Fiscalía Anticorrupción realiza diligencia en Parque del Pacífico de BCR SAFI

El Ministerio Público desarrolló este miércoles una diligencia judicial en las instalaciones del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas, como parte de una investigación penal que se realiza para determinar si hubo actos ilegales o no por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) al momento de adquirir el inmueble.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, ante consulta de este medio, que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) "se encuentra realizando una diligencia de inspección en el PEP", sin revelar mayores detalles del trabajo. No obstante, amparándose en el Artículo 295 del Código Procesal Penal, indicaron que "no era posible dar mayores detalles".

La Fiscalía manejó 3 denuncias penales relacionadas con supuestas irregularidades ligadas a la compra y trámites del PEP y decidió unificarlas bajo una sola causa. Se trata de investigaciones por la presunta compra irregular con sobreprecio del PEP, la de la eliminación de la información en los archivos de altos mandos del BCR y recientemente una tercera por administración fraudulenta.

La causa 21-000209-1218-PE ahora recoge el expediente 23-017883-0042-PE para indagar la supuesta desaparición de información de computadoras asignadas a los exjerarcas Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O y la 24-000013-0619-PE, interpuesta este año por al menos 170 inversionistas de la SAFI, donde se denunció administración fraudulenta.

"La Fapta informó que las causas se tramitan de manera conjunta, por lo que el delito, por ahora, es el mismo: sobreprecio irregular. Sin embargo, esto podría cambiar, según el avance de la investigación. El caso se sigue contra ignorado, es decir, hasta este momento no hay personas imputadas individualizadas", indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía no descarta que "esto podría cambiar, según el avance de la investigación".

También existe un informe realizado por la Unidad de Investigaciones del BCR que recomienda al Ministerio Público abrir un proceso penal por supuesto incumplimiento de deberes por parte del gerente general del banco, Douglas Soto Leitón, debido a que de acuerdo con el documento, no denunció las presuntas irregularidades que aparentemente conocía, relacionada con la destrucción de dos discos duros que tendrían información relacionada con el PEP.

El oficio señala que "no existe evidencia de alguna instrucción de su parte o hacia alguna oficina de control" sobre la interposición de una denuncia "pronta y directa" sobre los hechos cuestionados.

El gerente Soto rechazó "enérgica y vehementemente" las conclusiones del informe y alegó que "tan pronto me enteré solicité las indagaciones pertinentes".

Hasta la fecha, el Ministerio Público no registra causas abiertas contra Soto u otro funcionario bancario por este caso.

En el Banco de Costa Rica confirmaron que la SAFI ya conocía de la diligencia y están al tanto del trabajo de investigación que se está desarrollando.

"BCR SAFI tenía conocimiento previo de la visita que realizaría el Ministerio Público y reitera su respeto por las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales. Además, y como ha sido siempre la entidad está colaborando en la etapa indagatoria que se lleva a cabo y la cual es parte del proceso judicial vigente. BCR SAFI se alegra de que el proceso judicial esté avanzando y ha puesto a disposición de los órganos competentes todos los elementos requeridos para el buen desarrollo de la investigación"

Cuestionamientos

Desde su adquisición en el 2020, a la sociedad anónima 3-101-764316, con la que tuvo ligamen el exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales, esa inversión ha representado un dolor de cabeza para quienes tienen su dinero en ese negocio. Entre otras cosas, se han cuestionado los siguientes puntos tras la compra:

• No cuenta con un plan contra incendios avalado por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
• No tiene agua propia, las calles y aceras no tienen las medidas básicas de accesibilidad, los permisos sanitarios que tienen les impiden usar bodegas frías y de almacenamiento de materiales peligrosos, entre otros detalles.
• El último año la ocupación no llegó ni al 50%, por todas las limitaciones que tiene.
• Los rendimientos mostrados no son del agrado ni aceptación por parte de los inversionistas, según el Comité de Vigilancia.
• Dejó de percibir casi $2 millones al cierre del año pasado por los alquileres que no pudo cobrar.
• No cuenta con permiso del MOPT para acceso por ruta nacional.
• Salud ordenó el cierre de 7 bodegas a las que no se les renovó el permiso sanitario de funcionamiento.

A este caso se le asignó el expediente 21-000209-1218-PE para indagar si se pagó un sobreprecio sobre el terreno con bodegas, debido a que la SAFI desembolsó casi $71 millones y en el último avalúo presentado ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) se tasó su valor en $28 millones, tan solo cuatro años después de la adquisición.

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se sumó a la causa penal tras apersonarse, es decir comparecer o presentarse como actor involucrado en un asunto judicial o policial como representante del Estado.