Caso Diamante en la cuerda floja: Renuncia de juez generó preocupación en Fiscalía

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• La Fiscalía se juega la validez de las intervenciones telefónicas del caso Diamante en una audiencia el 18 y 19 de marzo, tras la anulación de la declaratoria de crimen organizado.

• El juez Ricardo Alvarado anuló dos resoluciones por uso de "machotes" y luego renunció, lo que dejó en el aire pruebas clave y cambió el rumbo del expediente.

• Si el tribunal rechaza la apelación, gran parte de las pruebas quedaría sin efecto y, según penalistas, el caso Diamante podría "quedar muerto".

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La renuncia del juez del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, que descartó el caso Diamante como crimen organizado, genera preocupación en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) que el próximo mes tratará de salvar la investigación en las audiencias del 18 y 19 de marzo.

La declaratoria del juez Ricardo Alvarado Calderón a inicios del 2025 también invalidó gran cantidad de prueba recabada para el caso, como las escuchas telefónicas. 15 días después, renunció a su cargo.

Entre los argumentos del juez estuvieron que la Fiscalía utilizó en la acusación un machote de otro tema que no tenía ninguna relación y que trataba del asesinato de una mujer embarazada.

El caso Diamante se refiere a la investigación que surgió tras el caso Cochinilla, en el que se investigan presuntas irregularidades en contratos de obra pública otorgados a las empresas MECO y Hernán Solís por parte de municipalidades. En el 2021 se detuvo a 6 alcaldes municipales, se decomisaron celulares y prueba y se dictó prisión preventiva contra los sospechosos, medida que después fue cambiada.

Entre los investigados figuran Johnny Araya Monge, exalcalde de San José; Alfredo Córdoba Soro, exalcalde de San Carlos; Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago; Humberto Soto Herrera, exalcalde de Alajuela; Alberto Cole De León, exalcalde de Osa; y Arnoldo Barahona Cortés, exalcalde de Escazú.

Las jefaturas del Ministerio Público admiten preocupación por este  hecho y otros ocurridos durante el trámite.

CR Hoy conoció la salida del funcionario y consultó a la Fiscalía si este y otros hechos en distintas instancias judiciales generan dudas sobre la tramitación de la causa. La renuncia se dio tras firmar el fallo que cambió el rumbo del expediente.

"Genera preocupación en el sentido de que el Ministerio Público efectivamente ha instado, ha realizado gestiones, ha presentado inclusive hasta pronto despachos, ha hecho todo lo humanamente posible para que esta causa pueda efectivamente avanzar.

Sin embargo, sí, ciertamente nos hemos encontrado con una serie de limitaciones que obviamente nos llaman la atención en virtud de que nosotros queremos que esta causa efectivamente avance y pese a los esfuerzos del Ministerio Público no hemos logrado que se dé ese avance como nosotros hemos y desearíamos", explicó Tatiana García, fiscala adjunta de Fapta.

Resolución clave en el caso Diamante

Alvarado Calderón resolvió, a inicios de 2025, anular dos resoluciones que colocaban el caso Diamante bajo el procedimiento especial de crimen organizado.

El fallo acogió apelaciones presentadas por defensores de los imputados y dejó sin efecto la declaratoria que permitía tramitar el expediente como una red delictiva en la función pública. Además, limitó el uso de herramientas como las intervenciones telefónicas.

El juez ordenó devolver el expediente al juzgado de origen. Señaló que la jueza Juliana Cristina Jiménez Alpízar, del Juzgado Penal de Hacienda, y la Fiscalía utilizaron un machote de otro proceso.

Según el voto, Jiménez Alpízar acogió el 28 de diciembre de 2020 la solicitud de la fiscal Johanna Rodríguez Acosta para ordenar la declaratoria de procedimiento especial mediante dos resoluciones con la misma hora y fecha de emisión, aunque con fundamentaciones distintas.

Esto motivó a las defensas a solicitar la ineficacia de la actuación, al alegar falta de fundamentación y uso de "machotes" en las resoluciones.

Alvarado indicó que se incorporaron párrafos de otros expedientes sin relación con el caso Diamante para justificar la declaratoria de crimen organizado.

