Fiscalía pide 6 meses de prisión preventiva contra supuestos miembros de banda de “El Diablo”
Ministerio Público atribuye peligro de fuga de sospechosos
La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico solicitó seis meses de prisión preventiva contra 19 sujetos sospechosos de integrar la banda de El Diablo.
El detalle lo confirmaron a CRHoy.com los ahogados defensores Gregorio Biglia y Alexander Villegas, quienes aseguraron que la solicitud del Ministerio Público se les comunicó a las partes la noche de este viernes.
El caso se desarrolla en los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José por motivos de espacio y de seguridad.
El pasado 18 de diciembre se realizaron una serie de múltiples allanamientos que generaron la detención de 21 personas, entre familiares y amigos más cercanos de Alejandro Arias Monge.
Las audiencias arrancaron desde el 20 de diciembre de 2023 en la sala de juicios 1 de los Tribunales de Justicia del centro de la capital, el cual está siendo dirigido por el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo.
De acuerdo con el abogado defensor, el Ministerio Público consideró que existe un peligro de fuga por parte de algunos de los supuestos integrantes de la banda, lo cual consideraron que sería momento propicio para enviarlos a prisión preventiva.
Según el abogado, la Fiscalía consideró que hay varias presuntas criminalidades como el tráfico de drogas, la legitimación de capitales, la asociación ilícita para delinquir y el robo agravado.
El defensor de los imputados Jiménez Villalobos y Arias Azofeifa, indicó que en el caso de sus representados, el Ministerio Público aseguró que existe dicho peligro de fuga porque no tienen suficientes arraigos, así como también existe un peligro de obstaculización y reiteración delictiva, lo cual buscan introducir la causal en el artículo 239 bis del Código Procesal Penal.
ARTICULO 239.–Procedencia de la prisión preventiva. El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.
b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la actividad delictiva,
c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad.
d) Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la víctima se encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta me ida, especialmente en el marco de la investigación de delitos previstos de la Ley 8589, Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, así como otros delitos donde la persona investigada mantiene o haya mantenido con la víctima una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura.
Sostiene que en el caso no hay un vínculo claro ni una relación a actividades ilícitas entre sus representados en momentos donde se manejan a través de intervenciones telefónicas y donde no hay una sola conversación a título personal, ni mucho menos para delinquir.
"La teoría del caso del Ministerio Público se cae, es absurda. Es un grito y una acción desesperada por tratar de llegar a Alejandro Arias Monge, pero por la forma en que están tratando de llegar no es la adecuada, no es propia de un sistema democrático y republicano de derecho", declaró.
El abogado Alexander Villegas también señaló la cuestión del riesgo del peligro de fuga que le atribuye el Ministerio Público a los imputados.
Villegas aseguró que tras escucharse la petición del Ministerio Público se procederá durante este sábado a estar realizando los respectivos descargos de la parte acusada con el fin de refutar la tesis de la Fiscalía.
El abogado defensor no descarta que la audiencia se pueda extender más allá del 25 de diciembre, producto de la complejidad que lleva el caso en investigación.
El pasado jueves 21 de diciembre quedaron en libertad dos oficiales de Tránsito de apellidos Girón y Alfaro, a quienes se les impusieron de medidas cautelares abstenerse a comunicarse con los involucrados, así como también el de volver a labores administrativas en la institución a la que laboran.
El caso se investiga bajo el expediente 21-000115-622-PE.