Fiscalía vuelve a pedir medidas contra funcionarios de UCR
Dos trabajadores universitarios permanecían separados de sus cargos desde febrero por orden de un juez
Ewald Acuña, abogado de uno de los funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) detenidos, en febrero anterior, por presuntas irregularidades en la construcción del laboratorio de Ciclotrón, una "tecnología de punta" para el diagnóstico de cáncer, informó que el Ministerio Público volvió a solicitar medidas cautelares contra los imputados.
La semana pasada trascendió que el Tribunal Penal de Hacienda anuló medidas cautelares impuestas contra esos dos funcionarios en febrero del presente año, luego de una serie de allanamientos en los que fueron detenidos.
Acuña indicó que, al finalizar la audiencia judicial en la que el Ministerio Público podía apelar la decisión del Tribunal, pidieron que se restablezcan las medidas cautelares de suspensión del cargo y prohibición de acercarse al laboratorio de Ciclotrón.
El abogado señaló que no hay un plazo específico para que se resuelva la petición del Ministerio Público, pues es "un caso muy complejo".
Los imputados son un hombre de apellido Cotter y una mujer de apellido Soto que, entre 2017 y 2020, tuvieron a cargo la supervisión de la constructora que levantó la obra. Esas dos personas fueron detenidas, el 5 de febrero, luego de una serie de allanamientos en oficinas de la UCR, la empresa Navarro y Avilés y varias viviendas de los involucrados.
"Nosotros apelamos esa medida desde que se dictó, luego tuvimos una audiencia antes de Semana Santa y nos notificaron el martes de la semana pasada, en donde nos daban la razón", comentó Acuña en una entrevista realizada días atrás.
Durante los meses en que Cotter y Soto han permanecido suspendidos la Universidad de Costa Rica suspendió el pago de sus salarios, según dijo Acuña.
El presunto delito que el Ministerio Público le achaca a los imputados es falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. El caso se originó tras una denuncia interpuesta por la administración de la UCR, la tesis es que los funcionarios señalados fueron omisos en la inspección de la obra y facilitaron su pago y entrega pese a varios defectos que requirieron inversiones millonarias para ser corregidos.
En total, el Ministerio Público estima que los supuestos pagos indebidos ascienden a $2,4 millones.
Se enviaron varias consultas a la oficina de prensa sobre este tema, pero al cierre de esta información no había una respuesta.