Fiscalía afronta faltante de casi ₡340 millones para mantener y pagar a personal
El Ministerio Público (MP) ha afrontado en los últimos meses del año varias dificultades para el pago de remuneraciones y para mantener el personal suficiente que le permita hacer frente a la gran cantidad de causas judiciales que tramita.
Primero fue la negativa del Gobierno de Rodrigo Chaves de transferir el dinero ya presupuestado para decenas de nuevas plazas y, luego, el agotamiento del fondo destinado para nombrar a sustitutos de los funcionarios que salen por incapacidad o vacaciones.
De acuerdo con datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial (DGH), consultados por CR Hoy, sin cerrar el año 2025 y para el último trimestre, el monto del dinero faltante asciende a ₡337 millones, cifra que podría variar con el cierre del ejercicio presupuestario.
La mayor parte de la carencia está justamente en el dinero necesario para las suplencias. Solo en esta subpartida, el Ministerio Público registra un faltante de ₡278.937.414, según la proyección de gasto a la primera quincena de octubre, el dato más reciente facilitado por la Unidad Administrativa.
Este monto corresponde únicamente al pago base de suplencias; pero los salarios también pueden incluir otros componentes. Por eso, la cifra señalada no contempla ese faltante adicional, por lo que podría ser notoriamente mayor dependiendo de cada empleado que realice una suplencia.
Este medio reveló en primicia, el 17 de octubre anterior, que por segundo año consecutivo el Ministerio Público se quedó sin posibilidad de realizar nombramientos de suplentes durante los últimos dos meses del año debido a la falta de recursos.
Las jefaturas fueron informadas de que, a partir de ese día, no habría más suplencias. El Consejo Superior, máximo órgano administrativo del Poder Judicial, adoptó esta medida por la ausencia de dinero para pagar ese tipo de roles laborales.
Otros faltantes
La falta de dinero para sustituciones no es el único problema financiero que afronta la Fiscalía. De acuerdo con Gestión Humana, también faltan montos para cubrir los pagos de jornadas extraordinarias, así como otros rubros.
Concretamente, para cancelar a los funcionarios las horas extra laboradas, el Ministerio Público tiene un déficit de por lo menos ₡47.870.614; y, en el rubro de sueltos para cargos fijos, otro vacío de ₡11.155.754.
Gestión Humana es la encargada de realizar proyecciones para establecer el presupuesto requerido para cubrir el rubro de sustituciones en los diferentes programas del Poder Judicial, entre ellos el del MP. Tras estudios periódicos, ese mismo departamento ajusta las estimaciones.
Desde mitad del año, la DGH comunicó al MP que los recursos previstos resultarían insuficientes, por lo que, como plan de contingencia, se pidió limitar las sustituciones y varias plazas que correspondían a permisos con goce de salario.
La institución acató las medidas y dispuso que las oficinas afectadas continuaran las labores con recursos ordinarios para garantizar la continuidad de los servicios.
Posteriormente, luego de evaluar el posible impacto de los ajustes, la DGH determinó que el presupuesto asignado igualmente sería insuficiente para cubrir los rubros correspondientes, por lo que ordenó aplicar un segundo plan de contingencia que consistía en limitar las vacaciones del personal a un máximo de siete días. Una vez más, el MP acató.
Menos de un mes después, la Dirección comunicó que las proyecciones realizadas y las medidas adoptadas no dieron los resultados esperados.
Para la Fiscalía, lo presupuestado resultó insuficiente para hacer frente a la totalidad de las sustituciones, lo que genera un grave perjuicio para ese órgano, su personal y, en algunos casos, pone en riesgo la continuidad del servicio público que brinda.
La proyección y gestión de ese presupuesto está en manos de la DGH y, por ende, el MP no tiene injerencia en su manejo.
Todo esto llevó a la Fiscalía General a remitir un oficio a la Corte Plena y al Consejo Superior solicitando que se busquen mecanismos extraordinarios para reforzar el presupuesto y cubrir necesidades indispensables, como el disfrute de vacaciones y la sustitución en caso de incapacidad, ambos derechos laborales.
Adicionalmente, se instruyó a las jefaturas a maximizar el uso de los recursos disponibles y atender con prioridad las situaciones más urgentes, especialmente aquellas que involucran poblaciones vulnerables o privados de libertad.
También se coordinó que oficinas menos afectadas brinden apoyo a otras con mayores dificultades en su operatividad, y se dispuso que personal de la Unidad de Descongestionamiento colabore con esos despachos.
En entrevista con CR Hoy, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, había explicado que las reducciones de gastos y sustituciones a lo largo del año para tratar de ahorrar y extender los recursos, resultaron insuficientes.
"Una de las primeras medidas fue limitar unos permisos con goce de salario que teníamos atendiendo diferentes jurisdicciones, esta medida no fue suficiente. Posteriormente, nos pusieron otro correctivo que era no autorizar sustituciones por más de siete días de vacaciones (aunque una persona estuviera fuera por más tiempo).
Nosotros también lo acatamos, pero aun así el ahorro fue insuficiente para cubrir lo que falta el resto del año. Es ahí donde vino esta última medida que nos dice que tenemos que prácticamente no poder sustituir a nadie si va de vacaciones o si se incapacita, a excepción de las incapacidades por maternidad y paternidad", explicó el jefe del Ministerio Público.
Esta situación ha puesto a la Fiscalía contra las cuerdas, al punto de tener que limitar la autorización de vacaciones al no poder garantizar sustitutos, aunque esto genere molestia en el personal. El problema se agrava con las incapacidades, que no pueden preverse.
Díaz ha reiterado que la Fiscalía requiere más recursos para sustituir al personal que se incapacita o sale de vacaciones a lo largo del año, con el fin de evitar que se repita lo ocurrido en 2024 y 2025: la cancelación de cualquier sustitución por falta de presupuesto.
Negativa del Gobierno
A esto se suma que, pese a contar con presupuesto para nuevas plazas debido al aumento de la criminalidad, el Poder Ejecutivo decidió no transferir los fondos, limitando el margen de acción de las fiscalías y poniendo en riesgo el cierre técnico de algunos despachos.
El gobierno de Rodrigo Chaves se niega a transferir cerca de ₡6.000 millones destinados a reforzar el Ministerio Público y el OIJ, pese a estar aprobados en el presupuesto de 2025.
La falta de plazas afecta investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género. De los ₡9.346 millones presupuestados, solo se trasladó un tercio.
Una enmienda busca reasignar fondos en 2026 a nuevas plazas, infraestructura y equipo para fortalecer la Policía Judicial y la Fiscalía.
"La Asamblea Legislativa ha sido muy consciente de las necesidades del Ministerio Público, ha sido consciente de que la delincuencia ha aumentado, de que nuestro trabajo ha aumentado. También como aumentan por ejemplo la violencia el narcotráfico, los homicidios exponencialmente, así va a aumentar nuestro trabajo.
Antes cubríamos así 500 homicidios, ahora cubrimos 1000. Ahora cubrimos más organizaciones criminales, ustedes todas las semanas ven las las desarticulación de organizaciones criminales, esto significa más trabajo para el Ministerio Público. Nosotros atacamos más también corrupción, eso significa más trabajo para el Ministerio Público.
Los delitos también de carácter sexual han aumentado muchísimo y que fue esa precisamente la petición que hicimos a los señores diputados. Esto hace que requiramos más recursos, esa fue la petición específica que hicimos. La Asamblea dotó y lamentablemente el Ministerio de Hacienda nos limitó esos recursos", puntualizó Díaz.