Fiscalía ha recibido 1.751 casos de agresiones y violencia entre colegiales
De 2022 a 2023 se registró un aumento del 139%
El Ministerio Público ha tramitado este año un total de 1.751 casos de algún tipo de violencia en el cual hay menores de edad o estudiantes involucrados. Así lo confirman los registros de la Fiscalía Penal Juvenil: son denuncias o expedientes penales que se tramitan por las diferentes fiscalías en todo el país, hasta mediados de 2024.
Los datos muestran un aumento en los últimos años de las agresiones entre jóvenes, tanto dentro de los centros educativos, como en el transporte estudiantil o fuera de instalaciones, siempre y cuando se identifique que hubo estudiantes de por medio.
Para el 2022, en todo el año se atendieron 1.221 casos, mientras que en 2023 se sumaron 2.919 expedientes abiertos en el Ministerio Público. Es decir, hubo un aumento del 139%: de un año a otro se duplicaron con creces las estadísticas de agresividad.
Según Gabriela Alfaro, fiscala adjunta Penal Juvenil, la pandemia por COVID-19 marcó un antes y un después en el comportamiento violento de los estudiantes.
Hay un fenómeno pospandemia. Durante el año 2020 y 2021 hubo un menor ingreso de causas en el Ministerio Público, por diferentes delitos y tiene razón a todas las circunstancias que se vivieron durante el tiempo de la emergencia nacional.
El aumento de casos es una alerta, definitivamente. La violencia en centros educativos no es un fenómeno actual, ni es un fenómeno mediático que eventualmente responde a esas imágenes que se publicitaron de estas lamentables agresiones que sufrieron personas menores de edad. Es un fenómeno que se viene priorizando por parte del Ministerio Público desde tiempos atrás.
¿Quién denuncia?
Docentes, funcionarios del Ministerio de Educación Pública y los empleados del Patronato Nacional de la Infancia, frente a la alerta de cualquier tipo de violencia, deben interponer la denuncia y realizar el reporte para enviarlo a la Fiscalía.
No obstante, el Ministerio Público ha identificado que la mayoría de denuncias son interpuestas directamente por la víctima, o bien su padre, madre o representante legal. Así lo señaló la fiscala Penal Juvenil.
"Sí hay referencias que se han remitido a las diferentes fiscalías y a partir de ahí se inicia un proceso penal, en algunas otras ocasiones la referencia es presentada y ya contamos con la denuncia de la víctima, su representante o ambos, entonces es un insumo más que se aporta al proceso", indicó Gabriela Alfaro.
Para la funcionaria del Ministerio Público, la preocupación crece porque los centros educativos son lugares indispensables para el crecimiento de los niños y adolescentes, y los escenarios de violencia tienen consecuencias de gran impacto.
Estos son espacios que tienen que ser seguros, de desarrollo. Las personas menores de edad se desarrollan en grupo, es necesario que puedan compartir aparte de capacitarse, estudiar y aprender en los centros educativos, también aprenden habilidades blandas.
A socializar, valores, principios, autocontrol y otros aspectos muy importantes para el desarrollo de su vida, que en realidad al enfrentarse a estas situaciones de violencia vienen, por el contrario, a marcar una situación que va a generar una afectación a nivel psicológico y emocional que se identifican como víctimas.
Durante las últimas semanas han circulado varios videos de estudiantes agrediendo a sus compañeros en centros educativos o bien, en unidades de transporte.
La fiscala Penal Juvenil brindó las explicaciones este lunes en el programa de radio Frecuencia MP.