Fiscalía ya tiene fecha de audiencia para intentar “salvar” el caso Diamante
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ya tiene fecha para intentar rescatar el caso Diamante, luego de que un juez anuló las pruebas y los allanamientos obtenidos para sostener la causa sobre una supuesta red de corrupción entre alcaldes y la empresa MECO.
El pasado 10 de diciembre de 2025, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó declarar inválidas las escuchas telefónicas y, por ende, todo lo actuado a partir de estas: el resto de las pruebas recopiladas con base en las intervenciones; las detenciones de los imputados; los allanamientos y las evidencias recabadas en ellos; las indagatorias de los involucrados; las medidas cautelares impuestas; y las suspensiones del cargo.
De inmediato, la Fiscalía apeló la resolución en la misma audiencia en la que se anuló todo, como un intento por salvar el caso. Solo estaba a la espera de que el Tribunal Penal definiera una audiencia para escuchar los alegatos de la apelación y, además, valorar si el recurso es admisible.
CR Hoy conoció que la audiencia oral se fijó para el próximo 18 de marzo y 19 de marzo. Será de forma virtual, y en ella los jueces escucharán los argumentos de la Fiscalía, así como los de los abogados defensores de los imputados que forman parte del proceso.
Los equipos legales de los imputados solicitaron rechazar la apelación, ya sea por inadmisible o por el fondo, y anunciaron que pedirán el sobreseimiento definitivo por ausencia de pruebas.
El tribunal que deberá analizar la situación es el mismo que anuló las resoluciones relacionadas con crimen organizado y que, en el pasado, declaró ilegal la reducción de datos de los teléfonos de los imputados. Ese mismo órgano deberá resolver esta apelación.
Tal como se encuentra actualmente el expediente, con casi todas las actuaciones anuladas, los elementos probatorios que le restan al Ministerio Público serían muy escasos para sostener la causa tal como fue planteada inicialmente, es decir, bajo la tesis de una red criminal de corrupción que orquestaba, de manera conjunta, favorecimientos entre funcionarios públicos y empleados de la empresa constructora MECO.
El error que provocó la anulación de las pruebas no fue atribuido a la Fiscalía, sino a una jueza que incluyó información en una resolución que no correspondía a este caso.
De acuerdo con la resolución judicial, se declararon con lugar varias actividades procesales defectuosas y se determinó que las intercepciones no fueron válidas ni ajustadas a derecho. Por ello, también quedaron anuladas las actuaciones posteriores del proceso que utilizaban las escuchas como fundamento.
¿Y si no recuperan la prueba?
Si la Fiscalía no consigue en esta audiencia que la decisión sea revocada y que la prueba sea declarada válida, la otra posibilidad que tiene el Ministerio Público para mantener viva la persecución penal es individualizar las causas; es decir, separar las eventuales conductas ilícitas atribuidas a cada funcionario.
Como el caso inicialmente se tramitó bajo la figura de crimen organizado, se agruparon varios imputados y municipalidades. La alternativa sería investigar los actos irregulares de forma separada en cada gobierno local.
Por ejemplo, podría analizarse la adjudicación de una calle específica: por qué fue asignada a determinada constructora; si la cotización ofrecida era la correcta; si superó el filtro de la Contraloría General de la República; o si existieron presiones internas para que el proyecto fuera aprobado. Ese análisis debería realizarse en cada municipalidad.
Diamante nació a partir de un oficio derivado del caso Cochinilla, en el que se señaló que, dentro de las escuchas telefónicas, surgían indicios que ameritaban investigaciones en municipalidades. Por ello, este expediente se originó a partir de intervenciones que constituyeron la base del proceso.
Así, desde la perspectiva de los defensores, difícilmente existiría algún tipo de prueba que permita sustentar una eventual acusación contra alguno de los imputados.
En esta causa figuran como imputados quienes, para noviembre de 2021, ocupaban cargos de alcaldes: Johnny Araya Monge, de San José; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Alberto Cole De León, de Osa; y Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú.
El caso Diamante cobró relevancia pública en noviembre de 2021, cuando se realizaron una serie de allanamientos y detenciones de altos funcionarios municipales, en el marco de una investigación por presuntos sobornos y actos de corrupción vinculados principalmente con adjudicaciones de obra pública a la constructora MECO.