Freno a impuesto sobre cemento impide financiar becas y atención de ancianos

(CRHoy.com).- Los estudiantes que requieren una beca y los ancianos necesitados de atención para mejorar su calidad de vida están entre los perjudicados por la decisión del Gobierno del presidente Carlos Alvarado de no convocar para su discusión el proyecto de ley para generalizar el cobro de un impuesto a la producción de cemento nacional en todo el territorio y empezar a gravar la importación de esa materia prima para la construcción.

Los diputados Luis Fernando Chacón (Liberación Nacional) y Mario Castillo (Acción Ciudadana), ambos de Cartago, impulsan modificaciones al texto del proyecto para beneficiar a grupos en alto riesgo social con el dinero que se recaude con el cobro de un 5% sobre la producción e importación de cemento.

Por ejemplo, los recursos permitirían que el Colegio Universitario de Cartago impulse más programas de investigación y desarrollo y otorgue más becas para alumnos que no puedan costear sus estudios técnicos. Una parte de lo recaudado también iría a fortalecer los servicios que brinda el Asilo de Ancianos de Cartago, Claudio María Volio.

Además, el proyecto de ley permitiría llevar recursos frescos para el Colegio Universitario de Limón que se usarían exclusivamente para becas dirigidas a estudiantes indígenas o de escasos recursos.

La plata también se distribuiría para tratar a enfermos que padezcan de VIH y requieran de ayudas para costear los tratamientos para mejorar su calidad de vida. La actividad cementera también generaría los recursos necesarios para la construcción y funcionamiento del Albergue Transitorio para Personas con Deterioro Neurocognocitivo Abandonadas de la Gran Área Metropolitana.

Uno de los sectores que se vería más beneficiado con el impuesto al cemento sería el de los agricultores de la provincia de Cartago, pues una parte de lo que se recaude por la producción de cemento en la provincia se destinaría a financiar a la Corporación Hortícola Nacional que deberá destinar al menos un 25% exclusivamente a la inversión en tecnología e investigación agrícolas y de comercialización.

El desarrollo comunal también tendría una fuente de financiamiento en el impuesto a la producción e importación de cemento. Los diputado Chacón y Castillo proponen que una porción de lo recaudado financie a la Federación de Municipalidades de Cartago para el desarrollo de proyectos regionales en la provincia. Otra parte iría al desarrollo comunal de Heredia.

La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) también sería una de las instituciones beneficiarias de la recaudación del impuesto, con recursos que debería destinar a infraestructura y difusión de programas de educación entre esa población.

Las modificaciones se proponen a pesar de la parálisis que enfrenta la propuesta de ley desde que el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, presionó a Casa Presidencial para que le restara su apoyo al proyecto de ley, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018). Bolaños se oponía al cobro de un 5% sobre la entrada de cemento extranjero al país. Hoy día esa actividad aún está desgravada y constituye una distorción en el mercado a favor de los importadores.

Como el Congreso se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias durante todo el mes de agosto, si el Poder Ejecutivo no convoca el proyecto de ley N.º 19.732 los diputados no podrán discutirlo, aunque el proyecto esté listo para dar sus pasos finales hacia su debate y votación final.

El diputado José María Villalta (Frente Amplio) solicitó al Poder Ejecutivo que convoque la iniciativa de ley que propuso en octubre del 2015 el entonces diputado de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo quien hoy está convencido de que siguen habiendo presiones para que el proyecto de ley no se vote.

La importación de cemento creció en el 2015 durante el Gobierno anterior gracias a la flexibilización de los reglamentos para eliminar el impedimento de comercializar en Costa Rica cementos con más de mes y medio de fabricados.