Fiscalía pide prorrogar por seis meses medidas contra Carlos Cerdas y Mélida Solís
Actualmente descuentan impedimento de salida del país y prohibición para perturbar a testigos
(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitará la mañana de este lunes una prórroga de las medidas cautelares que descuentan los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, así como el resto de imputados en el caso policialmente conocido como Cochinilla.
Dicha ampliación fue confirmada por el defensor de una de las encartadas de apellidos Chaves Mora, Federico Gutiérrez Madrigal, ante consulta de CRHoy.com.
"Hasta ahorita de lo que tenemos conocimiento es que se va a solicitar una prórroga por seis meses de las medidas existentes al día de hoy.
"Es muy probable que nos allanemos a la solicitud, puesto que las medidas que se tienen actualmente no son demasiado gravosas y tampoco tenemos ningún interés de tener contacto con ninguna de las partes del proceso, que sería la medida que en este momento está imperando", explicó el jurista en la antesala de la cita.
La pretensión de duración de las disposiciones fue señalada por otras tres fuentes de la causa. Este medio mantiene en trámite una solicitud de información ante la oficina de prensa del Ministerio Público.
Tanto Chaves Mora -quien fue abogada de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) del puente binacional de Sixaola, en Talamanca- como Cerdas Araya -dueño de la constructora MECO- y Solís Vargas -propietaria de la empresa H. Solís- tienen impedimento de salida del país, además de prohibición para acercarse a testigos en el expediente 19-000025-1218-PE. La primera también contempla la entrega del pasaporte, coordinaciones con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para no expedir ese documento de nuevo y con la de Aviación Civil (DGAC) para la inhabilitación de los hangares de los empresarios.
Carlos Cerdas
Mismas medidas descuentan el resto de endilgados, aunque deben sumarse las reubicaciones dispuestas para los funcionarios públicos involucrados en el escándalo de presunta corrupción en contratos de obra.
Al respecto, el representante legal de Cerdas Araya, Alonso Salazar Rodríguez, explicó que este tipo de audiencias son normales en los procesos penales.
"Lógicamente, recordemos que cuando esto empezó había un poco de crispación y de asombro porque se hablaba de un supuesto desfalco por el orden de los ¢78.000 millones en cuentas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Con el tiempo se ha ido viendo que aquello no era cierto. Hay cuatro resoluciones judiciales que dan cuenta de que los ¢78.000 millones nunca existieron.
"La causa poco a poco se viene debilitando; esa es la tendencia que apreciamos. Entonces, cuando se hagan las revisiones de medidas cautelares, también se empiezan a flexibilizar. Esto es un transcurrir normal de cualquier causa penal porque al inicio solo se cuenta con una versión, que es la del Ministerio Público. Conforme va avanzando la investigación y conforme las defensas van aportando documentos y pruebas, se va perdiendo fuerza en los argumentos iniciales y es lógico que las medidas cautelares se flexibilicen", explicó el abogado.
En tal sentido, el jurista reseñó que -como lo dio a conocer este medio- la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, negó en condición de testigo que existiera el gigantesco faltante de recursos en el Consejo de Vialidad. Esto en el tanto que ese monto jamás se le giró a la institución, dado un diferendo entre la Superintencia General de Seguros (Sugese) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) en cuanto al monto que este último pretendía cobrar por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), como rubro del marchamo 2019.
"Cuatro jueces diferentes han dicho que eso nunca existió. O sea, que los ¢78.000 millones fueron un error, una percepción equivocada de una información que en algún momento el Ministerio Público tuvo. Porque en definitiva, nunca pudieron haber sido objeto de un desfalco porque nunca ingresaron a las cuentas del Consejo de Vialidad, y eso lo dijo la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, cuando dijo claramente: 'Yo nunca transferí los dineros'", mencionó Salazar Rodríguez.
Cerdas Araya y Solís Vargas figuran como sospechosos en un escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública, junto a otros empresarios, empleados suyos y funcionarios públicos.