Fiscalía abre causa contra candidato chavista por presunto delito contra la Hacienda Pública

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a Juan Manuel Quesada Espinoza, candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. Así lo confirmó el Ministerio Público ante una consulta de CR Hoy.

La denuncia se relaciona con el uso —o el intento de uso— de fondos  del programa de reducción de agua no contabilizada y optimización de la eficacia energética (RANC-EE) para financiar procesos de reorganización institucional del AyA, un fin distinto al establecido para ese programa.

"En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, dentro de la causa 25-000421-1218-PE, investiga a dos personas de apellidos Mora Segura y Quesada Espinoza, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública", agregaron en el Ministerio Público.

La confirmación se da tras una denuncia penal presentada por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA), relacionada con el presunto uso indebido de fondos públicos durante la administración de Juan Manuel Quesada Espinoza en el AyA.

CR Hoy tiene copia del documento, en el cual se detalla que el sindicato acudió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

La denuncia fue interpuesta por Mario Rodríguez Bonilla, en su condición de secretario general del SITRAA, y se dirige contra:

– Juan Manuel Quesada Espinoza, quien fungió como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

– María Alejandra Mora Segura, quien ocupó el cargo de gerente general del AyA y actualmente es la directora de una Unidad Ejecutora de la institución.

– Otros posibles funcionarios del AyA que resulten responsables, incluidos quienes participaron en la custodia, trámite, ejecución o gestión de información relacionada con los fondos públicos vinculados al programa de reducción de agua no contabilizada y optimización de la eficiencia energética (proyecto RANC-EE).

Según el documento, la denuncia penal se interpone por hechos que podrían constituir presuntas conductas delictivas como:

• Desvío de fondos públicos.
• Incumplimiento de deberes.
• Malversación de fondos.
• Tráfico de influencias.
• Falsedad ideológica.
• Administración fraudulenta.
• Actos de corrupción y falta de probidad.

 Uso de fondos del proyecto

De acuerdo con el relato de los hechos, existirían indicios graves y concordantes de que Quesada Espinoza y Mora Segura, en sus calidades de presidente ejecutivo y gerente general del AyA, entre enero de 2024 y agosto de 2025, habrían ejecutado o permitido acciones irregulares relacionadas con el manejo de fondos públicos del proyecto RANC-EE.

Según la denuncia, los fondos habrían sido pagados —o se habría intentado su pago— al consorcio Aguas de Escazú GOTY S.A., sin que existieran contratos válidamente reformados, acuerdos de Junta Directiva ni documentos que justificaran el uso de los recursos del proyecto para procesos de reorganización institucional del AyA.

Versión del sindicato

Mario Rodríguez Bonilla explicó que el SITRAA detectó las presuntas irregularidades tras revisar actas y acuerdos públicos de la Junta Directiva del AyA.

"Una vez que nos enteramos, por medio de las minutas y acuerdos de Junta Directiva —que son públicos—, de que se estaba realizando una reorganización institucional durante la administración de Juan Manuel Quesada Espinoza, logramos detectar que en una de esas actas una de las personas que expone dicha reorganización indicó que, desde el inicio de esa administración, había sido contactada para que su consorcio elaborara una reorganización institucional", señaló.

Rodríguez indicó que, al investigar el origen de los fondos y la ausencia de un proceso formal de contratación, el sindicato concluyó que los recursos que se pretendían utilizar provenían de la Unidad Ejecutora del programa RANC-EE, que maneja fondos internacionales destinados a proyectos específicos de agua no contabilizada.

"Cuando empezamos a investigar de dónde salían los fondos y por qué se estaba realizando este trabajo sin que existiera una licitación, una contratación o una solicitud de pedido, encontramos que los recursos que se pretendían utilizar eran de la Unidad Ejecutora RANC-EE", afirmó.

El dirigente sindical aseguró que, tras las consultas realizadas por la Auditoría Interna y el sindicato, la administración decidió eliminar el proyecto de la reorganización.

"Cuando solicitamos a la administración que nos aclarara cómo se estaba pagando y qué se iba a hacer con la reorganización, y una vez que se enteraron de que tanto la Auditoría Interna, los sindicatos y la prensa estaban investigando y consultando sobre el tema de los pagos y la reorganización, la Junta Directiva, mediante un acuerdo que también es público, decidió eliminar la reorganización que se tenía en ese momento y dejarla en suspenso", agregó.

Ante ese escenario, el SITRAA explicó que recopiló actas, acuerdos y solicitudes de información pública, y trasladó el caso al Ministerio Público.

"Como organización sindical, recopilamos toda la información disponible, incluyendo las actas de la Junta Directiva, las solicitudes de información pública sobre los pagos y los acuerdos relacionados con la reorganización, y la trasladamos al Ministerio Público para que se investigue al señor Juan Manuel Quesada, a la señora María Alejandra Mora Segura y a otros funcionarios que participaron en este proceso, a fin de determinar si existió un uso incorrecto de fondos públicos, alguna actuación contraria al manejo adecuado de los recursos o un posible interés en favorecer a una empresa con un estudio de reorganización sin contar con el aval de la Junta Directiva, sin modificaciones contractuales válidas ni solicitudes de pedido, ni respaldo ante la Procuraduría", explicó.

Rodríguez añadió que la Dirección Jurídica del AyA concluyó que no era posible pagar una reorganización institucional con fondos de la Unidad Ejecutora RANC-EE.

"Posteriormente, tuvimos conocimiento de que la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicó que no es posible realizar pagos con fondos de la Unidad Ejecutora RANC-EE a favor del consorcio Aguas de Escazú GOTY S.A. por solicitudes relacionadas con esta reorganización.

A la fecha, en enero de 2026, desconocemos cómo se le pretende pagar a dicho consorcio: si el estudio se realizó sin costo o si eventualmente podría presentarse una demanda contra la institución para el pago del estudio de reorganización efectuado entre 2024 y 2025, el cual —según consta en actas de Junta Directiva— fue solicitado por el entonces presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada".

CR Hoy intentó en varias ocasiones contactar telefónicamente a Juan Manuel Quesada; sin embargo, el candidato a diputado no atendió las llamadas. Posteriormente, se le enviaron las consultas por medio de WhatsApp, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Este medio también solicitó una reacción al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debido a la denuncia presentada contra la actual funcionaria de la institución, María Alejandra Mora Segura. En la consulta se preguntó si el AyA ha iniciado algún proceso administrativo interno relacionado con los hechos denunciados.

Al respecto, la institución indicó:

"La institución no ha iniciado aún un proceso administrativo interno relacionado con los hechos denunciados. Con el cambio de jerarca, se abrió un período de análisis y revisión del caso para contar con toda la información necesaria. Posteriormente, la señora Mora fue destituida de su cargo (ahora es la directora de una Unidad Ejecutora de la institución)".

Desde el AyA también indicaron que, a la fecha, no han sido notificados por el Ministerio Público.