Fiscalía: Rodrigo Chaves fraguó plan delictivo para que Choreco ganara $32 mil en contrato con el BCIE

El presidente Rodrigo Chaves y el exministro de comunicación Jorge Rodríguez, idearon un plan para obligar al productor audiovisual Cristian Bulgarelli a pagar $32 mil al amigo y asesor de Chaves Federico Cruz, alias "Choreco". Dichos fondos salieron del pago que recibió Bulgarelli de un contrato firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la empresa de Bulgarelli.

Así lo detalla la Fiscalía General en la acusación presentada este miércoles contra Chaves,  Rodríguez y "Choreco" por el delito de concusión.

El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público, abusando de su cargo o funciones, obliga o induce a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para él mismo o para un tercero.

La Fiscalía General señala que Chaves Robles, (…) como parte de esos "carifiitos", obligó e indujo al empresario Christian Bulgarelli Rojas a dar indebidamente un beneficio patrimonial en favor de Cruz Saravanja, a cambio de la adjudicación del contrato a su empresa, el cual consistía en una retribución económica a título de "comisión", derivado del pago de la contratación, bajo la advertencia de perder la oportunidad de obtener el contrato en caso de no hacerlo. Esto como reconocimiento a la efectiva colaboración prestada por Cruz Saravanja a la campaña electoral donde resultó electo el coencartado Chaves Robles, la asesoría personal que le brindaba en Casa Presidencial y la relación íntima de amistad entre ambos", cita la acusación, firmada por el fiscal general, Carlo Israel Díaz.

Para materializar el plan, Chaves solicitó al BCIE $1 millón, como parte de la cooperación de fondos no reembolsables que recibe anualmente el país, de los cuales se destinaría una parte para la contratación de los servicios de consultoría estratégica en comunicación, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Casa Presidencial.

De esos recursos, más de $400 mil se destinaron para contratar al productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, de la empresa RMC La Productora.

La Fiscalía General añadió que a Rodríguez Vives, con pleno conocimiento del plan delictivo, le correspondió ejecutar y asegurar todas las acciones necesarias para asegurar "una contratación dirigida y a la medida".

La investigación realizada por el Ministerio Público estableció que la tarea del hoy ministro de Cultura incluyó "mantener el contacto directo con una empresa que sería contratada para tal fin, así como la planificación previa a la contratación, la administración de los dineros y fungir como enlace directo con el BCIE como encargado de llevar a cabo el proceso de contratación, de la cual se derivaría finalmente el beneficio económico indebido para Cruz Saravanja".

Según el documento de la acusación, fue el propio Rodríguez Vives quien se encargó de la revisión de los términos de referencia elaborados por Bulgarelli Rojas y fungió también como enlace directo de comunicación con Erwen Masís Castro, representante de Costa Rica ante el BCIE, nombrado por Chaves, todo para asegurar la adjudicación del contrato a dicha empresa, esto por encima de los posibles oferentes y con tal de que se destinara la suma de los $405 mil como pago por el trabajo que ya venía realizando la indicada empresa, logrando con ello, "que a través de esta adjudicación se contara con el dinero para favorecer, tal y como lo exigía el acusado Chaves Robles, a Cruz Saravanja.

El texto acusatorio señala que Chaves Robles, aprovechando de la investidura como mandatario, procuró que Cruz Saravanja obtuviera un beneficio económico a través de la contratación adjudicada a Bulgarelli Rojas.

"Chaves Robles, abusando del ejercicio del más alto cargo en la función pública, en virtud de su condición de presidente de la República de Costa Rica, y mientras se daba el proceso previo a la adjudicación, en una de las reuniones donde se encontraba el coimputado Jorge Rodríguez Vives, la (entonces) ministra de Comunicación Patricia Navarro Molina y el señor Bulgarelli Rojas, indicó: "…nada más me gustaría ver el contrato porque yo también tengo un montón de antojos de muchas cosas… y tal vez pedir un par de, como se llama, de chineos, de cariñitos". Acto seguido, el acusado Chaves Robles como parte de esos 'cariñitos' obligó e indujo al empresario Bulgarelli Rojas a dar indebidamente un beneficio patrimonial en favor de Cruz Saravanja, a cambio de la adjudicación del contrato a su empresa, el cual consistía en una retribución económica a título de comisión", derivado del pago de la contratación, bajo la advertencia de perder la oportunidad de obtener el contrato en caso de no hacerlo. Chaves Robles y el inminente riesgo de no conseguir el "Contrato Marco de Prestación de Servicios de Consultoría", por el cual había trabajado por varios meses, el señor Bulgarelli Rojas se vio obligado a entregarle un beneficio patrimonial indebido al encartado Cruz Saravanja", apunta el documento.

Pago de los $32 mil

La Fiscalía General acreditó que Bulgarelli pagó a Choreco los $32 mil el día 24 de febrero de 2023, obligado e inducido por la intermediación del presidente Chaves.

Dicho monto fue utilizado por Choreco para pactar un contrato de alquiler con opción de compraventa de una casa situado en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago.

De acuerdo con la negociación realizada por Cruz Saravanja y la propietaria del inmueble, de apellidos Fernández Vilchez, los $32 mil se desglosarían en:

• $20 mil correspondientes a la opción de compraventa.
• $12 mil, de los cuales $7.200 serían abonados a la señal de trato por la opción de compra, y $4.800 como abono a las mensualidades de alquiler.

Choreco, con el objetivo de que la retribución económica no se registrara a su nombre y de esa forma no quedara rastro de que recibió el beneficio indebido, según lo planificado por los acusados Chaves Robles y Rodríguez Vives, le solicitó al señor Bulgarelli Rojas que firmara él el mencionado contrato de alquiler con opción de compraventa (este se negó). No obstante, realizó la respectiva transferencia bancaria a la propietaria del inmueble Fernández Vilchez. Ese mismo día, el 24 de febrero del 2023, al ser las 09:35 a.m. Bulgarelli Rojas depositó la suma de los $32 mil.

La Fiscalía General aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.

En contra de Bulgarelli se sigue la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.