarenas al pagar montos de hasta ₡450 mil, utilizaban al menos tres mecanismos distintos para conseguir su cometido, informó el Organismo de Investigación Judicial.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) junto a la Sección Anticorrupción del OIJ, están ejecutando 7 allanamientos para desarticular una red de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que en apariencia, lucraban con un ilícito negocio de licencias médicas.
En su mayoría, los pacientes vinculados con la aparente compra de incapacidades, no residen en la zona y por ende, no deben ser atendidos en esa provincia.
Primer método: cita en consultorio privado
Los pacientes se presentaban a un consultorio privado del doctor Mora Ávila, especializado en psiquiatría y ubicado en El Roble de Puntarenas. Al parecer, ahí eran atendidos por parte de la esposa, una mujer de apellidos Meza Loría, quien supuestamente les facilitaba referencia médica privada.
Se presume que ella le daba la instrucción a los pacientes de presentarse a emergencias del hospital Monseñor Sanabria para que fueran valorados. Seguidamente, en dicho servicio eran atendidos por el doctor especialista en el área de Emergencias, de apellidos Solís Blanco.
Luego de valorarlos, aparentemente el médico les indicaba que al necesitar incapacidades mayores a los cinco días, requerían ser atendidos por parte de un especialista en psiquiatría, por lo que presuntamente les generaba la respectiva referencia.
Posteriormente, en psiquiatría eran atendidos por el psiquiatra sospechoso, quien al parecer facilitaba las incapacidades a usuarios que no pertenecen al Área de Salud Pacífico Central.
Segundo método: directo a urgencias
Los pacientes se presentaban directamente a Emergencias del hospital Monseñor Sanabria a buscar al mencionado doctor Solís Blanco, especialista en emergencias, quien supuestamente los remitía al Departamento de Psiquiatría.
En apariencia, emitía referencias físicas sin fecha y registrar las consultas en los expedientes del Servicio de Emergencias. Los pacientes no eran atendidos en consultorios de emergencias, ni en sala de shock, que son los lugares de atención inicial antes de que el especialista coloque nota de valoración.
Tampoco quedaba registro de nota de consultorios por parte de médico general en emergencias y él mismo, al parecer hacía la referencia a psiquiatría, para que los pacientes luego fueran atendidos por el Dr. Mora Ávila.
Tercer método: a psiquiatría sin cita
Un tercer mecanismo empleado por las personas que en apariencia compraban incapacidades a la red de funcionarios de la CCSS, era presentarse directamente al Departamento de Psiquiatría, donde presuntamente eran atendidos por parte del recepcionista apellido Ibrahain, encargado de otorgar citas a través de la plataforma EDUS.
Este asistente administrativo, quien también figura como sospechoso en este caso, al parecer se encargaba a nivel interno de asignar los pacientes al doctor especialista Mora Ávila, sin respetar las listas de espera del servicio de Psiquiatría.
Mediante todos estos métodos, conseguían ser atendidos por un psiquiatra de apellidos Mora Ávila que labora en el hospital Monseñor Sanabria, a quien se le achaca cobrar hasta ¢150 mil mensuales por cada incapacidad falsa.
De acuerdo con la investigación, hubo personas que llegaron a pagar montos de hasta ₡450 mil para conseguir incapacidades de hasta tres meses, aunque en ocasiones también otorgaba "descuentos" y cobraba menos.
En total, unos 22 funcionarios habrían gestionado las licencias médicas de forma irregular: la mayoría, 18 en total, laboran para el Ministerio de Educación Pública (MEP). Los demás se desempeñan en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Poder Judicial.
Por esa razón, esta mañana se condujeron allanamientos en las casas de 2 de los 3 funcionarios del centro hospitalario, ubicadas en San Miguel de Barranca y El Roble en Puntarenas. En esa localidad también se registró el consultorio privado del médico psiquiatra Alberto Mora Ávila.
Sus lugares de trabajo en dicho hospital también fueron allanados, así como el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja. En todos estos lugares donde se recopilará información y documentación importante para el caso.
La CCSS informó mediante sus encargados de prensa, que la administración del hospital "está colaborando con los requerimientos de las autoridades judiciales", y por el momento no brindarán mayores detalles.
"Las autoridades del establecimiento de salud informan que estas gestiones son concordantes con las actividades de control interno que ejerce la administración activa del centro médico, mediante la revisión constante de los procesos de trabajo", señalaron mediante un breve comunicado.
La atención médica se sigue brindando con normalidad en el establecimiento.