Frenteamplista cuestiona que Chaves y oficialismo marcharan al lado de cuestionado cooperativista
El diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña Soto, censuró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y los diputados de la fracción oficialista atendieran la convocatoria a una marcha, el pasado martes 18 de marzo, en contra del fiscal general, Carlos Díaz Sánchez, que fue organizada por Freddy González Rojas, dirigente cooperativista inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.
El día de la manifestación, González, expresidente del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), subió a la tarima junto a la activista chavista Yendry Quirós para anunciar que 500 cooperativistas habían preparado la alimentación para los asistentes y que necesitaban votos para parar la "persecución" de funcionarios del Poder Judicial contra sus "compañeros".
Este lunes, en su espacio de control político, el diputado Acuña Soto cuestionó que Chaves y sus legisladores se sumaran a este movimiento y marcharan al lado de González, alegando que el movimiento era, presuntamente, contra la corrupción.
"Si de verdad Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros estuvieran marchando en contra de la corrupción, no habrían aceptado salir a marchar al lado de gente como, nada más y nada menos, que Freddy González. Si de verdad ellos, Chaves y Cisneros, significan una ruptura con esa política tradicional del pasado, no saldrían a marchar a una marcha que, según don Freddy, fue organizada en buena medida por él", dijo Acuña.
El legislador añadió que González "una y otra vez ha salido embarrado en gravísimos señalamientos de aparentes casos de enriquecimiento ilícito".
"Ahora organiza marchas para el chavismo, pero hace unos años organizaba marchas para los Arias. Si a Rodrigo Chaves y a Pilar Cisneros les interesaba marchar en contra de la corrupción, ¿por qué salen a marchar al lado de alguien que tiene múltiples señalamientos por corrupción y manejos irregulares de la institución, representando esa cara del cooperativismo que no queremos? Ciudadanos, ustedes tienen derecho a marchar contra la corrupción, pero tienen derecho a que les informen con transparencia al lado de quién están marchando y con qué objetivos. Esa fue una marcha al lado de corruptos", dijo Acuña.
González Rojas recientemente recibió la noticia de que la Sala I anuló una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual le permitía evadir una inhabilitación de ocupar cargos públicos por cinco años que le había impuesto la Contraloría General de la República (CGR) desde abril de 2018.
La sanción quedó en firme el 19 de diciembre de 2024, luego de que los magistrados analizaran una apelación de la CGR en el caso en el cual señalaba al presidente de Conacoop de supuestamente crear y aprobar una fórmula para calcular la Tasa de Equilibrio Institucional (TEI) en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), "con graves errores matemáticos en su diseño y que consideró valores de cero en los componentes de inflación y crecimiento".
Esto derivó en una investigación penal por parte del Ministerio Público, el cual lo calificó como presunto cabecilla de una red criminal que generó millonarias pérdidas en Infocoop, por lo que fue detenido el 28 de marzo de 2017.
La investigación señala que tanto González como otros miembros de este ente pusieron en riesgo los ingresos producidos por intereses de la cartera crediticia. En su momento, defendió sus argumentos ante el Contencioso, donde le dieron la razón, pero finalmente la Sala I ratificó la sanción que la CGR le había impuesto desde el inicio.
En agosto de 2023, el expresidente de Conacoop emitió su apoyo al proyecto de ley que impulsó el gobierno, conocido como "ley jaguar", el cual no tuvo éxito. Tan solo dos meses después, la Fiscalía General desarrolló varios allanamientos y detenciones en torno al Caso Barrenador, por el cual fue detenida la entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, así como varias personas que figuraban como directivos de la institución.
A este grupo de personas se les investiga por presuntamente aprobar la adjudicación de la administración de 138 Ebais a las cooperativas Coopesiba, Coopesalud, Coopesana y Coopesaín, en apariencia pagando un sobreprecio. Luego de las detenciones, González, en nombre de Conacoop, defendió el trabajo de los imputados en ese caso y señaló al Ministerio Público de hacer "un grave daño a la hacienda pública" que le produciría a la CCSS pérdidas de más de 12 mil millones de colones en caso de que se cayeran las contrataciones para administrar los Ebais.