Fiscalía sostiene que Pecho de Rata puede ser extraditado por narco, aunque ya haya purgado pena por drogas
Uno de los alegatos de la defensa de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata o Diosito, para tratar de frenar su extradición hacia Estados Unidos es que ya fue condenado por un delito de drogas en Costa Rica.
El argumento se basa en un principio universal del derecho denominado non bis in idem o prohibición de doble incriminación, el cual establece que ninguna persona puede ser juzgada penalmente dos veces por el mismo hecho punible.
Se trata de una garantía constitucional fundamental (artículo 42) que no permite procesar o sancionar a una persona más de una vez por el mismo hecho. Se aplica tanto en materia penal como administrativa y evita la doble persecución judicial sobre el mismo sujeto, objeto y causa.
En los recursos de apelación contra la extradición interpuestos por los abogados de López, se alegó que él ya purgó una pena en suelo costarricense por un caso de narcotráfico y que, por esa razón, no podría ser juzgado por la justicia estadounidense por hechos similares.
"Hay un aspecto de cosa juzgada: don Edwin se le juzgó en el año 2014 por un delito de la misma naturaleza. El fundamento por parte de la defensa es que esta actividad delincuencial se ha venido desarrollando durante años y esa acción no viene de manera concreta.
El estado requiriente no define si este hecho por el cual ya fue juzgado en Costa Rica es parte de los hechos que se le viene reprochando en la solicitud de extradición", detalló Andy Jack Sánchez, abogado.
El jurista reclamó que no se valoró adecuadamente la cosa juzgada material en el caso de Pecho de Rata, pues los hechos señalados abarcan de 2008 a 2015, período en el que ya fue condenado y cumplió una pena en el país.
Estos argumentos fueron expuestos desde la presentación de la apelación, meses atrás, y reiterados en diciembre, cuando se realizó una audiencia para valorar el recurso que busca frenar la entrega de Diosito a EE. UU.
Otra postura
No obstante, el Ministerio Público aclaró que, aunque se trataría de delitos de naturaleza similar, no corresponden a los mismos hechos. A Pecho de Rata se le juzgó y sentenció en Costa Rica por cargamentos específicos.
"Aquí lo que se debe analizar son los hechos por los que don Edwin fue condenado. Él tiene ya dos condenas por delincuencias relacionadas a transporte de drogas, sentencias que ya están en firme y que él ya purgó.
Una del 2004 y una del 2014, por hechos muy puntuales. El abogado del extraditable está alegando que él ya fue condenado por esto y que no se le puede extraditar. Es importante hacerles saber que la cosa juzgada en efecto es un principio que gobierna.
Pero para el presente caso y como se señaló en la audiencia, consideramos que no hay esa identidad de los hechos ni las personas. EE. UU. está pidiendo a don Edwin por formar parte de una organización de tráfico internacional de drogas que operó desde Colombia a través de distintos medios y que ha mandatado toneladas de cocaína en muchas ocasiones y en distintos rangos de tiempo", explicó el fiscal.
Las condenas que López Vega ya cumplió corresponden a casos concretos ocurridos hace 21 y 11 años, cuando fue detenido en retenes policiales con distintas cantidades de estupefacientes.
En esos procesos nunca se le acusó —como sí lo hace la Corte del Distrito Este de Texas— de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Golfo, ni de que la droga tuviera como destino final Norteamérica.
Un juez autorizó la extradición de forma diferida, lo que permite la entrega a Estados Unidos una vez que se extingan las causas penales que López Vega enfrenta en Costa Rica.
Apelación
En la resolución final, el tribunal puede confirmar, modificar o anular lo previamente resuelto. Esa etapa aún no ha ocurrido en este proceso. En caso de que se rechace la apelación, no existiría otro recurso ante la jurisdicción nacional.
Las defensas de López Vega, del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe —también encausados en el expediente— plantearon múltiples objeciones jurídicas para revertir la resolución.
