Fiscalía General asume y amplía investigación por contrataciones por medio de Racsa

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía General asumió la investigación de presuntas contrataciones irregulares por parte de diferentes instituciones del Estado, realizadas con Radiográfica Costarrricense S.A. (Racsa) como mediador o tercerizador del servicio.

La Fiscalía ratificó que recibió  una solicitud de ampliación de la denuncia inicial con elementos de prueba que incluyen tres casos más en los que pudieron mediar hechos ilegítimos.

El pasado 11 de julio el ente acusador acogió la documentación y fue incorporada al expediente 23-035050-0042-PE, donde se tramita la causa inicial que se presentó en diciembre del 2023, en la que se expone presuntas anomalías para adjudicar contratos que sumados llegan a $30 millones.

La documentación con la prueba aportada solicita indagar la posibilidad de que se cometieran incumplimientos de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; posible lesión a los deberes de probidad, transparencia e independencia; posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno; posible corrupción.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás, con el respaldo de otros 17 legisladores, presentó la primera documentación hace 9 meses ante el Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética Pública.

"Estamos hablando de hechos que de comprobarse serían corrupción en la contracción administrativa y que configura una concusión de un grupo de personas organizadas para delinquir", señaló Nicolás.

El diputado explicó qué los hechos encontrados señalan cuatro escenarios donde se cree que hay dudas y posibles irregularidades.

El primero sería contrataciones directas, un 40 en total, donde al parecer Racsa propone dar el servicio, pero luego termina subcontratarlo a empresas "a dedo". El segundo hecho señala cerca de 30 contrataciones con una empresa de tecnología, a la que se le adjudicó directamente servicios de mantenimiento y de software. Una tercera línea de investigación tiene que ver con supuesto pago con sobreprecio por el servicio de tobilleras electrónicas para sentenciados. El último punto de investigación es la contratación de Racsa a una empresa por el tema de las 5G.

Según datos públicos del Sistema Integrado de Compras (Sicop), esta empresa estatal intervino de diciembre del año pasado a la fecha en las adjudicaciones que suman un monto cercano a los $30 millones en contratos directos, los cuales ahora deberán ser sometidos a estudio.

Ese monto se deriva de compras en las que Racsa figura como comprador o adjudicatario, las cuales fueron corroboradas por este medio en una revisión hecha en el sistema público, información que además fue incluida en la denuncia penal que está en manos de la Fiscalía.

No obstante, en un total de 40 contrataciones directas, al parecer Radiográfica propuso dar el servicio, pero luego terminó subcontratando empresas "a dedo".

"Según datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, RACSA ha resultado favorecida en más de 40 adjudicaciones, de las cuales todas han sido licitaciones por excepción (es decir sin concurso de oferentes como en las licitaciones mayores, menores o reducidas) porque quienes contratan a RACSA son instituciones públicas, tales como: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores,Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Central, ICE, COSEVI, CTP, CCSS, IAFA, SINAC, SINEM, CNP, Centro Nacional de Música, Junta Administrativa de Migración y Extranjería, Junta Administrativa Imprenta Nacional. Según datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, las adjudicaciones efectuadas a RACSA sin concurso y adjudicadas a dedo, ascienden a millonarias sumas provenientes de fondos públicos", dice el documento aportado al órgano acusador.

La denuncia señala que al menos 15 personas estarían involucradas en estas supuestas irregularidades, entre ellos el gerente general de Radiográfica Mauricio Barrantes, junto a 10 sociedades anónimas y el exasesor político de Casa Presidencial, Federico Cruz.

Ampliación: tres casos más

En la documentación aportada por Nicolás el pasado 11 de junio figuran tres nuevos casos en los que se presume pudieron cometerse acciones ilegales, que ahora serán sometidas a estudio por parte de la Fiscalía, donde se confirmó que todo fue incorporado al expediente inicial.

Además se envió copia a Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Marta Acosta, contralora general de la República.

El primer es un cuestionamiento sobre la migración del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) de la plataforma de Racsa a la Nube de la empresa Oracle, movimiento que habría provocado la caída del sistema entre 19 de octubre y 22 de octubre del 2023, sin que en apariencia existiera un concurso previo transparente para pasar esa información.

"Lo grave de esto es que en todo momento Racsa indicó que la salida del sistema obedecía a una actualización tecnológica, sin embargo, de una revisión en Sicop no consta ningún concurso público abierto y transparente desplegado por parte de Racsa conforme lo exige la Ley General de Contratación Pública (LGCOP) para la adquisición de tal servicio. (…) La migración de la plataforma de Sicop a la Nube Pública de Oracle, implica que todos los datos de acceso irrestricto y restringido que son absolutamente confidenciales", señala el documento.

Una segunda está relacionada con el Banco Popular, donde según la denuncia habría pagado a Oracle $3,8 millones a través de su socio PBS (platinum partner de Oracle). El banco, supuestamente, no se encontraba a derecho con el uso de licencias de productos WebLogic de Oracle y la compañía aparentemente permitió a la entidad utilizar sus productos "sin estar al día por espacios de tiempo amplios para luego aplicar multas y obligar al Banco a negociar compras irregulares de equipos y software Oracle".

Sobre este caso en particular, Pedro París, representante de PBS, indicó que es falso que la compañía realizara ventas de licenciamiento de Oracle al Banco Popular a través de Racsa, pues los negocios hechos son directamente con la entidad bancaria y Oracle, donde es este último el que determina las políticas.

"PBS sí ha realizado negocios directamente con el Banco Popular, relacionados a productos de Oracle; donde es este último el que en sus políticas y acuerdos con sus canales es el que regula, controla y autoriza las excepciones para habilitar servicios, licenciamientos, etc.. así como también asegurar la vigencia de acuerdos y el cumplimiento o el incumplimiento de sus políticas de Licenciamiento", indicó París.

El representante de la compañía explicó además que, debido a la inestabilidad de SICOP, no lograron participar en uno de los eventos la semana pasada, relacionado con el marco de soluciones de Oracle.

"Es importante también mencionar que la semana pasada, PBS no logró participar evento para el BP relacionado al contrato marco de soluciones de Oracle, debido a inestabilidad de la plataforma SICOP (gestionada por Racsa). La oferta fue subida a Sicop en tiempo (operado por Racsa) y la misma no fue procesada para llegar al Banco Popular a tiempo, siendo descalificados, debido a que el servicio que Racsa brinda no incluye retrasos por latencia", indicó París.

La última mencionada es el "Aprovisionamiento e Implementación de redes 5G NR", por la cual se señalan supuestos incumplimientos de Racsa con el presupuesto estimado para la contratación.

El 17 de abril de 2023, Radiográfica publicó a través del Sicop el pliego de condiciones del procedimiento especial número 2023XE-000003- 0000800001, para esta contrato estableciendo un $3 millones el cual finalmente fue otorgado a Datasys por un monto de $2,7 millones.

La prueba aportada a la Fiscalía indica que el 9 de noviembre de 2023, se realizó una modificación al contrato anterior para variar el plazo de entrega y el 22 de noviembre de del mismo año fue notificada otra modificación.

"Según consta en Sicop, Racsa ha realizado tres pedidos por los siguientes montos, los cuales sobrepasan por mucho el monto presupuestado de EE.UU. $3.000.000", indica la prueba.

Por ese motivo se solicitó investigar un posible incumplimiento de Radiográfica con el presupuesto estimado para la contratación.