Frente Amplio convoca a PLN, PUSC y CAC a cerrar filas contra levantamiento de garantías individuales y reelección presidencial consecutiva
La nueva fracción del Frente Amplio (FA), que asumirá funciones el 1 de mayo entrante, llamó a los también diputados electos de los partidos opositores Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) a firmar un pacto conjunto para oponerse de manera rotunda a cualquier iniciativa que impulse el chavismo y el Partido Pueblo Soberano orientada al levantamiento de las garantías individuales como estrategia para combatir el crimen, así como a una reforma constitucional que permita la reelección presidencial consecutiva.
El pacto fue presentado este jueves en una conferencia de prensa por el excandidato presidencial del FA, Ariel Robles, junto con los actuales diputados de esa agrupación y los legisladores electos.
El documento también impulsa la defensa de la división de poderes y de la institucionalidad.
Tema sensible
El levantamiento de las garantías individuales fue un tema sensible y ampliamente discutido por los excandidatos presidenciales.
Las garantías individuales son los mecanismos legales que amparan y protegen los derechos humanos y las libertades básicas de cada persona. Están consagradas en el Título IV de la Constitución Política (artículos 20 al 49) e incluyen, entre otros, la libertad de tránsito, el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de la propiedad, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho de asociación y la igualdad ante la ley.
La propuesta de levantar estas garantías individuales fue defendida por la presidenta electa, Laura Fernández, durante su campaña presidencial.
En el artículo 121, inciso 7, de la Constitución se especifican los derechos y garantías que pueden ser suspendidos mediante una votación no menor a 38 votos, y son los siguientes:
• Libertad de tránsito: Podrían impedirle salir de su casa, moverse por el país o incluso regresar a Costa Rica.
• Inviolabilidad del domicilio: La Policía podría allanar su casa sin orden judicial, con solo alegar razones de seguridad.
• Derecho a la intimidad y a las comunicaciones: Podrían intervenirle llamadas, leer sus mensajes y revisar sus documentos privados sin que exista una orden judicial o una investigación penal abierta.
• Nadie puede ser detenido sin indicios de haber cometido un delito y sin orden de un juez: La Policía podría detenerlo pese a no tener ningún indicio de que usted haya cometido un delito y sin orden judicial.
• Derecho de reunión: Podrían impedirle reunirse con grupos en condiciones pacíficas, ya sea para negocios privados, discutir asuntos públicos o examinar la conducta de los funcionarios públicos.
• Libertad de opinión: Podrían perseguirlo por lo que diga o piense, aunque no cometa ningún delito.
• Libertad de expresión: Podrían censurar medios, publicaciones en redes sociales o limitar lo que usted comunica. Podrían censurar lo que usted crea u opine, incluso por discrepar de políticas públicas o de comportamientos de funcionarios públicos.
• Libre acceso a la información pública: Podrían ocultarle información de carácter público o negársela.