Fiscalía desistirá de cuarto juicio contra Celso Gamboa para apurar extradición hacia EE.UU.
La mañana de este lunes se llevará a cabo la audiencia preliminar por un expediente penal que afronta el exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez, quien, al parecer, en el ocaso de su cargo en la Corte Suprema de Justicia, intentó incidir en diputados para evitar su destitución en 2018.
Las audiencias preliminares son procesos judiciales que se realizan cuando la investigación ha finalizado y alguna de las fiscalías del Ministerio Público solicita elevar un caso a juicio, por considerar que existen suficientes evidencias para demostrar la comisión de un delito, o bien pedir una desestimación o un sobreseimiento si estima lo contrario.
Inicialmente, en este caso se había solicitado someter a juicio a Gamboa por el presunto delito de tráfico de influencias que se le atribuye, pero esa solicitud data de años atrás, mucho antes de que Estados Unidos solicitara su extradición por imputarle narcotráfico internacional.
Fue el jueves anterior cuando todo cambió. Al filo de la tarde, la Fiscalía presentó una solicitud para aplicar un criterio de oportunidad; es decir, pretende desistir de llevar al extraditable a un cuarto juicio con el fin de no obstaculizar su eventual entrega a Estados Unidos.
Un criterio de oportunidad es la posibilidad legal del fiscal, previa autorización del superior jerárquico, de prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o de limitarla a alguna o algunas de las infracciones, o bien a determinados involucrados en los hechos.
CR Hoy pudo constatar este domingo, mediante dos fuentes judiciales muy conocedoras del caso, que la petición del criterio de oportunidad fue presentada por el Ministerio Público el jueves, al cierre de la jornada, previo al fin de semana largo en el Poder Judicial, producto del asueto por el Día del Servidor Judicial.
El trámite se presentó por escrito ante el Juzgado Penal de Goicoechea, órgano jurisdiccional a cargo de la audiencia preliminar de hoy.
Esto modifica el panorama, dado que ahora un juez de la República, en lugar de decidir si el caso se eleva o no a juicio, deberá autorizar si permite o no que el Ministerio Público se aparte del expediente, para allanar el camino de Gamboa rumbo a Norteamérica.
Es posible que el exministro aún no conozca esta situación, al no haber estado en contacto con familiares o abogados durante el fin de semana. La mañana de este lunes es trasladado desde la cárcel La Reforma, donde permanece detenido provisionalmente hasta que se resuelva su extradición.
Los traslados entre el centro penitenciario y los tribunales están a cargo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Incluso, es movilizado en vehículos blindados conocidos como La Bestia, con chalecos y cascos antibalas.
¿Qué hizo el exmagistrado?
Celso Manuel Gamboa alcanzó la cúspide en la política nacional y obtuvo nombramientos en los principales cargos en materia de seguridad y justicia: fue fiscal en varios sectores, subjefe nacional del Ministerio Público, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), viceministro y ministro de Seguridad Pública.
Incluso, llegó a ser el primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin haber sido juez previamente, como todos sus antecesores. El 10 de febrero de 2016 consiguió el voto de 43 diputados para convertirse en propietario de la Sala Tercera de Casación Penal.
El 2017 fue un punto de quiebre en la vida de este imputado. Mucho antes de ser señalado por narcotráfico, fue vinculado con uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia costarricense: el Cementazo.
Polémica tras polémica y escándalo tras escándalo marcaron la tónica que rodeó a Gamboa durante dos años, hasta llegar al 27 de febrero y al 10 de abril de 2018, las dos fechas clave de su declive.
La Asamblea Legislativa, con 39 votos a favor —apenas uno por encima del mínimo requerido—, levantó la inmunidad del entonces magistrado a solicitud de la Corte Plena y, posteriormente, acogió la solicitud de despido de Gamboa, lo que causó un terremoto en el Poder Judicial.
Durante la deliberación en Cuesta de Moras, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero dieron a conocer que recibieron mensajes y llamadas de Gamboa solicitándoles que no se presentaran a la sesión del plenario para que la falta de cuórum lo beneficiara.
Minutos antes de que lo destituyeran, Gamboa intentó aferrarse al cargo al afirmar que, de no ser removido, renunciaría "por las buenas" para irse a México a trabajar como gerente de seguridad para la empresa Google; pero la transnacional desmintió esa versión poco después.
