Fiscalía investiga presunto pago de dádivas para agilizar permisos de empresas comercializadoras de gas
Empresa Blue Flame asegura que se pondrán a la orden del Ministerio Público, pero insisten en que tienen todos los permisos al día
Este tanque de gas resultó afectado tras el incendio de este sábado.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dio trámite a una denuncia anónima contra la empresa de gas Blue Flame, en Pozos de Santa Ana, donde la noche del sábado se registró un incendio tras una fuga de gas.
La denuncia señala a dos personas de apellidos Ramírez y Salas por aparentes irregularidades vinculadas con la operación de una empresa dedicada a esa actividad, entre ellas pago de dádivas a funcionarios públicos.
En el caso de Ramírez, se trata del representante de la empresa, cuya planta fue escenario del incidente que generó alarma entre los vecinos de la zona.
Ante consulta de este medio, el Ministerio Público confirmó que el martes anterior ordenó la apertura de un expediente para iniciar las diligencias correspondientes.
CR Hoy conversó este domingo por la noche con el abogado de la empresa Blue Flame, Rafael Rodríguez, quien explicó que desconocen de la investigación judicial y de inmediato se pondrán a disposición del Ministerio Público. Agregó que la empresa cuenta con todos los permisos al día desde el año 2012 cuando se abrió la planta en Pozos de Santa Ana.
Desde ese momento, explicó, el sitio es una zona industrial y nunca ha sido un peligro para los vecinos quienes, asegura, llegaron después. El representante de Blue Flame añadió que el incendio de este sábado no afectó más allá de 30 metros cuadrados y no más de 4 mil metros cuadrados como se ha mencionado en los medios de comunicación.
Varios delitos
La denuncia menciona presuntas violaciones a la normativa técnica en materia de hidrocarburos, así como incumplimientos a disposiciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entidades responsables de la regulación y fiscalización del mercado de combustibles en el país.
El documento también señala que la empresa habría obtenido permisos de forma acelerada, presuntamente con omisión de controles técnicos obligatorios, aprobación de requisitos incompletos y uso de unidades no autorizadas para la comercialización de gas.
Asimismo, señala una eventual comercialización fuera del marco normativo vigente, lo que —de confirmarse— habría permitido a la compañía operar en condiciones privilegiadas y al margen de la legalidad.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la mención de supuestos pagos indebidos o sobornos a funcionarios públicos estratégicos del Minae y de la Dirección de Hidrocarburos.
De acuerdo con información que la denuncia atribuye a conocimiento interno dentro del Minae, existirían indicios de que se habrían otorgado dádivas o beneficios a funcionarios para acelerar trámites administrativos, omitir inspecciones técnicas y aprobar permisos con requisitos incompletos.
Por tratarse de una denuncia en etapa preliminar, ahora el Ministerio Público deberá determinar si existen elementos objetivos que respalden las acusaciones.
Vecino del residencial Montana aseguran que los cisternas los parquean frente a la entrada principal de ese conjunto de viviendas.
Vecinos anuncian acciones legales
El caso tomó mayor relevancia luego del incendio ocurrido la noche del sábado en la planta en Pozos de Santa Ana, que provocó preocupación entre los vecinos del sector.
Tras el incidente, residentes del residencial Montana se reunieron con sus abogados para definir las medidas legales que impulsarán para intentar detener la operación de la empresa.
Marco Sánchez, vecino cuya vivienda se ubica a pocos metros de la planta, explicó a CR Hoy las acciones que analizan.
"Primero vamos a presentar una medida cautelar provisional ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque necesitamos que la gasera no continúe operando mientras se investiga lo ocurrido", afirmó.
El vecino también señaló que buscan que se determinen responsabilidades por lo ocurrido.
"Si existía algún plan o algún tipo de evento que la gasera podía prever, ¿por qué se dio esta situación? Se habla de un error humano. Todos cometemos errores, pero en un tema de gas no es un error que pueda considerarse menor", señaló.
Sánchez también pidió la intervención de la Fiscalía Ambiental.
"Hacemos un llamado vehemente para que abra un expediente y se inicie un proceso de investigación. Consideramos que esta situación se ha dado de una forma irregular y ayer salió barato. Esa es la frase: salió barato, porque no tuvimos pérdidas humanas, únicamente daños materiales", indicó.
La fuga de gas que provocó el incendio ocurrió mientras un camión cisterna realizaba el traslado de gas hacia el tanque principal de la planta, según confirmó el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves.
De acuerdo con el funcionario, en el sitio se encontraban tres trabajadores de la empresa, quienes lograron ponerse a salvo.
Uno de los empleados movió el camión mientras la manguera aún estaba conectada al tanque principal, lo que provocó una nube de gas que posteriormente encontró un punto de ignición y generó el incendio.
Fue claro en que los trabajadores especializados en cerrar las tuberías tras la fuga del gas, no pudieron acceder al sitio pues los Bomberos ya había tomado el control de la mitigación.
"En relación con la medida cautelar, ya la Municipalidad había recibido en su oportunidad quejas de los vecinos y la Asociación de Vecinos, qué se habían resuelto de manera favorable para el proyecto industrial de la empresa", agregó el abogado Rafael Rodríguez quien agregó que la causa de la fuga de gas aún no es definitiva y están a la espera del informe oficial de Bomberos.
Los vecinos del residencial Montana aseguran que las explosiones lanzaron ondas expansivas que golpearon fuertemente los vidrios de las casas.
Minae y Recope
CR Hoy consultó a Recope sobre la investigación del Ministerio Público. La institución indicó que no ha sido notificada formalmente ni tiene conocimiento oficial del caso.
Además, señaló que las personas investigadas —de apellidos Ramírez Sandí y Salas Picado— no figuran en los registros de personal de la empresa.
Recope también recordó que su competencia se limita a la comercialización de combustibles, por lo que no tramita ni otorga licencias o permisos para la actividad.
De acuerdo con información proporcionada por el Minae, el primer título habilitante relacionado con la empresa Blue Flame Fuel Technology Corporation S.A. (cédula jurídica 3-101-535707) corresponde a la resolución R-D-102-2012-MINAET, firmada el 19 de marzo de 2012 por María Guzmán, quien entonces fungía como ministra a.i. del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
Mediante esa resolución se otorgó a la empresa un permiso de operación para una estación de servicio público de venta de gas licuado de petróleo (GLP).
Las autoridades confirmaron además que la empresa actualmente cuenta con un título habilitante para la venta de GLP a granel.
Respecto a los requisitos para este tipo de actividad, explicaron que las empresas deben cumplir con los reglamentos establecidos en los decretos ejecutivos, además de la normativa aplicable a procesos de construcción a nivel nacional y municipal.
En cuanto a eventuales investigaciones administrativas por el otorgamiento de permisos, las autoridades indicaron que no tienen conocimiento de procesos en curso.
CR Hoy envió nuevas consultas al Minae sobre la apertura de la investigación penal y los señalamientos sobre supuestos pagos indebidos para obtener permisos. Al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta