Fiscalía investiga uso del “WhatsApp del Presidente” para almacenamiento de datos personales
La Fiscalía General de la República investiga al presidente Rodrigo Chaves Robles y a otros funcionarios por la utilización del llamado "WhatsApp del Presidente", el cual fue anunciado al inicio de esta administración. El número de teléfono celular aún aparece como público en la página oficial de la Casa Presidencial, aunque actualmente ya no es posible acceder al chat.
De acuerdo con la investigación, el número telefónico correspondía originalmente a una línea a nombre del Estado costarricense; sin embargo, tras una gestión realizada por la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz —actualmente candidata presidencial del Partido Unidos Podemos—, la titularidad del derecho de uso pasó a manos del presidente Chaves.
Asimismo, la Fiscalía enfoca su investigación en el traslado del número que pertenecía al Estado y en la utilización del "WhatsApp del Presidente" para la captación de datos personales y la eventual creación de una base de datos, con fines que aún se desconocen. Sobre este proceso, la oficina de prensa del Ministerio Público informó mediante un correo electrónico lo siguiente:
"La Fiscalía General confirmó que los hechos se encuentran bajo investigación".
El Gobierno habilitó desde el 24 de noviembre de 2022 una serie de grupos cantonales de WhatsApp que se utilizarían para enviar información con un "enfoque territorial".
En esa oportunidad, Casa Presidencial presentó la propuesta bajo el nombre de "WhatsApp del Presidente". Según se informó entonces, cualquier persona interesada en integrarse debía proporcionar su nombre completo, así como indicar la provincia y el cantón de residencia. Con esa información, el usuario era redirigido al chat correspondiente a su cantón, lo que suponía la existencia de un grupo por cada cantón del país.
Según el Gobierno, tras el lanzamiento del WhatsApp del Presidente, el objetivo era crear un nuevo mecanismo de "transparencia, rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía".
"Se trata de una iniciativa para que las personas puedan informarse sobre el quehacer del gobierno y temas de interés público, de forma directa, mediante grupos de WhatsApp. El mecanismo de comunicación tiene el objetivo de que la información llegue a las personas de forma directa, con un enfoque territorial, cercano y accesible", señala la información que difundieron en noviembre del 2024.
No obstante, el Gobierno nunca detalló quiénes serían los funcionarios encargados de administrar estos grupos, ni precisó qué tipo de información se enviaría o se almacenaría mediante este mecanismo.
CR Hoy intentó conocer la posición de la Presidencia de la República sobre este tema; sin embargo, no obtuvo respuesta al correo electrónico enviado, en el cual se plantearon las siguientes consultas:
- ¿Cuáles funcionarios manejaron la información de las personas, la cual fue recolectada con la utilización del llamado WhatsApp del Presidente para el cual se utilizó la línea telefónica 8923-13 55?
- ¿Por qué esa línea telefónica que era propiedad del Estado está a nombre de Rodrigo Chaves Robles?
- ¿Qué funcionario tramitó el cambio de propietario de la línea telefónica?
- ¿Por qué se dejó de utilizar el WhatsApp del Presidente y qué ocurrió con la información personal que fue recolectada?
No es la primera vez que la Fiscalía General de la República investiga la recolección de información personal de ciudadanos por parte de una institución gubernamental, en este caso, la Presidencia de la República.
Un antecedente relevante es el caso UPAD, relacionado con el escándalo por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en 2020. Esta entidad recolectaba datos sensibles de ciudadanos sin una regulación suficiente, lo que derivó en acusaciones de ilegalidad, inconstitucionalidad y violación a la privacidad. El caso generó investigaciones penales contra el entonces presidente Carlos Alvarado, así como una resolución de la Sala Constitucional, que declaró la unidad inconstitucional, y pesquisas de la Fiscalía por presuntos delitos contra la función pública.
La UPAD fue creada mediante decreto en octubre de 2019, pero el escándalo estalló en febrero de 2020, tras su publicación en La Gaceta, cuando se reveló la recolección de datos personales sensibles por parte de un equipo en Casa Presidencial.
Aunque la justificación oficial fue la mejora en la formulación de políticas públicas, surgieron sospechas de un posible uso con fines políticos o comerciales, lo que afectaba la intimidad y la autodeterminación informativa de los costarricenses. Tras la polémica, el Gobierno derogó el decreto pocos días después de su publicación.
La Fiscalía General abrió una investigación por presuntos delitos como prevaricato y fraude de ley, y realizó allanamientos en Casa Presidencial y otras oficinas públicas. A más de cinco años de iniciado, el caso continúa en investigación.