Fiscalía reabre caso contra exdiputado que supuestamente quitó mitad de salario a asesor

(CRHoy.com) El Ministerio Público reabrió una investigación contra el exdiputado Otto Roberto Vargas Víquez, por presuntamente haberle quitado la mitad de su salario a un asesor suyo en la Asamblea Legislativa, para pagar "favores políticos".

La pesquisa fue desestimada por falta de prueba el 30 de marzo de 2020 por el Tribunal de Corte Plena, al resolverse una acusación y solicitud de levantamiento del fuero que -como miembro de los Supremos Poderes- protegía al excongresista y presidente del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Sin embargo, seis meses atrás, la Unidad Especializada de la Fiscalía General solicitó la reapertura del caso al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el tanto que por lo menos un testigo indicó que cambiaría su versión. El órgano jurisdiccional finalmente dispuso reabrir el expediente.

Debido a que ya había culminado el periodo constitucional anterior, el 30 de abril de 2022, Vargas Víquez perdió la inmunidad y con ello, el expediente que se le sigue pasó a la vía ordinaria, quedando en manos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), confirmó su oficina de prensa a CRHoy.com.

Valga recalcar que la investigación regresó a su etapa preparatoria. De esta manera, el despacho se mantiene en la recopilación y análisis de prueba; no obstante, esta fase es privada para terceros, según establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.

El abogado del imputado, Rafael Gairaud Salazar, aun así, rechazó vía telefónica que su defendido le hubiera impuesto a alguna persona una situación de ese tipo y mantuvo que la situación de los pagos obedeció a un acuerdo entre partes. Incluso, el jurista reveló que todos los testigos fueron entrevistados y todos ratificaron lo que desde un primer momento habían manifestado.

Una vez culminada la pesquisa, el Ministerio Público deberá hacer un requerimiento conclusivo ante el Juzgado Penal. Este puede ser una acusación con solicitud de auto de apertura de juicio, una desestimación o un sobreseimiento.

El caso en cuestión se tramita bajo el número de referencia 18-000175-0033-PE. La denuncia había sido presentada por Andrés Monge Marranghello y fue dada a conocer por el sitio de noticias AmeliaRueda.com.

Dicho documento -al que este medio también tuvo acceso- apunta que la víctima durante la campaña electoral de 2018, Vargas Víquez le solicitó grabaciones de video, ediciones y mezclas, además de promocionales en redes sociales, a cambio de una plaza en el Congreso con un salario de ¢570.000. Los trabajos hechos por el ofendido ascendieron el ¢1.000.000, pero no recibió ningún pago por estos, sino que, a partir del 1° de mayo de ese año, fue nombrado en el despacho del entonces legislador.

No obstante, el otrora diputado supuestamente le exigió al agraviado que entregara la mitad de su salario a favor de un compañero de oficina, de apellidos Montenegro Aguilar, bajo amenaza que, de lo contrario, perdería su empleo.

Inicialmente, al asesor se le indicó que esa situación sería solo por las primeras "dos o tres quincenas", pero acabó extendiéndose por hasta cuatro meses.

El aparente beneficiario es esposo de la vicepresidenta, extesorera y excandidata a diputada por San José del Republicano Social Cristiano, Mariana Fernández Sing, con quienes el excongresista tenía un compromiso relativo a la campaña, dijo en ese momento Monge Marranghello.

El denunciante acabó entregando ¢206.000 mensuales, "exactamente la mitad de mi salario neto quincenal, luego de las deducciones de ley", puntualiza el documento en poder de CRHoy.com. En total, entregó ¢824.000.

Al no estar dispuesto a tolerar más esos actos abusivos e irrespetuosos de nuestro ordenamiento jurídico, pues yo necesito de mi salario para mi propia subsistencia, y para el pago de la hipoteca y gastos de la casa donde vivo con mi madre, el denunciado Otto Roberto Vargas Víquez, el 3 de setiembre (de 2018) en horas de la tarde, en el Plenario, y en presencia de varias personas presentes, procedió a exigirme que borrara todo el contenido de ms conversaciones por WhatsApp, bajo amenaza de despedirme, en un intento de encubrir sus actos ilícitos, y luego de manera verbal me despidió estando en el Plenario de la Asamblea Legislativa, al no ceder ante su coacción.

