Fiscalía y OIJ acuerdan fecha para abrir celulares decomisados a imputados del caso Gandoca
Fotos publicadas por Bloque Verde sobre la denuncia de la tala en Manzanillo. Cortesía/Archivo CRH
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental convocó a una nueva audiencia a los imputados del caso Gandoca para iniciar el proceso de apertura de celulares y aparatos electrónicos que les fueron decomisados el año pasado, como parte del desarrollo del caso que se tramita en el expediente 24-00003-0611-PE.
Cinco personas fueron detenidas durante la ejecución de siete allanamientos el 16 de julio de 2024, para indagar sobre la posible comisión de presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Se trata del empresario de apellidos Pacheco Dent, el jefe de la subregión Limón-Talamanca del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), de apellidos Campbell Lindo; el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección Aclac-Sinac, de apellidos Salas Rodríguez; la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres, y la regente ambiental, de apellidos Camacho Calvo.
A ellos se les señala por influir ilegalmente de distintas formas en la obtención de un permiso para la tala de 29 árboles en dos fincas de Pacheco en Manzanillo de Talamanca, Limón, en abril de 2024.
Las propiedades bajo investigación serían parte del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (Regama), ubicado en Talamanca de Limón.
"Los hechos que se investigan ocurrieron en una finca propiedad de Playa Manzanillo, S.A., en el cantón de Talamanca, donde, al parecer, hubo una serie de irregularidades en la emisión de permisos de aprovechamiento forestal. Se cree que, de esa manera, se buscaba cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, con el presunto fin de desarrollar una infraestructura urbanística", notificó en su momento la Fiscalía.
El Ministerio Público notificó a las partes para que asistan a la audiencia, que se desarrollará entre el 5 y el 13 de mayo, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
CR Hoy tuvo acceso a la convocatoria realizada y confirmó que las diligencias de apertura de los aparatos se llevarán a cabo en los Tribunales de Justicia de Goicoechea.
El documento afirma que los trabajos se realizarán con el apoyo de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Amigo de Chaves
Pacheco Dent es un amigo cercano del presidente Rodrigo Chaves Robles, a quien visitó en al menos 11 ocasiones en su despacho en Casa Presidencial, tal como lo reveló CR Hoy en varios reportajes publicados el año pasado.
Él es el dueño de la finca donde, al parecer, se habrían cortado 26 árboles de manera ilegal con la intención de construir un camino dentro de su propiedad ubicada en Manzanillo de Talamanca, Limón.
Chaves confirmó en un acto público que tenía cercanía con Pacheco, pero se negó a revelar detalles de las múltiples reuniones que sostuvieron en su despacho en Zapote.
Por estas visitas, la Fiscalía General de la República abrió una causa penal contra el mandatario Chaves y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, la cual se tramita en el expediente 24-000041-0033-PE.
Los permisos para poder intervenir la zona boscosa dentro de la finca de Pacheco en Gandoca se otorgaron el 17 de abril de este año, según las bitácoras de ingreso que fueron analizadas por CR Hoy. Todas las reuniones entre Chaves y Pacheco ocurrieron antes de esa fecha en el despacho presidencial.
Algunos de estos registros de acceso a la sede de gobierno incluso contenían indicaciones especiales sobre la entrada de Pacheco.
Funcionario imputado, de apellido Domínguez, por caso Gandoca-Manzanillo. Foto: OIJ
Nueva audiencia de medidas
Los imputados conocieron recientemente la fecha establecida para una nueva audiencia de fijación de medidas cautelares. El Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José fijó el proceso para entre el 15 y el 18 de julio.
Esta nueva audiencia debe llevarse a cabo luego de que, en febrero pasado, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública anulara la resolución dictada por un juez en agosto de 2024, que dejó en libertad sin medidas cautelares a los imputados en el caso, acogiendo parcialmente la apelación planteada por el Ministerio Público.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) apelaron desde agosto de 2024 el rechazo por parte del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José de las medidas cautelares que habían sido solicitadas para los imputados en la causa.