Fiscalía unifica pesquisas por compra de parque empresarial y destrucción de archivos
Adquisición con presunto sobreprecio del parque y destrucción de discos duros institucionales bajo la lupa
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) unificó bajo una sola causa penal las investigaciones por la presunta compra irregular con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), por parte del Fondo de Inversión Inmobiliario no Diversificada (FIIND) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) y la presunta destrucción de 2 discos duros por parte de altos mandos del banco.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que en principio abrió el expediente 21-000209-1218-PE para indagar posibles delitos en la negociación del PEP, ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas. Luego, a mediados de 2023, la Fapta abrió el expediente 23-017883-0042-PE para indagar la supuesta desaparición de información de computadoras asignadas a 2 jerarcas de la entidad financiera.
Los funcionarios en cuestión son Juan Carlos Bolaños Azofeifa, gerente de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR) y Álvaro Camacho de la O, subgerente de esa dependencia. Ambos habrían solicitado a una funcionaria externa de la entidad la destrucción de 2 discos duros que podrían contener información trascendental sobre el PEP.
Bolaños y Camacho renunciaron al BCR el 19 de junio de 2023, mismo día en que, según la versión de una testigo, habrían solicitado la destrucción de los discos duros. Previo a esto, habrían solicitado un respaldo de la información que estaba en las computadoras.
Ambos habrían indicado a la testigo que la orden de destruir los discos la giró Douglas Soto Leitón, gerente general del banco, quien este 29 de abril rechazó tales afirmaciones.
Como existe una posible relación entre los 2 hechos bajo investigación, la fiscalía determinó que lo más conveniente era seguir las pesquisas de manera unificada bajo el primer expediente vinculado al caso del parque empresarial.
"La Fapta informó que las causas se tramitan de manera conjunta, por lo que el delito, por ahora, es el mismo: sobreprecio irregular. Sin embargo, esto podría cambiar, según el avance de la investigación.
El caso se sigue contra ignorado, es decir, hasta este momento no hay personas imputadas individualizadas", confirmaron
La fiscalía añadió que debido a que el caso está en una etapa que es privada, no pueden brindar más detalles en apego al Artículo 295 del Código Procesal Penal.
Compra del PEP
Parque Empresarial del Pacífico. Foto: Marco Sharp / YouTube
La adquisición del PEP estuvo llena de cuestionamientos desde el inicio, pues el FIIND del BCR SAFI desembolsó más de $70 millones a la sociedad anónima 3-101-764316 S.A., relacionada con el exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales.
La polémica se agravó cuando se empezaron a presentar los avalúos anuales correspondientes ante la Superintendencia General de Valores (Sugef) donde se concretó una pérdida del valor que asciende a los $42 millones.
El último estudio realizado por parte de la empresa Logan, incorporado en un Hecho Relevante ante la superintendencia, estimó el precio del inmueble en $28 millones, el 16 de febrero de 2024.
A raíz de esto, la Fiscalía mantiene una investigación para determinar si existió alguna intención de beneficiar a alguna de las partes con la compra del parque, sin embargo, los elementos de prueba todavía no permiten señalar quién o quiénes pudieron interferir en esa negociación.
Para poder sustentarlo se obtuvo actas de junta directiva, firmas de contratos e informes del Comité de Riesgo y del Comité de Inversiones, donde figuran más de una decena de personas que aprobaron la adquisición.
No obstante, después de la compra se reveló un sinfín de inconvenientes que acarreaba la propiedad adquirida por la SAFI, entre los que figuran:
- Ausencia de plan contra incendios aprobado por el Cuerpo de Bomberos.
- Ausencia de agua propia suficiente para proveer a todas las bodegas.
- No cuenta con infraestructura requerida en calles internas y aceras.
- No tiene permiso del MOPT para acceso desde ruta nacional.
- Permisos sanitarios con los que cuentan no les permite utilizar bodegas frías, por lo que reduce la capacidad de arrendamiento.
- Ingresos por alquileres muy por debajo de lo esperado.
- Deudas de inquilinos llegaron casi a los $2 millones el año pasado.
- El 2023 cerró con ocupación menor al 50%.
A estos se suma que los rendimientos de la SAFI han disminuido en los últimos años a raíz de los escándalos en los que han estado inmerso el parque.
Pese a esto, en la última asamblea la Sociedad se comprometió a ejecutar un plan para solventar estas y otras deficiencias que no han logrado solucionar en los últimos cuatro años.
Presunta destrucción de discos duros
Alvaro Camacho de la O y Juan Carlos Bolaños Azofeifa
El otro expediente es el relacionado con la destrucción de 2 discos duros de las computadoras de Bolaños Azofeifa y de Camacho Azofeifa.
Ambos renunciaron el 19 de junio del 2023 y, según el informe FI-1074-23 de la Unidad de Investigación del banco, ese mismo día ordenaron a una ingeniera informática subcontratada para labores de mantenimiento tecnológico que respaldara en un disco duro externo la información que ambos tenían en sus correos durante el último año.
El informe efectuado por la Unidad de Fraude Interno de la Unidad de Investigaciones del BCR se hizo para determinar la posible responsabilidad de los altos mandos en la destrucción de discos duros de computadoras institucionales.
Según el testimonio brindado por la ingeniera al Ministerio Público, Bolaños y Azofeifa habrían pedido la destrucción de los discos con un destornillador y alegaron que existía una orden girada por el gerente general.
"Cuando ellos me solicitaron proceder con la destrucción de dichos discos duros, me indicaron que era por una solicitud girada por Douglas Soto, por lo que en ese momento abrí los equipos, extraje los discos duros de los equipos frente a ellos, procedí con la destrucción con un desatornillador y se los entregué a Alvaro Camacho y Juan Carlos Bolaños, respectivamente", confesó.
A lo interno del banco, figura como Soto investigado debido a la presunta solicitud que dio para la destrucción de los discos duros.
La unidad interna del banco sugirió a la fiscalía abrir una causa contra el jerarca bancario por los hechos detectados, pues a su criterio existe la posibilidad que configure un posible delito de incumplimiento de deberes.
Soto rechazó "enérgica y vehementemente la afirmación" que se hizo a raíz de nuestra consulta, asegurando que él en ningún momento giró instrucción para destruir los discos duros ni cualquier otro activo del BCR. Acotó que más bien una vez que se enteró de lo sucedido, solicitó las indagaciones pertinentes.
Por su parte, el BCR adujo que es respetuoso del ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, está en la mejor disposición de colaborar con cualquier investigación.
Para la investigación interna, los criminólogos del banco entrevistaron testigos, recopilaron bitácoras, obtuvieron grabaciones de video, recolectaron documentación, entre otras labores, para identificar todos los detalles de la posible participación de Bolaños Azofeifa y de Camacho de la O en la destrucción de los discos.
