Fiscalía busca pruebas para investigar abuso de poder de Chaves por cierre de Parque Viva
Expediente judicial se abrió desde el 2022, por anomalías con suspensión de permiso de funcionamiento
La Fiscalía General busca recabar pruebas para incluir en la investigación por supuesto abuso de poder del mandatario Rodrigo Chaves, cuando se cerró el centro de eventos Parque Viva, a mediados del 2022.
Desde horas tempranas, el Ministerio Público dirige un operativo en el cual intentan decomisar documentos, prueba electrónica e indicios relevantes para la investigación.
El fiscal Carlo Díaz confirmó que la denuncia se centra en Chaves Robles. Las diligencias se conducen en el Ministerio de Salud en la capital y se extenderán a las oficinas en Alajuela.
El allanamiento en la sede central de Salud ubicadas en San José es bajo la dirección de la Fiscalía General, en colaboración con agentes de las secciones Anticorrupción y de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En la investigación figuran como imputados el mandatario Rodrigo Chaves Robles, así como los exministros de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, y de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, según la información que dio a conocer el Ministerio Público cuando se abrió el expediente. Por esa razón, es el fiscal general quien debe dirigir las diligencias.
Los delitos que se investigan por el cierre de Parque Viva son los de prevaricato y abuso de autoridad, tramitados bajo el expediente 22-000049-0033-PE.
Abuso de autoridad
El cierre de Parque Viva se dio a inicios de la presente administración encabezada por Rodrigo Chaves, con tan solo 2 meses en el poder.
Basado en una "denuncia anónima", el Ministerio de Salud suspendió temporalmente el permiso de funcionamiento del centro de eventos que pertenece a Grupo Nación, al aducir que ese establecimiento producía "enormes presas" y aglomeraciones durante la entrada y salida.
La notificación de la decisión llegó el 8 de julio del 2022 a la administración del Parque Viva, dos días después de que el mandatario -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno- cuestionó la capacidad económica de la también dueña del periódico La Nación, para pagar bonos adquiridos a través del sistema de pensiones.
La corporación propietaria del diario respondió al garantizar su solvencia con el respaldo de las operaciones de su negocio de entretenimiento.
En un comunicado, el gobierno de Chaves adujo que la medida respondía a "quejas y denuncias", relacionados con los problemas de circulación en la zona durante la celebración de eventos masivos en ese centro.
La disposición se giró -según la nota de prensa- a partir de recomendaciones de la inhabilitación de actividades masivas por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE, adscrito a la Presidencia de la República), el Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT), la Cruz Roja Costarricense (CRC) así como la Dirección General del Cuerpo de Bomberos (del Instituto Nacional de Seguros – INS).
Los informes técnicos, no obstante, llegaron a Salud hasta después de que se ordenó el cierre, según se desprende de los archivos compartidos por la cartera el 13 de ese mes.
Ese mismo día, también en conferencia de prensa, Chaves Robles duró una hora justificando la medida, a modo de "derecho de respuesta" ante la reacción que tuvo el periódico. Para ello, echó mano del respaldo de Amador Jiménez, del director general del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, así como de producciones audiovisuales elaboradas por la Casa Presidencial.
Al mismo tiempo, negó tajantemente que la disposición fuera una amenaza a la libertad de empresa o un ataque a la libertad de prensa.
Según el ministro de Obras Públicas y Transportes, las aglomeraciones de más de 5 mil vehículos en la zona implican afectaciones por más de 10 horas para posibles ingresos de unidades de socorro.
Chaves León secundó las implicaciones de esos colapsos, al tiempo que justificó que nunca antes había hecho advertencias, ya que nunca se las habían solicitado.
Los videos proyectados incluían uno en el que se observan las dificultades de una ambulancia para superar las presas, así como una animación, con la que se pretendía demostrar el riesgo para la población que vive en las cercanías del centro de eventos.
El gobernante criticó a La Nación y sus dueños, al señalar a estos últimos de "reyes sin corona", para luego acusar al periódico de "difamar a la patria", por la cobertura internacional -en medios asociados al Grupo de Diarios América (GDA)- sobre el cierre del Parque Viva.
La Sala Constitucional declaró con lugar el 21 de octubre un amparo interpuesto por 14 periodistas del diario contra Chaves Robles y Chacón Madrigal. La decisión fue acogida por seis de siete magistrados, ya que Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto.
El "por tanto" de la resolución 2022025167 ordenó la anulación de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 del 8 de julio, así como lo dispuesto en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 del 15 de julio, con los que se ordenó el cierre.
"La razón de esta decisión es que para la mayoría del tribunal esto constituye una violación indirecta a la libertad de prensa; libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático", adelantó el presidente de la Sala, Fernando Castillo Víquez.
Cinco días más tarde, Chaves Robles -de nuevo en la rueda de medios del Consejo de Gobierno- adujo que el fallo pareciera ser "una contorsión, un estiramiento lógico-jurídico" que buscar favorecer los intereses de "grupos poderosos e influyentes".
Aunque para entonces no había sido notificado, el mandatario se refirió a la decisión, según dijo, para adelantarse a las consultas de la prensa.
El gobernante reiteró su compromiso con respetar la resolución y la división de poderes, pero destacó una supuesta "reacción" de la opinión pública, de cuestionamiento a la legitimidad del fallo, tal y como lo extrajo "en redes sociales, en conversaciones, en la calle"; sin aportar ninguna evidencia.
Cronología
- 5 de julio del 2022: ingresa denuncia anónima al Ministerio de Salud por enormes presas.
- 6 de julio del 2022: Rodrigo Chaves cuestiona capacidad de Grupo Nación para pagar bonos adquiridos.
- 7 de julio del 2022: Grupo Nación garantiza su solvencia, respaldado en el Parque Viva.
- 8 de julio del 2022: Ministerio de Salud suspende permiso de funcionamiento del Parque Viva.
- 10 de julio del 2022: Cuerpo de Bomberos remite informe técnico.
- 11 de julio del 2022: MOPT, Fuerza Pública, CNE y 9-1-1 emiten informes técnicos.
- 13 de julio del 2022: Rodrigo Chaves justifica cierre en conferencia de prensa.
- 21 de octubre del 2022: Sala Constitucional anula cierre de Parque Viva y condena al Estado.
- 26 de octubre del 2022: Rodrigo Chaves cuestiona decisión de la Sala.
La sede central del Ministerio de Salud ha sido punto recurrente de allanamientos en las últimas semanas: debido a que esta ya es la tercera intervención en menos de 2 meses.
El 31 de julio se realizó un operativo para recabar evidencias por las indagaciones en torno al homicidio de Eugenio Androvetto, director de Salud Ambiental de ese ministerio, quien fue asesinado el 28 de julio dentro de un bar capitalino.
Posteriormente, el 13 y 14 de agosto, las autoridades judiciales también condujeron más diligencias para investigar el mismo hecho.
Mary Munive, vicepresidenta y actual ministra de Salud estuvo en las instalaciones esta mañana durante los allanamientos, sin embargo, salió en su vehículo sin dar declaraciones. Tampoco respondió consultas vía telefónica.
