Fiscalía acusa a alcaldesa de Santa Cruz por presunta recepción ilegal de ¢84 millones
Trámite para devengar plus por prohibición habría sido irregular
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a María Rosa López Gutiérrez, alcaldesa de Santa Cruz, por aparentemente recibir ¢84 millones –como parte de su salario- de manera ilícita.
Según informó la entidad, mediante un comunicado de prensa, la funcionaria recibió entre febrero de 2011 y mayo de 2015 de forma ilegal pagos por concepto del rubro salarial de prohibición (65% adicional al monto base). En esa oportunidad, López fungía como vicealcaldesa del municipio guanacasteco.
"Para que López recibiera ese porcentaje extra, el 16 de febrero del 2011, el entonces alcalde (Jorge Chavarría Carrillo) ordenó la inclusión de la funcionara como empleada del municipio y el pago por concepto de prohibición", subrayó el reporte de fiscalía.
La acusación se hizo por presuntos delitos de de enriquecimiento ilícito y legislación en provecho propio. Además, a Chavarría se le acusó por el aparente delito de influencia contra la hacienda pública.
"La acusada fue electa como alcaldesa y se mantiene en el puesto desde el 1 de mayo del 2016 a la fecha, período en el que ocurrió otro de los hechos acusados. Este se relaciona con un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el 28 de marzo del 2017", indicó la institución judicial.
En esta última fecha, el Concejo Municipal acordó contratar un abogado externo para que en la vía contenciosa administrativa anulara las gestiones administrativas que permitieron el pago aparentemente indebido de los ¢84 millones. Sin embargo, el 1 de abril de ese mismo año López emitió un acto que vetó al Consejo Municipal para la contratación del abogado.
Según la fiscalía, la ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública se debe comunicar la conclusión fiscal a la Procuraduría General de la República para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) o una acción civil resarcitoria (indemnización), con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado.
Ahora, la PGR tiene 13 días para presentar a la Fiscalía la querella y la acción civil. Una vez concluya ese plazo, la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José.