Fiscalía investiga a alcaldesa de Guácimo por ordenar uso de maquinaria, personal y combustible municipal en finca privada
Alcaldesa de Guácimo, Beatriz Mora, haciendo campaña para el partido taxi afín a Chaves.
La alcaldesa de la Municipalidad de Guácimo, Beatriz Mora Valverde, es investigada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por la presunta comisión del delito de prevaricato, luego de ser denunciada por el supuesto uso de maquinaria, empleados y recursos del ayuntamiento en una obra privada de la que habría obtenido beneficio.
El Ministerio Público confirmó a CR Hoy que abrió la causa 25-000265-1218-PE, en la cual se busca determinar si la funcionaria ordenó a subalternos aprovechar recursos del erario público para intervenir en propiedades privadas que tendrían relación con ella y otros miembros de la municipalidad.
Además de la alcaldesa, la Fiscalía confirmó investigaciones contra otros funcionarios de apellidos Argüello Morales, Flores Castro, González Calderón y Miranda Soto.
Documentación a la que accedió este medio confirma que la persona denunciante reportó presuntas irregularidades relacionadas con el pago de más de 700 litros de diésel, el uso de una retroexcavadora, vagonetas y personal del ayuntamiento durante 72 horas.
Los hechos habrían ocurrido entre febrero y marzo del 2024, cuando, según la denuncia, el vicealcalde Sivianny Moya Peraza ordenó utilizar maquinaria pesada municipal, entre ella la retroexcavadora N.° 109-181, operada por el funcionario Jefferson Solano.
"Se movilizaron 28 vagonetas para el acarreo de material, registrándose hasta 28 viajes relacionados a estas labores. El combustible utilizado, específicamente diésel municipal, fue sustraído de la estación Delta y transportado en pichingas utilizando el vehículo oficial Pick-up Mitsubishi L200, placa SM-6426, conducido por un funcionario identificado como Rodney, primo del vicealcalde de nombre Sivianny Moya Peraza. Las obras se realizaron en propiedades privadas, entre ellas la nivelación de terreno en La Guaria de Guácimo (Ruta 248, en la propiedad privada del señor Taller de Alberto Mora). Asimismo, se señala otro caso en la comunidad de El Bosque de Guácimo vinculado al vicealcalde segundo Félix Ruiz Sánchez".
Según la prueba aportada, este taller es el que utiliza la administración municipal para reparar su maquinaria oficial, por lo que se advierte un supuesto "conflicto de intereses".
"Las acciones descritas no solo representan una presunta violación de la normativa interna de la Municipalidad de Guácimo, sino que también constituyen una posible infracción a la Ley de la Contraloría General de la República y al Código Penal Costarricense, en particular en lo que respecta a los delitos de peculado y abuso de autoridad. Más allá del daño económico cuantificable, que incluye el costo del combustible, el desgaste de la maquinaria y el pago de salarios por labores no públicas, las presuntas acciones conllevan un significativo costo de oportunidad para el cantón, al desviar recursos destinados a obras de interés público para ser utilizadas en propiedades privadas.
(…) El uso de la maquinaria y el personal del municipio para fines ajenos a los mandatos de la administración pública no solo desvía fondos y activos, sino que también usurpa el tiempo y la capacidad de la institución para atender las necesidades legítimas de la ciudadanía", indica la denuncia.
Órdenes de vicealcaldes de Guácimo
El documento detalla que en febrero del 2024 se recibió la primera alerta sobre el supuesto uso irregular de bienes municipales. En apariencia se constató el "acarreo de material y nivelación de un terreno" del taller al que la municipalidad le paga por reparaciones de su maquinaria.
"Esta relación comercial establece un claro y grave conflicto de interés, lo que transforma un presunto desvío de recursos en un caso de aparente tráfico de influencias y uso de la función pública para beneficio personal y familiar. Un testimonio interno corrobora esta situación, ya que un chofer y trabajador le confesó a un supervisor municipal que estaba realizando las labores por ‘órdenes de Moya'".
La denuncia menciona un "memorándum de la oficina del vicealcalde" ordenando el uso de la retroexcavadora y de los trabajadores del Departamento de Servicios Municipales para labores privadas en el taller de Alberto Mora.
La maquinaria fue vista operando en la propiedad mencionada en febrero y principios de marzo. Testimonios adicionales y registros fotográficos corroboraron la presencia de la maquinaria el 27 de febrero del 2024.
"El operador de la retroexcavadora, un funcionario de apellido González, supuestamente recibió una orden directa del vicealcalde para realizar el trabajo en la propiedad privada. Un segundo operador, Jefferson Solano, también fue mandado a trabajar en el lugar en ese momento. Además de la retroexcavadora, se utilizaron vagonetas del municipio, operadas por varios funcionarios, quedando en evidencia la movilización de múltiples recursos municipales para un único propósito particular, en total según informes y registros son 28 viajes de vagonetas".
La alcaldesa y los vicealcaldes fueron electos en 2024 como candidatos del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC). Sin embargo, 15 meses después de asumir el cargo, el 6 de agosto del 2025, oficializaron su salida de esa agrupación y ese mismo día anunciaron su adhesión al Partido Pueblo Soberano (PPSO), partido aliado de la candidata afín a Rodrigo Chaves Robles.
Adhesión a Chaves de la alcaldesa de Guácimo
Remitieron caso a Auditoría
Las denuncias también fueron remitidas a la Procuraduría General de la República (PEP) y a la Contraloría General de la República (CGR) para su evaluación. Ambas instituciones señalaron que el trámite corresponde a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Guácimo.
La Ley General de Control Interno (N.º 8292) otorga a las Auditorías Internas las facultades legales para vigilar la gestión de la Administración. Estas unidades pueden investigar denuncias o iniciar indagaciones de oficio sobre presuntos hechos irregulares.
La Auditoría Interna cuenta con la capacidad jurídica y operativa para investigar los hechos descritos. Además, si encuentra elementos probatorios suficientes, debe remitir una "Relación de Hechos" a la autoridad competente para ejercer la potestad disciplinaria", contestó la PEP.
A finales de octubre, la CGR dio una respuesta similar y recordó que, si la Auditoría Interna detecta eventuales delitos, debe denunciarlos ante el Ministerio Público. No obstante, la causa ya fue abierta por presentación directa.
"Posteriormente, en caso de que se presente una denuncia penal y el Ministerio Público nos comunique el traslado del proceso penal por un delito de función pública, la PEP se apersonaría como víctima y valoraría la posibilidad de constituirse en actores civiles y/o querellantes según corresponda", respondió la Procuraduría.
Mientras tanto, la Auditoría municipal informó lo siguiente: "De acuerdo a lo expuesto mediante correo electrónico, sobre caso de presunto uso indebido de recursos municipales para realizar trabajos de nivelación en propiedades privadas, al respecto, le comunico que esta Auditoría Interna actualmente está atendiendo el análisis del caso mencionado", en un oficio firmado por la auditora Marleni Myrie el pasado 2 de octubre.
Se intentó conocer la versión de la alcaldesa Mora y los dos vicealcaldes, pero no respondieron varias llamadas telefónicas. También se les envió un correo institucional en horas laborales para solicitar su posición, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
La alcaldesa de Guácimo compartiendo en actividades con Chaves