Denuncia contra Otto Roberto Vargas Víquez

En la queja se aportaron impresiones certificadas de conversaciones por WhatsApp entre las partes, grabaciones de llamadas telefónicas y se solicitaron entrevistas con el resto del personal del despacho de Vargas Víquez.

Determinaciones previas

Por estos hechos, la anterior fiscala general Emilia Navas Aparicio acusó a Otto Roberto Vargas Víquez de presunta concusión, tal y como lo dio a conocer el semanario Universidad el 11 de junio de 2019.

Dicho delito está contenido en el artículo 355 del Código Penal, que castiga con entre 2 y 8 años de cárcel al funcionario público que, "abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial".

Sin embargo, el 30 de marzo de 2020, 14 de los 22 magistrados acordaron desestimar el caso; decisión que fue recurrida cinco meses después por la jefa del Ministerio Público, a quien le correspondían los procedimientos contra las personas con fuero de improcedibilidad penal.

Pero en el voto de mayoría, los altos jueces determinaron que la acusación carecía de elementos de prueba, publicó AmeliaRueda.com. Esa situación fue confrontada en dos votos de minoría por magistrados que consideraron que ese tipo de análisis no correspondía al Tribunal de Corte Plena.

De acuerdo con el abogado Rafael Gairud Salazar, la decisión de reabrir tuvo como origen una gestión efectuada unos seis meses atrás por el denunciante Andrés Monge Marranghello ante el órgano acusador, comunicándole una supuesta variación de circunstancias, que -desde su perspectiva- darían pie a una acreditación de los hechos.

Sin embargo, el jurista descartó que tal situación se diera y apuntó que, tras nuevas entrevistas, testigos ratificaron que les constaba que el ofendido acordó con Montenegro Aguilar la repartición del salario.

Cuando los testigos son reentrevistados, debo decirle que todos los testigos dicen que cuando ellos rindieron la declaración original, de cuando don Otto era diputado, ellos no mintieron. O sea, esto viene a establecer que lo que ellos declararon en aquel momento en la etapa de aplicación de las reglas de juzgamiento de los Supremos Poderes es la verdad.

¿Cuál es el contenido de la declaración de ellos en aquel momento?  Que había un acuerdo entre Monge Marranghello y el otro compañero, entre ellos, para distribuirse el salario de Monge Marranghello para que los dos pudieran percibir un ingreso mientras a este otro muchacho se le lograba conseguir un puesto dentro de la Asamblea como asesor de Otto.

Rafael Gairud Salazar, defensor de Otto Roberto Vargas Víquez

En igual sentido, negó que ese pacto fuera para cumplir con favores políticos de algún tipo.

"Desde el punto de vista de la gestión de Otto en relación con esos temas, por ejemplo, Monge Marranghello no era un asesor político, era un asesor en temas de imagen y comunicación, que era menos importante que la gestión que Montenegro Aguilar estaba realizando. De modo tal que si hubiera algún compromiso o interés político de Otto, hubiera nombrado a Montenegro Aguilar. Él nombra a Monge Marranghello por un compromiso de amistad con la persona que lo recomendó y lo llevó al proceso previo a la elección de Otto. De manera que no existió (un favor político)", agregó el abogado.

Gairud Salazar indicó que Vargas Víquez está al tanto del proceso, en el tanto que fue citado a rendir declaración indagatoria (situación que no había ocurrido antes). Insistió en que, debido a que de las entrevistas no se extrajeron nuevos elementos probatorios, el defensor sostiene que las circunstancias que derivaron en la desestimación no han cambiado y denotó seguridad en cómo acabará el proceso.