Ante la ausencia de vínculo con esos procesos, los abogados alertaron sobre el uso indebido de modelos para justificar la decisión, lo que habría incorporado argumentos ajenos a los hechos investigados.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que una de las resoluciones sí estaba debidamente fundamentada y que debía considerarse válida para mantener la declaratoria de crimen organizado en el caso Diamante.

Apelación para intentar revertir el fallo

Con ese argumento, Fapta apeló la resolución. La audiencia se realizará en el Tribunal Penal de Hacienda, donde la Fiscalía buscará revertir la decisión.

El Ministerio Público alegó que el fallo le causa agravio porque impide continuar con el proceso. Por ello expondrá sus fundamentos ante el órgano jurisdiccional superior.

"Esa audiencia es precisamente para conocer un recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público con el fin de saber cuál va a ser la validez con respecto a esta prueba.

Es entrar a conocer que nosotros no compartimos los argumentos que fueron expuestos en aquel momento por parte del Juzgado Penal. Recurrimos a esta otra instancia por parte del tribunal como por medio del recurso de apelación esperando a ver qué es lo que se va a resolver por parte de este de este tribunal y a partir de ahí tomar las decisiones con respecto al caso", recalcó García.

Defensas descartan una reversión

Los abogados defensores consideran inviable la apelación. Sostienen que no existe norma que permita mantener la teoría planteada por el Ministerio Público.

"Esperamos que eventualmente el juez de apelación conozca sobre este recurso y determine que efectivamente el mismo no cumple con los presupuestos mínimos para ser conocido por el fondo y por la forma sea rechazado de plano.

Alfonso Ruiz, abogado del exalcalde de San José, afirmó que el Ministerio Público expresó su agravio en la resolución, pero las defensas objetaron la forma en que lo planteó. No adelantó detalles por tratarse de un asunto que se discutirá en audiencia.

"Estamos esperando a que el próximo 18 y 19 de marzo se conozca si validan lo que el señor juez penal ordenó o se considera que la resolución deba ser dictada por otro juez penal por algún error o fallo en la resolución oral que este dictó, las defensas estamos esperando ese momento procesal para poder exponer los motivos por los cuales el Ministerio Público no lleva razón en su recurso", indicó.

¿Qué pasará si no admiten las intervenciones?

Si el tribunal rechaza la apelación, el caso Diamante quedaría en una situación crítica. El juez también ordenó dejar sin efecto las pruebas derivadas de las intervenciones: detenciones, allanamientos, evidencias incautadas, indagatorias, medidas cautelares y suspensiones de cargo.

Esto reduciría de forma considerable los elementos probatorios disponibles para sostener la hipótesis de una red de corrupción articulada entre funcionarios municipales y empleados de las empresas constructoras.

Por ello, Fapta analizará el resultado de la audiencia para definir si activa un plan alterno que evite la impunidad.

"Consideramos que existen fuertes argumentos por parte de la de la Fiscalía y esperamos que los mismos sean compartidos eventualmente por parte del tribunal, tenemos que esperar a ver qué se va a resolver y dependiendo de ello tenemos que hacer un análisis objetivo de toda la prueba que consta en el en el expediente",  detalló García.

Para Rodrigo Araya, abogado penalista, la Fiscalía se juega el todo por el todo en esta audiencia. Si el tribunal no acoge sus argumentos, el caso Diamante "quedaría muerto".

"Cualquier plan B que tengan no se les va a sostener, porque esa era la prueba de la cual se derivaría toda la eventual la teoría del caso y si se les dicta sin lugar la apelación, por más plan que quieran utilizar, jamás van a tener esa posibilidad. Creo firmemente que se juegan el todo por el todo, si les declaran con lugar el caso revive si la rechazan eso va a quedar muerto para siempre, no lo van a poder salvar, es muy difícil".

Tramitar causas independientes

El abogado del exalcalde de Escazú sostiene que el caso Diamante debió tramitarse desde el inicio como causas independientes. A su criterio, no existía una estructura criminal ni comunicación entre alcaldes de distintas municipalidades.

El defensor afirmó que deben separarse las causas y tramitarlas de forma independiente, ya que —según dijo— no existe forma de revivir la prueba obtenida de los dispositivos electrónicos decomisados.

"Esta fue una investigación que nació muerta", concluyó.