Funcionario despedido ilegalmente demandó a la muni de San José por ₡1.000 millones

"Ante esta cobardía, yo me voy a apersonar con un notario para notificarlo yo, por medio del notario. No se dejan notificar porque ahora tienen miedo de asumir las consecuencias de sus ilícitos e irregulares actos", detalló Torres en entrevista con CR Hoy.

 

Violación del debido proceso

El juzgado determinó que el despido de Torres violentó el debido proceso, generó indefensión, no se siguió la recomendación del órgano director y hubo fallas en todo el trámite. Por ello, la gestión se encuentra afectada por irregularidades y deviene en nula. Todo esto ocurrió bajo la orden de cese emitida por el alcalde Diego Miranda.

Torres planteó una pretensión económica cercana a ₡1.000 millones entre ambos procesos, por concepto de daños morales, públicos y de salud que —según afirma— han sufrido él, su esposa, sus hijos y sus padres durante los últimos meses tras el despido.

"Ahí es donde yo me cuestiono: ¿Dónde está el alcalde que cuida el erario público? Un alcalde que decide despedir ilegalmente a un funcionario solamente porque no hace su ilegal voluntad", agregó Torres.

Decisión del Juzgado de Trabajo

Según la sentencia emitida el 4 de marzo por el Juzgado de Trabajo, la resolución que terminó en la destitución del funcionario presenta una contradicción lógica interna y no expresa adecuadamente los elementos que debía contener.

Esto significa que al subdirector de Asuntos Jurídicos no se le informó formalmente sobre la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra ni se le notificó una acusación concreta de hechos.

Por ello, el tribunal determinó que el acto inicial del traslado de cargos no existe. Es decir, no se realizó la comunicación formal al investigado sobre el modo, tiempo, lugar y consecuencias legales de los hechos que se le imputaban.

Además, el procedimiento concluyó con la oficina del alcalde ordenando la sanción más gravosa contra el trabajador, pese a que el órgano director había emitido una recomendación contraria.

Explicación del caso

Mediante un oficio sin número ni fecha, el alcalde Diego Miranda remitió a la Dirección de Talento Humano de la municipalidad una relación de hechos para su investigación y la apertura de un procedimiento administrativo contra Marvin Torres.

Las acusaciones señalaban un presunto incumplimiento de deberes, por supuestamente haber disfrutado de vacaciones anticipadas sin autorización, hacer uso indebido de bienes institucionales y realizar teletrabajo sin registro ni aprobación previa.

Esto ocurrió después de que Torres se ausentara de su trabajo debido a un aborto sufrido por su esposa. Según explicó el funcionario, contaba con autorización para ausentarse e incluso presentó la epicrisis médica que acreditaba la situación.

Posteriormente, mediante una resolución del 16 de enero de 2025, el órgano director del procedimiento administrativo disciplinario de la Oficina de Asuntos Laborales de la Municipalidad de San José convocó a Torres Labardini a una audiencia oral y privada.

Ante ello, el funcionario presentó un recurso de revocatoria. Sin embargo, la Oficina de Asuntos Laborales de la Dirección de Talento Humano rechazó el recurso y elevó la apelación ante el alcalde.

El 26 de febrero de 2025, el despacho del alcalde rechazó el recurso de apelación presentado por Torres Labardini. Posteriormente, para el 5 de mayo se convocó a una audiencia oral y privada dentro del procedimiento administrativo. Tras ser reprogramada, la audiencia se realizó finalmente el 12 de junio de 2025.

El 23 de julio, la Oficina de Asuntos Laborales recomendó el archivo del expediente al concluir que el funcionario "no cometió las supuestas faltas que se le endilgaron en el traslado de cargos".

No obstante, el 1.º de agosto de 2025 el alcalde se apartó del criterio del órgano director y ordenó el despido sin responsabilidad patronal de Torres Labardini. La decisión se basó en presuntas faltas como ausencias injustificadas, abandono de labores, incumplimiento del deber de probidad, uso indebido de bienes institucionales, teletrabajo sin autorización, disfrute de vacaciones sin permiso previo y vulneración de datos personales al facilitar acceso no autorizado a sistemas municipales.

Ante esto, el funcionario presentó un recurso de apelación contra dicha resolución, alegando prescripción y el fuero de protección que lo amparaba por su condición de testigo y denunciante de presuntos actos de corrupción dentro de la municipalidad.

Por ello, solicitó que se acogiera su recurso y que se declarara improcedente su despido, además de que se le mantuviera en su puesto con pleno goce de derechos.

"Un despido ilegal"

Torres considera que su despido constituye un "acto de corrupción" por parte del alcalde Diego Miranda.

El funcionario criticó que el alcalde se haya presentado como "un paladín de la probidad contra la corrupción de Johnny Araya", pero que ahora —según afirma— está demostrando que comete "los mismos actos de corrupción" con lo que califica como su "despido ilegal".

Torres sostiene que existe una persecución en su contra por negarse a ejecutar actos que considera jurídicamente irregulares. Según explicó, no estaba dispuesto a acatar órdenes que, a su criterio, carecían de validez legal.

Además, cuestionó que inicialmente se enviaran oficiales de la Policía Municipal hasta otro cantón para notificarlo sobre su despido, situación que calificó como un "desperdicio de presupuesto".

El funcionario indicó que, aunque los ₡1.000 millones corresponden a una pretensión económica, considera que eventualmente deberá recibir una indemnización. Asimismo, señaló que aún queda pendiente la ejecución de daños y perjuicios derivados de la resolución del Juzgado de Trabajo.

Torres afirmó que recibió la decisión judicial con tranquilidad, humildad y también con felicidad, ya que todo el proceso le ha generado —según dijo— "un daño tremendo" a su familia. Sin embargo, también manifestó preocupación por la forma en que se está administrando la municipalidad.

La denuncia contra el alcalde

Torres Labardini había denunciado al alcalde Diego Miranda ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de dos plazas de gerencia sin respaldo presupuestario.

Además, en noviembre de 2024, Torres denunció a Miranda ante el Ministerio Público por una presunta influencia contra la Hacienda Pública, tras la suspensión durante varios meses del cobro de parquímetros.

Según Torres, estos hechos y su negativa a "acomodar" criterios jurídicos para favorecer decisiones de la administración motivaron la apertura de la "persecución" en su contra.

Parquímetros: millonarias pérdidas

El caso de los parquímetros se remonta al 23 de julio de 2024, cuando el alcalde convocó a una conferencia de prensa para anunciar la suspensión temporal del cobro por estacionamientos y de las multas asociadas, mientras se gestionaba la contratación de un nuevo proveedor y sistema.

Miranda aseguró en ese momento que el nuevo esquema permitiría un ahorro de hasta ¢700 millones anuales. El proceso, según indicó entonces, tomaría cinco semanas; sin embargo, no se concretó sino hasta abril de 2025, lo que provocó pérdidas millonarias para el municipio.