Fiscalía pide abrir secreto bancario de Municipalidad de San José para aclarar uso de $12 millones
Recursos financiados por línea privada del Banco Mundial están fuera del ojo de la Contraloría, dice fiscalía
(CRHoy.com). La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó el levantamiento del secreto bancario de la Municipalidad de San José con miras a establecer el destino y la administración de un crédito de $12 millones otorgado bajo el programa de Cooperación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.
El IFC es "una organización hermana" y forma parte del Grupo Banco Mundial". Según su sitio web, comprende la mayor institución para el desarrollo global dentro del organismo y "se centra en el sector privado en mercados emergentes".
El crédito, otorgado en abril de 2020, habría generado los recursos con los que el municipio ejecutó el proyecto de modernización de la calle 78 y la transversal 24, en Rohrmoser, cuyo costo pasó de ₡200 millones a ₡1.209 millones.
La Fapta apunta a que Johnny Araya, alcalde de San José, habría influido para adjudicar la obra Constructora MECO. Incluso, se intervinieron conversaciones entre el funcionario municipal y Carlos Cerdas, dueño de esa compañía, en las que se dijo que una vez aprobado el crédito del IFC se reunirían para "cuadrar o armar todo bien" en la tramitación del plan.
El IFC otorgó el préstamo para realizar proyectos de "renovación de infraestructura" en la capital, con tal de "mejorar la calidad de vida de los habitantes, atraer nuevos residentes y comercios".
Al parecer, la intención era incluir el proyecto en el contrato de mantenimiento vial cantonal de 4 años que la municipalidad mantenía con la empresa.
"El préstamo por parte de IFC, brazo de inversión privada del Banco Mundial, se invertirá en revitalizar 3 de los principales corredores urbanos donde espera mayor crecimiento – y rehabilitar los sistemas de drenaje de aguas pluviales en zonas donde se dan inundaciones frecuentes, apoyando el plan de transformación urbana que se ha propuesto la Municipalidad de San José para convertirse en una ciudad más sostenible y resiliente.
"El apoyo económico de IFC para San José estará acompañado de servicios de asesoría técnica en cuanto a movilidad urbana, edificios verdes y fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la prestación de servicios," cita una publicación oficial del Banco Mundial, con fecha del 28 de abril de 2020.
La llamada que intervino el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre Araya y Cerdas, sucedió el 14 de abril de 2020. Es decir, 2 semanas antes de que se anunciara la aprobación formal del crédito.
Durante el allanamiento realizado el pasado 15 de noviembre, en las instalaciones de la municipalidad, la policía judicial y la Fapta procuraban decomisar información relativa al financiamiento brindado por el ente multilateral.
"Se desconoce el destino de tales recursos y la forma de administración de los mismos. Primero, porque no han sido regulados, ni controlados, por los entes rectores en materia de hacienda pública, como la Contraloría General de la República (CGR). Segundo, porque no ha sido posible ubicar esta información a través del IFC, siendo esta la rama privada del Banco Mundial, cuyas políticas de privacidad e independencia les faculta a no brindar la misma", detalló la fiscalía.
Sobre el proyecto de la calle 78 y la transversal 24, en enero de este año un grupo de vecinos de ese sitio se molestaron debido a que el municipio planeaba cobrar una "contribución especial" para costear las obras.
En una página web que habilitaron para mostrar su rechazo al cobro, lo catalogan como un "abuso" y como una "deuda que no les corresponde". En esa oportunidad, el municipio aseguró que ya podía hacer este tipo de cobros, pues el 7 de setiembre del 2020 aprobaron un reglamento que lo permitía.
Con esa contribución se pretendía financiar el 50% del costo total del proyecto. Es decir, más de ¢604 millones. El resto se pagaría con los recursos municipales contenidos en el crédito con el Banco Mundial. La forma de pago sería trimestral y por 10 años.
Además de la Municipalidad de San José, la Fapta solicitó el levantamiento del secreto bancario para otros 3 entes ligados al caso "Diamante": la municipalidad de San Carlos, la Corporación Multiservicios del Oeste S.A. y MTS Multiservicios de Costa Rica. Estas 2 últimas ligadas al empresario Daniel Cruz Porras, también imputado en la causa.
