Fiscalía investiga a 3 miembros del Poder Ejecutivo por resolución sobre Parque Viva

(CRHoy.com) La orden sanitaria que ordenó el cierre del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, es objeto de una investigación que sigue la Fiscalía General de la República.

En ella figuran el presidente Rodrigo Chaves Robles, así como los ministros de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, y de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público en un informe solicitado por CRHoy.com.

La pesquisa se tramita contra otras dos personas, que fueron identificados por el departamento de comunicaciones con las iniciales M.A.E. y U.Ch.L., quienes no son miembros de los Supremos Poderes.

El caso se desarrolla bajo el expediente 22-000049-0033-PE. En este se persigue un posible prevaricato, un delito contenido en el artículo 357 del Código Penal, que se entiende como el dictado de resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

Para ese ilícito se establecen penas de cárcel que van desde los 2 a los 6 años. También se prevén agravantes en los que las sanciones van de los 3 a los 15 años de prisión, si se incurre en ese actuar en una sentencia condenatoria en una causa criminal.

La investigación avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba, que es privada para terceros, tal y como lo dispone el numeral 295 del Código Procesal Penal.

El director ejecutivo del Grupo Nación (dueño del centro de eventos), Pedro Abreu Jiménez, indicó ante consulta de este medio por las acciones legales emprendidos por la empresa a partir del cierre, ante lo cual, refirió un contencioso administrativo que aguarda por una resolución. "Esperemos que se de pronto", señaló.

Además se le preguntó directamente si la compañía ha valorado interponer una denuncia penal, ante lo cual mencionó que eso se estudiará una vez que se cuente con una sentencia. "Nuestro enfoque en la administración está en volver a construir todo lo que se destruyó con el cierre del Parque el 8 de julio. Le cuento que ya volvimos con las prácticas de deportes como automovilismo, motociclismo y ciclismo en el Circuito Go Rigo Go. También estamos recibiendo reservaciones para el Anfiteatro Coca Cola y el Centro de Eventos Printea", resaltó.

CRHoy.com solicitó al el 26 de octubre pasado un descargo al presidente por medio de su oficina de prensa, que al momento de la redacción de este artículo se mantenía en trámite. Chacón Madrigal dijo que no se referiría sobre el particular, mientras que Amador Jiménez no había remitido su comentario al cierre de esta publicación.

"Violación indirecta"

Basado en una "denuncia anónima", el Ministerio de Salud suspendió temporalmente el permiso de funcionamiento del centro de eventos del Grupo Nación, al aducir que ese negocio producía "enormes presas".

La notificación de la decisión llegó el 8 de julio a la administración del Parque Viva, dos días después de que el mandatario -en la rueda de medios posterior al Consejo de Gobierno- cuestionara la capacidad económica de la también dueña del periódico La Nación para pagar bonos adquiridos a través del sistema de pensiones. La corporación propietaria del diario respondió al garantizar su solvencia con el respaldo de las operaciones de su negocio de entretenimiento.

En un comunicado, la cartera adujo que la medida respondía a "quejas y denuncias", relacionados con los problemas de circulación en la zona durante la celebración de eventos masivos en ese centro de eventos.

La disposición se giró -según la nota de prensa- a partir de recomendaciones de la inhabilitación de actividades masivas por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE, adscrito a la Presidencia de la República), el Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT), la Cruz Roja Costarricense (CRC) así como la Dirección General del Cuerpo de Bomberos (del Instituto Nacional de Seguros – INS). Los informes técnicos, no obstante, llegaron a Salud hasta después de que se ordenara el cierre, según se desprende de los documentos compartidos por la cartera el 13 de ese mes.

Ese mismo día, también en conferencia de prensa, Chaves Robles justificó la medida por una hora, a modo de "derecho de respuesta" ante la reacción que tuvo el periódico. Para ello, echó mano del respaldo de Amador Jiménez, del director general del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, así como de producciones audiovisuales elaboradas por la Casa Presidencial. Al mismo tiempo negó tajantemente que la disposición fuera una amenaza a la libertad de empresa o un ataque a la libertad de prensa.

Según el ministro de Obras Públicas y Transportes, las aglomeraciones de más de 5.000 vehículos en la zona implican afectaciones por más de 10 horas para posibles ingresos de unidades de socorro. Chaves León secundó las implicaciones de esos colapsos, al tiempo que justificó que nunca antes había hecho advertencias, ya que nunca se las habían solicitado.

Los videos proyectados incluían uno en el que se observan las dificultades de una ambulancia para superar las presas, así como una animación, con la que se pretendía demostrar el riesgo para la población que vive en las cercanías del centro de eventos.

El gobernante criticó a La Nación y sus dueños, al señalar a estos últimos de "reyes sin corona", para luego acusar al periódico de "difamar a la patria", por la cobertura internacional -en medios asociados al Grupo de Diarios América (GDA)- sobre el cierre del Parque Viva.

La Sala Constitucional declaró con lugar el 21 de octubre un amparo interpuesto por 14 periodistas del diario contra Chaves Robles y Chacón Madrigal. La decisión fue acogida por seis de siete magistrados, ya que Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto.

El "por tanto" de la resolución 2022025167 ordena la anulación de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 del 8 de julio, así como lo dispuesto en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 del 15 de julio. La sentencia integral permanece en fase de redacción.