En el caso de Sánchez, apeló la extradición de López y Álvarez —de quien es codefensor— con cuatro argumentos principales. Señaló que el Tribunal habría interpretado de forma errónea la reforma del artículo 32 constitucional, al tratarse —según su criterio— de una norma sustantiva sin efectos retroactivos.
Además, alegó la ausencia de un análisis adecuado sobre la doble incriminación en relación con la asociación delictiva o la tentativa de integrar un grupo criminal, así como la omisión del control de convencionalidad respecto de tratados internacionales de derechos humanos.
En otro recurso autónomo, López también ejerció su defensa material mediante un escrito autenticado por una abogada que inicialmente no estaba apersonada como defensora.
Su apelación se basó en dos puntos: la presunta aplicación errónea de los principios de jurisdicción universal y territorialidad, y la supuesta insuficiencia probatoria para cumplir los requisitos internacionales de extradición, conforme al principio de que los pactos deben cumplirse (pacta sunt servanda).
El 7 de octubre, el Tribunal Penal de San José avaló la extradición de los tres requeridos por Texas, aunque la entrega solo podrá realizarse una vez que se extingan las causas penales que enfrentan en Costa Rica.
López Vega enfrenta dos causas penales por legitimación de capitales en el país. Una ya está lista para juicio en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón, sede Bribrí, programado del 11 al 29 de mayo de 2026 (expediente 15-000026-1322-PE).
La otra, también por lavado de activos (expediente 25-000036-1322-PE), se originó tras su detención este año con una gran cantidad de dinero en efectivo y aún se encuentra bajo investigación.
Esta segunda causa podría resultar más sencilla de resolver para la Fiscalía, al encontrarse en etapa preliminar, lo que permitiría aplicar un criterio de oportunidad sin obstaculizar la extradición.
La primera, en cambio, representa un mayor obstáculo, pues al estar en etapa de juicio, el Ministerio Público ya no puede desistir de la acción penal.
No obstante, podría optarse por un procedimiento especial abreviado, una vía judicial que permite resolver causas penales de forma más rápida, mediante la admisión de los hechos por parte del acusado a cambio de una reducción de la pena.
La causa más reciente se abrió este mismo año. El pasado 12 de mayo, López fue interceptado por investigadores en Curridabat, sobre la autopista Florencio del Castillo, durante una "transacción sospechosa".
Ese día viajaba a bordo de un BMW modelo 2026 y, al momento del intercambio, portaba ₡3 millones en efectivo, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Aunque fue liberado posteriormente, el dinero y el vehículo le fueron decomisados.
La historia
López salió de prisión en diciembre de 2023, tras cumplir una condena de ocho años por narcotráfico, luego de haber sido vinculado con el decomiso de más de 300 kilogramos de cocaína. La otra causa por legitimación de capitales que impide su extradición se remonta a 2015.
Varios de sus familiares —incluidos algunos de sus hijos— son investigados en el expediente denominado Caribe Sur (21-000078-1322-PE) por presunto lavado de dinero mediante negocios como un bar, un gimnasio, un redondel y una constructora, entre otros.
Pecho de Rata fue el primero de los extraditables en ser detenido. Fue capturado por el OIJ en una de sus propiedades en Cahuita, Limón. Un informe de la DEA que respalda la solicitud de extradición sostiene que López utilizaba una finca en Sixaola para recibir avionetas cargadas con cocaína.
Se trata, aparentemente, de dos propiedades con acceso directo a playa Gandoca y al río Sixaola, a solo diez minutos de distancia entre sí, puntos identificados como rutas de ingreso de droga y que desde 2023 quedaron más expuestos tras el retiro del puesto de Guardacostas.
Las fincas no estaban inscritas a nombre de López Vega, sino arrendadas por la sociedad Hermanos López Tyndall, conformada por sus hijos y en la que él figuraba como fiscal. La sociedad continúa bajo control de sus familiares y las propiedades abarcan unas 95 hectáreas.
Una fuente confidencial declaró que López Vega adquirió la finca en Sixaola para recibir aeronaves con cocaína y que mantenía una estrecha colaboración con Celso Gamboa, incluso en operaciones de lavado de dinero a través de un equipo de fútbol profesional en Limón.