El 18 de abril de 2018, la Fiscalía y el OIJ intervinieron la residencia del exfiscal y exministro ante la apertura de la causa penal por supuesto tráfico de influencias, a raíz de un mensaje de texto que recibió la diputada Guerrero y una llamada realizada con un teléfono satelital al diputado Redondo.
Las autoridades ingresaron a la vivienda en busca de dispositivos electrónicos, documentos y otros artefactos que pudieran servir como prueba. La causa siguió su curso hasta llegar a la actualidad, cuando, en principio, se evaluaría si debía afrontar un cuarto juicio.
Esta audiencia (expediente 18-000075-0033-PE) había sido reprogramada en varias ocasiones, hasta concretarse finalmente para este 15 de diciembre. A Gamboa aún le queda pendiente un juicio por cohecho propio, programado para el 30 de enero de 2026 (expediente 17-000015-033-PE).
Este proceso surge de una denuncia por su actuación en 2017, cuando, como magistrado de la Sala III, presidió la sesión que desestimó la causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, señalados por tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños, principal encausado en el caso Cementazo.
El exmagistrado ya superó dos procesos judiciales. En un juicio de reenvío por supuesto tráfico de influencias, junto con el exalcalde de San José Johnny Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith, resultó absuelto. En otro, por supuesto uso de documento falso y falsedad ideológica, también fue absuelto junto con el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín.
Negociación caída
Antes de desistir de esta causa, el Ministerio Público intentó otras alternativas para negociar con Gamboa sin abandonar la persecución penal en su contra. Estas pasaban porque el exmagistrado se sometiera a procedimientos especiales abreviados.
La condición en estos casos es que el sospechoso o acusado acepte los cargos que enfrenta en Costa Rica para agilizar su entrega a Estados Unidos, negociando algún tipo de beneficio con ese país y así enviarlo cuanto antes para ser juzgado por narcotráfico.
Sin embargo, Gamboa no aceptó. Su hermana y abogada, Natalia Gamboa, dijo a CR Hoy a inicios de diciembre que los abreviados estaban fuera de la mesa. Añadió que su hermano quiere "defender su inocencia" en las dos causas penales que aún enfrenta y calificó el acercamiento entre el extraditable, sus abogados defensores y el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, como un intento de intimidación.
Cualquier acuerdo requería la voluntad de Gamboa, quien en principio no estuvo completamente cerrado a negociar. No obstante, pese a los intentos por agilizar los procesos judiciales que frenan la extradición, el Ministerio Público no estaba dispuesto a "perdonar" al exministro.
Díaz desmintió —en entrevista con CR Hoy— haber coaccionado o presionado al extraditable durante el encuentro que sostuvieron en octubre, mientras se realizaba uno de los juicios pendientes.
"La reunión fue completamente transparente, incluso posterior yo salí, di declaraciones y dije qué había sucedido. La cantidad de oficiales era lo propio para la seguridad de movilización, no porque para esa reunión hubiera más cantidad de oficiales.
No fue así, hubo la cantidad necesaria que en ese momento lo estaban trasladando. Incluso fue el mismo Tribunal que me dio el espacio para poder hablar con él dentro del juicio que le estaban realizando.
La reunión transcurrió sin ningún tipo de presión, nada más se le explicó cuál era la situación, qué era lo que pretendíamos. Yo estaba como intermediario, incluso los que hablaron más fueron los funcionarios de la DEA y le expusieron la situación. No hubo ninguna intimidación", enfatizó el jerarca judicial.
Aunque Gamboa y su equipo legal apelaron y la resolución está pendiente, en principio la extradición fue aprobada de forma diferida por el Tribunal Penal de San José.
Es decir, primero debe afrontar todas las causas en Costa Rica y, hasta que exista sentencia en firme y los procesos concluyan en su totalidad, podrá ser enviado al Tribunal del Distrito Este de Texas, donde es acusado por distribución de cargamentos de cocaína y asociación ilícita.
Si los procesos concluyen rápidamente —independientemente de si resulta condenado o absuelto— podría ser entregado a Estados Unidos para ser juzgado allá o, en su defecto, cumplir condena y luego regresar al país, de ser necesario.
De acuerdo con el expediente de extradición —cuyos detalles reveló CR Hoy tras las capturas—, Gamboa es señalado como coordinador regional del Cártel del Golfo, con vínculos con el Cártel de Sinaloa. Desde esa posición, habría gestionado compras y envíos de cocaína para su almacenamiento en Costa Rica y su posterior traslado hacia Estados Unidos.