Fiscalía pide juicio contra sospechoso de matar a Toño y Mauren y abre puerta a pena mayor
La Fiscalía de Hatillo solicitó la apertura a juicio contra Elder Mairena, sospechoso del doble homicidio de José Antonio Badilla y Mauren Rodríguez, fundadores de Finca Lajas Donde Toño, un destino muy popular entre senderistas en las montañas de Alajuelita.
Ambos adultos mayores fueron asesinados la noche del 16 de noviembre del año anterior dentro de su vivienda y restaurante, en San Antonio, en una propiedad donde solían recibir diariamente a caminantes que tenían como destino La Cruz de Alajuelita y otros cerros del sur de San José.
Tras varios meses de investigación, el Ministerio Público dio por concluida la etapa preparatoria del caso al solicitar la audiencia preliminar y acusar a Mairena por dos delitos de homicidio calificado, lo que abriría la puerta a una eventual condena más severa contra el nicaragüense.
De acuerdo con la acusación, Mairena se aprovechó de la escasa resistencia que podían ofrecer las víctimas debido a su edad. El imputado se abalanzó sobre ambos utilizando un machete. La motivación del crimen habría sido el robo.
La acusación penal de la Fiscalía, a la que CR Hoy tuvo acceso, detalla que el extranjero ingresó a la propiedad con el propósito de apoderarse de bienes ajenos y les quitó la vida con el arma blanca para asegurar el robo.
Previo a los hechos, la pareja sentimental de Mairena había trabajado con las víctimas y, en apariencia, sostuvo un altercado con don Toño, situación que habría provocado la molestia del imputado.
Tras causarles la muerte, el acusado sustrajo una pistola no letal y huyó del sitio con el arma en su poder. Posteriormente, fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública portando el arma sustraída y vistiendo las mismas prendas que llevaba el día del crimen.
Informe clave
Aunque inicialmente el caso se investigaba como un homicidio simple, delito que contempla penas máximas de 18 años de prisión, un informe resultó determinante para que la Fiscalía modificara la calificación jurídica y acusara por homicidio calificado, figura que establece penas de entre 20 y 35 años de cárcel.
Al tratarse de dos víctimas, al sospechoso eventualmente se le podría imponer una pena de hasta 70 años de prisión, la cual se reduciría a 50 años, que es el máximo de cumplimiento permitido por la legislación costarricense.
En este caso, la Fiscalía considera que concurren dos de las circunstancias que configuran el homicidio calificado. Por un lado, sostiene que existieron alevosía y ensañamiento, ya que el imputado aprovechó la confianza que tenía con las víctimas, pues había laborado como peón en la finca, se alimentaba allí e incluso se le permitía dormir en la propiedad.
Además, utilizando un arma punzocortante tipo machete, se abalanzó sobre ambos de manera intencional e inevitable, causándoles heridas mortales en la cabeza, el rostro y el cuello.
Representadas por el abogado Joseph Rivera, las familias de las víctimas presentaron una querella y una demanda civil contra Mairena.
"Gracias a la pericia de un perito jubilado del Poder Judicial en ciencias criminológicas e inspecciones oculares, se cambió los hechos de homicidio simple a calificado, ya que se le encontró al imputado un arma de fuego que portaba la víctima y que fue sustraída de su patrimonio", dijo Rivera.
Un informe incorporado dentro de la querella facilitó el cambio de calificación jurídica. En él se desarrolla la hipótesis de que detrás del crimen existía una disputa laboral y económica relacionada con el pago de jornadas como peón agrícola en la finca, así como posibles celos.
Además, explica en profundidad cómo el imputado intentó huir hacia Nicaragua por río a través de Puerto Viejo de Sarapiquí. Cuando fue detenido se identificó con un nombre falso: Elder Ortega Varela.
El informe pericial privado también señala que, aunque un testigo afirmó que el imputado huía de la justicia nicaragüense por otro homicidio, ese dato no ha sido verificado documentalmente.
Macabro caso
El análisis forense realizado sobre la ropa de Mairena fue determinante para la investigación. Una serie de dictámenes periciales elaborados por la Sección de Genética Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la presencia de sangre y rastros genéticos de ambas víctimas en varias de las prendas decomisadas al sospechoso.
Al imputado le decomisaron tres camisas, tres pantalones, una mochila, un abrigo, un suéter, un buzo y un par de medias. En la mayoría de esas prendas se detectaron rastros de sangre humana, así como cabello, vellos y barba, indicios biológicos que suelen transferirse entre víctimas y agresores durante un hecho violento.
En algunas prendas se encontraron perfiles genéticos de un hombre distinto del propio Mairena, mientras que otras contenían rastros de ADN pertenecientes a Mauren Rodríguez y a don Toño.
Además, las autopsias, junto con las pruebas forenses practicadas al machete decomisado durante la investigación, revelan coincidencias entre las lesiones sufridas por las víctimas y la aparente arma homicida.
Se trata de un machete de 42 centímetros de longitud que, al momento de la inspección especializada, presentaba poco filo en uno de los bordes de la hoja y manchas de herrumbre. Tanto el puño como la hoja tenían grabada la marca Corneta.
Un dictamen médico legal concluye que la descripción minuciosa de las heridas observadas durante la autopsia del adulto mayor, así como las lesiones en el cuello y la cabeza de la mujer, son compatibles con haber sido ocasionadas por ese machete.