Fracción del PUSC se reagrupa y anuncia oposición a venta del BCR

Los diputados del PUSC rechazan el proyecto. (Foto: Minor Solís)

(CRHoy.com).-La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apareció reagrupada en conferencia de prensa este lunes para anunciar el rechazo al proyecto del Gobierno que busca la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

De acuerdo con la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas, la iniciativa contiene grandes y múltiples dudas que entidades como la Contraloría General de la República (CGR) han ratificado.

"De avanzar este proyecto se pone en peligro la situación laboral de miles de funcionarios, la estabilidad económica de instituciones públicas y la posible pérdida de un valioso activo del Estado por un valor menor a la realidad del mercado", explicó.

Además, de que no hay certeza de que represente una verdadera solución o avance en la lucha contra el déficit fiscal y la alta deuda pública.

La diputada socialcristiana Vanessa Castro, quien preside la Comisión de Asuntos Económicos donde se tramita la iniciativa, explicó que el proyecto seguirá su trámite normal, pero que su destino sería el archivo.

El PUSC da nueve razones para respaldar la iniciativa:

• Valor: El proyecto no cuenta con un estudio técnico apropiado y una metodología adecuada que determine el valor real del banco. Se estima su venta en $1.785 millones, de concretarse la venta, este monto representa menos de un 3% en el pago de intereses de la deuda pública, por tanto, sería insuficiente para generar una respuesta de alto impacto a la disminución de la deuda. Adicionalmente, se plantea la venta por partes y no se toma en cuenta que más del 31% de las captaciones totales del Banco provienen del sector público, lo que provocaría un precio mucho menor de si se vendiera el conglomerado completo.
• Fuerza laboral: No contempla qué sucederá con los 4.300 funcionarios de la institución, lo cual provocaría graves afectaciones económicas para las familias y aumentaría los índices de desempleo en el país. En caso de despidos, el pago de prestaciones sería aproximadamente de ₡20 mil millones.
• Aportes a instituciones públicas: Entre el 2019 y setiembre del 2002 se han aportado más de ₡123.237 millones a entidades como la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y al Ministerio de Hacienda. El texto del proyecto simplemente no establece qué pasará con esas las cargas parafiscales que el BCR traslada por año como aporte social, lo cual podría provocar el desfinanciamiento de estas instituciones.
• Subasta: El proyecto convierte al Consejo de Gobierno en accionista de la sociedad anónima, a la que se le trasladará los activos del BCR para su eventual venta. Esto es un órgano político integrado por el Presidente de la República y Ministros, y no está habilitado como un órgano de administración activa, sin que se establezcan esquemas de control y supervisión que generan una alta inseguridad jurídica.
• Incertidumbre: No se preparó a la institución para la venta ni tampoco se tomó en cuenta el contexto actual, donde existe una contracción económica y tasas de interés altas, que implica una disminución en créditos y servicios bancarios.
• Servicios: No se tiene claro qué pasará con los 11 servicios de carácter público que ofrece el banco, dentro de los que se incluyen licencias y pasaportes. Además de o algunos como "Puntos Tucán", los cuales son una fuente importante de ingresos para negocios pequeños y profundizan la bancarización del ciudadano.
• Fiscalización: El proyecto no toma en cuenta la participación de autoridades de la Comisión para promover la Competencia, ni de las Superintendencias (Sugef, Sugeval, Sugese y Supen). Además, la Contraloría General de la República ha sido clara en señalar ausencia de controles legales en las contrataciones para la venta y muchas de las disposiciones planteadas en el texto contravienen el principio de licitación y el control de los procedimientos constitucionalmente resguardados.
• Fideicomisos: No especifica qué pasará con la administración de miles de millones de dólares en fideicomisos, que actualmente tiene el BCR en ejecución y desarrollo para la construcción de obra pública, con instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial.
• Transparencia: La venta se daría fuera de los principios de contratación pública, es decir, se contrataría a una persona o empresa para asesorar al Consejo de Gobierno, sin hacer uso de las normas que contempla la Ley de Contratación Administrativa. Además, no existe parámetros para definir el porcentaje de comisión que recibirían por la venta.