Fiscalía: Rodríguez Vives tuvo enlace directo con Erwen Masís en el BCIE

La Fiscalía General apunta a que Jorge Rodríguez Vives, exjefe de despacho de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, fue el enlace directo con Erwen Masís Castro, representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para concretar la contratación del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas.

Rodríguez Vives y Chaves Robles fueron acusados penalmente por el presunto delito de concusión, pues ambos habrían formulado un plan delictivo para inducir a Bulgarelli Rojas a entregar $32 mil a Federico Cruz Saravanja, asesor del presidente en temas publicitarios, a cambio de mantener la contratación para el diseño de productos comunicaciones en beneficio de Casa Presidencial.

Chaves solicitó $1 millón de cooperación no reembolsable al BCIE. De esa cantidad, se destinaron $405 mil para la contratación de Bulgarelli a través de la empresa RMC La Productora.

El contrato de Bulgarelli fue suscrito directamente con el BCIE. Incluso, según admitió el empresario, los términos de referencia que resultaron en el proceso de licitación fueron redactados por él en acuerdo con las autoridades de gobierno.

Entre octubre de 2022 y febrero y agosto de 2023, el empresario cumplió con el contrato y aportó 88 productos audiovisuales, documentos e informes variados para Casa Presidencial.

Masís Castro, exdiputado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, entre 2018 y 2022) asumió la representación de Costa Rica en el BCIE el 8 de noviembre de 2022, luego de que el gobierno de Chaves decidiera destituir del cargo al economista Alberto Franco Mejía, quien fue designado en julio de 2022.

Antes de asumir el puesto, Masís Castro fungió como el asistente ejecutivo de Franco Mejía en el BCIE.

La Fiscalía General sostiene que entre mayo y octubre del 2022, para ejecutar el plan preconcebido, Rodríguez Vives tuvo contacto con Bulgarelli Rojas previo al proceso de contratación y lo convocó a varias reuniones en Casa Presidencial.

En dichos encuentros, se instruyó a Bulgarelli para que elaborara los términos de referencia a la medida del contrato.

"Continuando con su actuar delictivo, el acusado Rodríguez Vives se encargó de la revisión de dichos términos de referencia elaborados por Bulgarelli Rojas y fungió también como enlace directo de comunicación con Erwen Masís Castro como funcionario del BCIE, todo para asegurar la adjudicación del contrato a dicha empresa, esto sobre los posibles oferentes y se destinara la suma de $405 mil, como pago por el trabajo que ya venía realizando la indicada empresa, logrando con ello, que a través de esta adjudicación se contara con el dinero para favorecer, tal y como lo exigía el acusado Chaves Robles, al coimputado Cruz Saravanja", puntualiza la acusación formulada por Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público.

Al ser consultado sobre este punto, Masís respondió que "rechaza categóricamente que existiera ningún vínculo entre él y los procesos de adjudicación relacionados con la empresa de Bulgarelli".

"Mi ingreso al BCIE se dio el 1 de julio (de 2022), hasta el 22 de noviembre de 2022 fungí como asesor del Director por Costa Rica y a partir de ahí hasta la fecha como Director por Costa Rica ante el BCIE. En ninguna de mis 2 posiciones he tenido participación alguna en la gestión, coordinación o adjudicación de cooperaciones técnicas no reembolsables de forma directa o indirecta", enfatizó el exdiputado, a través de la oficina de prensa del BCIE.

En febrero de 2023, 4 días después de recibir un pago del BCIE por los servicios contratados, Bulgarelli transfirió $32 mil a Cruz Saravanja a través de una cuenta de RMC La Productora para cumplir con la presunta obligación impuesta por Chaves y Rodríguez Vives.

La Fiscalía General sostuvo que el 24 de febrero de 2023, Bulgarelli Rojas, "obligado e inducido" por Chaves, tras las coordinaciones previas concretadas por Rodríguez Vives, entregó el dinero que fue utilizado por Cruz Saravanja para pactar el contrato de alquiler con opción de compraventa de una casa ubicada en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago.

Cruz y la dueña del inmueble, de apellido Fernández, acordaron que los $32 mil facilitados por Bulgarelli se distribuirían de la siguiente forma: $20 mil por la opción de compraventa; $12 mil, de los cuales $7.200 serían abonados a la señal de trato por la opción de compra y $4.800 como abono a las mensualidades de alquiler.

Según la acusación, Choreco procuró que la retribución económica no quedara registrada a su nombre para no dejar rastro de los planes coordinados con Chaves y Rodríguez. Para eso, pidió a Bulgarelli que firmara el contrato de alquiler con opción de compraventa, pero este se negó.

Pese a ello, el 24 de febrero de 2023, el productor audiovisual realizó la transferencia bancaria de los $32 mil a la propietaria de la casa. El movimiento de dinero se concretó a las 9:35 a.m. desde una cuenta de la empresa RMC La Productora hacia una cuenta de Fernández en el Banco Popular (BP).

Ese mismo día, ante una abogada y notaria pública de apellido Guerrero, mediante la escritura pública 106, del protocolo número 7, comparecieron Cruz Saravanja, en calidad de inquilino- comprador del inmueble (esto ante la negativa de Bulgarelli Rojas de firmar dicho contrato) y Fernández como arrendante-vendedora, pactándose entre ambos un contrato de alquiler por el plazo de 6 meses, con opción de compra venta una vez vencido el plazo anterior, quedando consignado que los pagos debían depositarse a una cuenta del BP a nombre de Fernández.

Cruz Saravanja fue desalojado del inmueble el 8 de agosto de 2024 por falta de pago en el alquiler del inmueble.

La versión dada por Bulgarelli a la Fiscalía General fue confirmada por Patricia Navarro, exministra de Comunicación del gobierno de Chaves, quien estuvo presente durante el proceso de negociación del contrato.

Navarro confirmó que Chaves exigió e indujo a Bulgarelli para que Cruz fuera incluido en el contrato con el BCIE.

La acusación fue entregada este lunes 7 de abril a la Secretaría General de la Corte Plena para el trámite debido de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes. También, fue comunicada a la Procuraduría General de la República (PGR), como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.

En contra de Bulgarelli se mantiene la causa penal 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que Bulgarelli falte a su compromiso con la Fiscalía, entonces  se continuará con la persecución penal en su contra.

Choreco fue estratega de campaña de Chaves durante las elecciones de 2022. Al inicio del gobierno fungió como uno de los asesores principales del mandatario y luego, entre 2023 y 2024, fue presidente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda (ACRM) para el proceso electoral municipal de febrero de 2024. Esa agrupación no cumplió con los requisitos para participar por puestos de alcaldía y en marzo de 2024 Cruz abandonó el partido.