Fiscalía solicitó apertura de juicio contra funcionarios de Supen por aparente nombramiento ilegal
Caso se maneja bajo el expediente 23-000234-1218-PE
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública una solicitud de apertura de juicio en contra de 6 personas que figuran como sospechosas del aparente nombramiento ilegal de un funcionario en la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Según la acusación que presentó la Fiscalía, un hombre identificado como de apellidos Pacheco Umaña, asumió el puesto de director de Planificación y Normativa en la Supen, al parecer de forma ilegal.
Además de Pacheco, señalado por el presunto delito de falsedad ideológica, los otros acusados por la Fiscalía son:
| Imputado: | Delitos acusados: |
| Aguilar Montoya, Superintendente General de Entidades Financieras y Superintendente de Pensiones | Nombramiento ilegal y prevaricato |
| Soley Pérez, Superintendente General de Seguros | Nombramiento ilegal |
| Dent Zeledón, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) | Nombramiento ilegal y falsedad ideológica |
| Pacheco Umaña | Falsedad ideológica |
| Chaves Hernández, laboraba en el departamento de Gestión del Factor Humano del Banco Central. | Incumplimiento de deberes |
| Vallejos Naranjo, funcionaria del Área de Comunicación y Servicios de la SUPEN | Incumplimiento de deberes |
"Según la acusación de la FAPTA, estas personas habrían promovido y nombrado de manera ilegal al coimputado en la División de Planificación y Normativa de la SUPEN, pese a que no cumplía con la totalidad de los requisitos.
Además, se sospecha que Pacheco y Dent indicaron en documentos públicos que el interesado contaba con un requisito del cual, presuntamente, carecía, mientras que, en apariencia, las funcionarias Chaves y Vallejos estaban enteradas de esta irregularidad", mencionó el comunicado de prensa del Ministerio Público.
Esta acusación se presentó dentro del expediente 23-000234-1218-PE y se está a la espera de que el Juzgado Penal programe la audiencia preliminar para determinar si el caso se elevará a un debate oral y público.
"El Conassif y los jerarcas de las superintendencias han colaborado plenamente ante las solicitudes de información de la Fiscalía.
Debido a la etapa en la que se encuentra el proceso y por respecto al ordenamiento jurídico costarricense, los funcionarios ligados al caso no brindarán declaraciones adicionales", mencionó Conassif a través de su oficina de prensa.