Fiscalía investiga caso de exfuncionario del MEP contratado por empresa que ganó concurso
La Fiscalía Anticorrupción abrió una causa penal por el caso de Esteban Arroyo en el MEP
La Fiscalía de Anticorrupción abrió una investigación penal por el caso de Esteban Arroyo, exfuncionario del Ministerio de Educación que participó en el diseño de estudios para una licitación adjudicada a la empresa ACS Sabanilla y un mes después fue contratado por la misma compañía.
El delito investigado es prohibiciones posteriores al servicio del cargo. Se consultó a la Fiscalía si Arroyo es parte de la causa o es contra ignorado y se está a la espera de la respuesta.
El contrato es por ₡4.250 millones por la compra de 7 mil equipos de cómputo por demanda, destinados a 500 centros educativos.
Arroyo era el subdirector de Recursos Tecnológicos de Educación del MEP y entre julio de 2025 y marzo de 2026, participó en la preparación técnica de la contratación para adquirir computadoras destinadas a centros educativos.
Investigación interna
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, ordenó abrir una investigación interna y puso en evaluación la continuidad del contrato con la compañía.
Junto con esa investigación, el jerarca ordenó preservar toda la documentación relacionada con el proceso y prohibir que Arroyo participe en nuevas gestiones ante el MEP.
Sánchez aclaró que la apertura del procedimiento no atribuye responsabilidades de antemano y señaló que, si encuentran eventuales infracciones, remitirán la información a los órganos de control y autoridades competentes, respetando el debido proceso.
Exfuncionario como gerente de adjudicataria
Arroyo salió del MEP el 7 de mayo de 2026 y un mes después fue contratado por ACS Sabanilla para gestionar el mismo contrato en el que trabajó dentro de la institución pública.
De hecho, documentación en poder de CR Hoy revela que participó en al menos cuatro reuniones en el MEP relacionadas con el proyecto, el 13 de junio, 14 de julio, 11 de agosto y 17 de agosto, cuando finalmente quedó en firme el contrato.
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito sanciona a los funcionarios que dentro del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo, acepten empleo en empresas beneficiadas con la adjudicación, si estos participaron en alguna fase del proceso de la licitación.
Tras conocerse la situación, una dependencia del Ministerio remitió el caso el 21 de agosto a la Dirección de Proveeduría Institucional y al Viceministerio Académico para que analizara el proceder correspondiente desde el ámbito de la contratación pública.
José Roberto Acuña Solís, gerente de ACS Sabanilla, indicó a CR Hoy que la compañía prefiere no pronunciarse sobre el fondo del caso mientras espera una comunicación del MEP y que evitará anticipar posiciones hasta conocer ese criterio.
Por su parte, Arroyo indicó que respondería por escrito las consultas de este medio. Sin embargo, pese a que CR Hoy se las remitió desde la semana pasada, hasta este viernes no había enviado sus respuestas.
