Fiscalía y Defensa Pública deberán cerrar oficinas por recorte millonario
Plaza de la Justicia.|CRHOY
Distintas fiscalías del Ministerio Público y oficinas de la Defensa Pública tendrán que cerrar en 2027 si se concretan los recortes y bloqueos planteados por el Ministerio de Hacienda para el Poder Judicial en el plan de gastos del sector público del próximo año.
Son alrededor de ₡40.386 millones entre reducciones directas y recursos condicionados incorporados en el presupuesto nacional de 2027. Entre los montos a los que no se podrá acceder se encuentra el pago de instalaciones en Hatillo y Puriscal, donde la Fiscalía tendría que abandonar sus sedes.
También habrá un problema en las zonas costeras. Por ejemplo, en el Pacífico, los servicios deberán concentrarse en Puntarenas, dejando a Cóbano, Quepos y Jacó sin presencia del Ministerio Público. Esto tendría efectos sobre la continuidad de la persecución penal, al generar problemas de disponibilidad de personal, alquileres y servicios.
En el caso de la Defensa Pública, cuya función es garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa gratuita a las personas que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado particular, 50 de sus 59 líneas operativas están afectadas por el bloqueo de recursos.
Los escenarios de contingencia considerados incluyen el cierre de las oficinas de Hatillo, Cóbano, Jacó/Garabito, La Fortuna, Puerto Jiménez, Quepos y Batán. En comunidades como Puerto Jiménez se ha documentado un riesgo logístico: el traslado de casos a Golfito puede exigir desplazamientos en lanchas privadas sin seguro, ante la ausencia de un servicio oficial de cabotaje.
La viabilidad de concentrar servicios depende también de conservar herramientas tecnológicas y de teletrabajo, ya que absorber personal en sedes centrales puede aumentar la saturación física.
Los más afectados serían los usuarios, pues esto provocaría que tengan que recorrer mayores distancias e incurrir en mayores costos de desplazamiento para acceder a los servicios judiciales cuando se concentren o reduzcan los puntos de atención presencial.
Los habitantes de zonas costeras, rurales e insulares podrían quedarse sin acceso a estos servicios, además de enfrentar un mayor riesgo de rezago y tiempos de respuesta más prolongados cuando se reduzca la disponibilidad de personal, tecnología o infraestructura.
Ambas entidades también perderían casi 500 funcionarios si los diputados avalan condicionar la ocupación de esos puestos a estudios técnicos sobre la permanencia de cada uno de ellos.
El ámbito de Dirección y Administración concentra el 53,46 % del bloqueo total de la institución, lo que equivale a $15.954,7 millones destinados a servicios transversales esenciales, como tecnología, telecomunicaciones, servicios básicos e infraestructura.
Dentro de este programa, el mantenimiento de infraestructura sufre un bloqueo del 71,8 %, lo que genera un riesgo de recibir órdenes sanitarias o enfrentar cierres técnicos debido a la imposibilidad de atender oportunamente contratos vigentes de ascensores, sistemas eléctricos y obras en ejecución.
Adicionalmente, la presión presupuestaria sobre las subpartidas de alquileres pone en riesgo la continuidad de los espacios físicos utilizados por los departamentos de Trabajo Social y Psicología.
El Servicio Jurisdiccional enfrenta un bloqueo de $3.529,6 millones y cuenta con 739 plazas vacantes, de las cuales 259 corresponden a jueces y juezas.
La incertidumbre sobre las sustituciones de personal —que, ante jubilaciones o renuncias, quedarían sujetas a los rigurosos controles de la norma 12— compromete la continuidad y la capacidad operativa de los despachos, con mayor gravedad en las estructuras pequeñas o unipersonales.
Además, el bloqueo tecnológico en esta área obstaculiza la implementación del expediente electrónico penal, lo que incrementa el riesgo de rezago en la tramitación de los casos.